La cuestión de los presos y presas políticas es una de las más sensibles en Palestina −un país donde el 21% de la población ha estado o está en la cárcel.
El 17 de abril, Día Internacional de las y los Presos Políticos Palestinos, más de 1.500 prisioneros iniciaron una huelga de hambre colectiva. Se trata de la medida más numerosa y plural llevada adelante en las cárceles de la ocupación colonial israelí en muchos años, y ha recibido la adhesión de todos los partidos políticos palestinos: nacionalistas, marxistas e islamistas.
Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, los presos no piden otra cosa que respetar sus derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Por un lado, exigen cambios en las condiciones de reclusión: acceso a lectura y estudios universitarios, dos visitas mensuales de una hora de duración (actualmente es una sola de 45 minutos), condiciones humanas en los traslados, atención médica adecuada y liberación de enfermos terminales o discapacitados; y por otro, poner fin a las inhumanas políticas de detención: la tortura, el régimen de aislamiento prolongado, la detención ‘administrativa’ (sin juicio y por tiempo indefinido) y el traslado de los detenidos a Israel −en violación de la IV Convención de Ginebra−, lo que dificulta severamente las posibilidades de visitas familiares.
Según la organización Addmir, hay unos 6.300 presos y presas, incluyendo 500 en detención ‘administrativa’, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos 1.000 tienen prohibido recibir visitas por “motivos de seguridad” (sobre todo los de Gaza), y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. En 50 años desde la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, más de 800.000 personas han sido detenidas por Israel, lo que equivale al 40 por ciento de la población masculina palestina.
