La apisonadora parlamentaria de los principales partidos prorégimen y prosistema servirá para aprobar un tratado entre Canadá y la Unión Europea que favorece los intereses de las grandes multinacionales, reduce el poder de los Estados frente a ellas y somete a los ciudadanos y la clase trabajadora a una nueva ola neoliberal de pérdida de derechos.
El pleno del Congreso de los Diputados vivirá este jueves un proceso de votación particular. Primero decidirá si aprueba o no el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y después votará si lo envía o no al Tribunal Constitucional para que determine si el tratado cumple o no la constitucionalidad.
Un proceso extraño para muchos de los detractores del acuerdo, que consideran que el orden de votación debería ser contrario al que se va a llevar a cabo. “Primero debería ser la Justicia quien determinara si el CETA cumple o no con la legalidad, y días después el Congreso quien votara su aprobación o rechazo”, aseguran varias organizaciones como No al TTIP.
Sin embargo, la Mesa del Congreso ya ha determinado el orden y será, precisamente, lo primero que se vote mañana en el hemiciclo. A las nueve de la mañana, los partidos políticos están llamados a posicionarse sobre un controvertido acuerdo que probablemente no hayan leído muchos diputados. Son más de 1.700 páginas de información técnica.