Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a dirigirse al Gobierno del Estado español, a través de una nueva carta a la ministra de Trabajo, para insistir en la urgente necesidad de cerrar inmediatamente todos los centros de trabajo y unidades productivas que no sean fundamentales para la salud y la vida de las personas durante los días que dure el estado de alarma originado por el riesgo de contagio por “coronavirus”.
Las organizaciones y colectivos Confederación Intersindical, COBAS, CGT, Ecologistas en Acción y Coordinación Baladre ante la grave situación que estamos atravesando y las consecuencias que ello puede tener para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general, queremos trasladar una serie de medidas que entendemos deben ser puestas en marcha por el Gobierno de forma urgente e ineludible para mitigar el sufrimiento de las personas:
Es de extrema necesidad, que las personas que se ven obligadas a ir a su puesto de trabajo lo hagan bajo las más rigurosas medidas de seguridad, protección y prevención en todas las instalaciones y puestos de trabajo de la empresa.
Por ello exigimos las siguientes medidas :
● Garantizar la distancia de seguridad (mínimo de 2 metros) entre trabajadores / as en los lugares de trabajo, comedores, vestuarios, autocares, … Así como en aquellos lugares donde se atiende clientes o proveedores se garantice la distancia de seguridad y se prohíba la acumulación de personal si son espacios cerrados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) mediante este comunicado muestra su preocupación por la falta de protección que se mantiene en centros de trabajo altamente masificados, tras la lectura del Real Decreto publicado la noche de ayer donde por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19.
La pandemia del coronavirus COVID-19 no puede ser una excusa para que otra vez, Gobierno y Patronal, carguen sobre los hombros de la clase trabajadora las consecuencias de esta crisis. Es más, desde CGT exigimos al Gobierno que esta situación no solo no suponga perdida en derechos, si no que entendemos que deben seguirse dando pasos para desmontar las dos últimas reformas laborales.
Estamos en una situación que afecta a la salud de las personas y donde ya empezamos a ver las consecuencias de los recortes en sanidad producidos en los últimos años y que ahora se traducen en falta de medios humanos y materiales para hacer frente al problema. Ese irrefrenable impulso de nuestros políticos por privatizar la sanidad pública nos está pasando factura, y las consecuencias en algunos casos van a ser fatales.
Hace 10 meses, en la tramitación de los presupuestos de 2018, el PSOE rechazó una enmienda registrada por el PP para modificar la Ley General de la Seguridad Social 8/2015, de 30 de octubre, que pretendía desvincular el mínimo de estas prestaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Hace 2 meses el actual Gobierno en funciones, promulgó el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y en la Disposición Final segunda Seis, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo decretaba que : «La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo.»
La Organización Internacional del Trabajo denuncia que en todo el mundo más de 313 millones de personas trabajadoras sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo a diario.
Cada día 6.400 personas mueren a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir 2,3 millones de muertes cada año. Estas muertes, accidentes y enfermedades son asumidas por la sociedad como algo normal, intrínseco a la actividad laboral. Trataremos de explicar con las personas participantes de este debate cuáles son las verdaderas causas de esta lacra del sistema capitalista y cuáles deben ser las acciones para acabar con ella.
QUÉ HACER SI TE HACES MAL EN EL TRABAJO, VAS A BOTIQUÍN O SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA Y te mandan a CASA CON «PERMISO RETRIBUIDO».
Desde CGT hemos detectado que estos casos se vienen produciendo muy frecuentemente. Pongamos un ejemplo: ¿Estás en tu puesto de trabajo y sufres un tirón en el hombro al hacer un movimiento. Pides a tu encargado que te deje ir al Servicio Médico oa la botiquín, este te hace un papel para que puedas ir (GUARDA UNA COPIA). Una vez en el botiquín, te atienden y te ponen una pomada para que se t’alleugi el dolor, finalmente te dicen que te vayas tres días en casa para descansar con un PERMISO PAGADO, sin baja médica.
En 2002, dos años después que en el resto de la UE, el Gobierno español formalizó la prohibición de la producción y la comercialización de productos hechos con amianto. Tres lustros después, la huella de este material blanquecino es bien oscura.
Anualmente, más de 2.000 personas mueren al Estado como consecuencia de haber estado en contacto y la cifra total de víctimas seguirá incrementándose en las próximas décadas.
Con la antigua Uralita, durante medio siglo controlada por la familia March, como máximo exponente, la del amianto es una historia de abusos empresariales, facilitada por la connivencia de la Administración. Y, como siempre, con unas víctimas inocentes que, demasiado a menudo, se han dejado la vida.
458.023 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en 2015, en 2016 fueron 480.051 . La siniestralidad laboral va en aumento en España. Lo hace desde 2012, cuando se detuvo un descenso de las cifras de accidentes laborales que había comenzado 12 años antes y que había rebajado los índices a la mitad.
Es la precarización de las condiciones de trabajo la causa del aumento. Durante el mes de enero de 2017, se produjeron 41.901 accidentes de trabajo con baja, de los que 36.272 se produjeron durante la jornada laboral. Si comparamos estos datos con los registrados en enero de 2016, podemos afirmar que 2017 ha arrancado con un aumento de la siniestralidad laboral, puesto que los accidentes con baja se han incrementado un 14% .
En 2016 los “accidentes” de trabajo con resultado de muerte en la CAV se elevaron a 40, lo que supone 7 fallecidos más (+21,2%) que en 2015, según datos de Osalan. En Nafarroa fueron un total de 9 “accidentes” con víctimas mortales, 2 menos que en 2015 según datos de siniestralidad laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y en España murieron en “accidentes” laborales 607 personas de manera oficial. En lo que llevamos de año ya se han registrado otras 22 personas fallecidas en Euskal Herria.
Euskadi registró en 2016 un total de 33.341 accidentes laborales con baja lo que supone un aumento del 4,6 por ciento respecto al año anterior. Los “accidentes” ocurridos en la jornada laboral fueron 28.090 (+5,4%) y los contabilizados ‘in itinere’ a 3.512 (-1,9%) y en Nafarroa se contabilizaron 8.403 nuevos siniestros con baja, de los cuales 7.572 ocurrieron durante la jornada laboral y 831 fueron in itinere.
Los crímenes de empresa o lesiones por la actividad laboral, se describen en un lenguaje anestésico como “accidentes laborales“. Uno de los problemas que surgen al hablar de los crímenes corporativos es que casi nunca se nos invita a pensar en las actividades criminales de las corporaciones o las empresas como verdaderos crímenes.
¿De qué salud laboral hablamos en estos tiempos laborales y sociales, precarios y de basura?
El modelo de relaciones laborales del estado español, está enfermo de neoliberalismo y ausente de derechos fundamentales. Desde el gran pacto social del 77 (Pactos de la Moncloa), hemos asistido a la voladura de unas relaciones laborales e industriales, basadas en un equilibrio entre el capital y el trabajo, hasta situar el modelo social (toda relación salarial es una relación social), como un modelo precario, inseguro y de imposible proyecto de futuro para una vida digna de la mayoría social, las personas asalariadas.
La reforma del PSOE en el 84/85, se cargo el contrato estable y fijo, como el único contrato ordinario en el derecho laboral. Se crearon hasta 14 modalidades de contratos temporales y se terminó con la relación estable entre la persona asalariada y su empleo.
