Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
[wpdevart_youtube]KUTQC_ROsoY[/wpdevart_youtube]
Primer programa del espacio dedicado a la revista trimestral Libre Pensamiento de la CGT.
Intervienen en este programa:
* Laura Vicente, historiadora
* Francisco Marcellan, Catedratico de la Universidad Carlos III de Madrid
* José ängel Moreno, de Economistas sin Fronteras
* Tomas Ibáñez, Movimiento Libertario
* Presenta: Jacinto Ceacero
En un Estado en el que la clase política otorga medallas a imágenes de madera y escayola, no podíamos esperar menos de la actitud que los tribunales de in-justicia han tomado contra las tres mujeres del Aquelarre Feminista de Sevilla, en relación a la procesión del Coño Insumiso.
Tres años después de la procesión del Coño Insumiso durante el 1º de Mayo de 2014, la justicia sigue persiguiendo a un colectivo feminista por trasladar sus reivindicaciones ideológicas a la calle, en una jornada de protesta y lucha obrera. Y lo hace reabriendo la causa contra ellas alegando que “bajo la libertad de expresión no se puede dar cobijo a conductas de ofensa, burla o menosprecio, amenazas e insultos contra personas o grupos o miembros de una confesión religiosa”.
Después de un segundo semestre de 2016 en el que la lucha por un convenio digno de Contact Center (telemarketing) alcanzó su cénit con las movilizaciones conjuntas de todos los sindicatos de la mesa negociadora (CGT, CCOO, UGT y CiG), los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, decidieron dar un giro brusco a su estrategia. Este proceso ha culminado hoy en la firma de un preacuerdo oculto al resto de la parte social que, por la última oferta a la que CGT ha tenido acceso, supone una renuncia a todas las reivindicaciones de aquella lucha y mantiene intacta la columna vertebral de la precariedad del sector.
Desde la ínfima subida salarial, que supone un nuevo convenio colectivo con pérdida de poder adquisitivo hasta la renuncia a anular los artículos que permiten despidos por debajo de las condiciones del Estatuto de los Trabajadores y niega el derecho a la subrogación en caso de cambio de empresa, así como la perpetuación de las jornadas parciales y el pluriempleo como única forma de obtener un salario aceptable, la generalización de los contratos basura, etc., todo es un rosario de claudicaciones respecto a lo sostenido apenas hace tres meses.
Euskal Herriko CGT-LKN sindikatuak Korrika babesten du euskararen aldeko ekintza kolektibo eta sozial gisa eta sindikatuan afiliatutako pertsonei horretan parte hartzeko deia luzatzen die.
Euskararen ezagutza bultzatzearen eta horren erabilera praktikoa Euskal Herrian orokortzea sustatzearen alde kokatzen dugu gure burua, baita AEKren euskaltegi sareentzako diru bilketa babestearekin ere.
Aurtengo hitzorduaren leloa Batzuk da, hau da, «hizkuntzak, kulturak eta bizimoduen aniztasunaren erakusgarria»; horrek guztioi euskarara eta «hizkuntzen eta hiztunon berdintasunaren aldeko jaira» hurbiltzeko «bat» eta «zuk» hitzen arteko hitz-jokoa sortzen duelarik.
La CGT-LKN apoya la Korrika como un acto colectivo y social de difusión del euskera y llama a la afiliación a participar en la misma.
Nos definimos partidarios de impulsar el conocimiento y fomentar la generalización del uso práctico del Euskera en toda Euskalherria, además de apoyar la recaudación fondos para la red de euskaltegis de AEK.
El lema elegido este año por la organización es Batzuk, como “símbolo de la diversidad de las lenguas, culturas y maneras de vivir”, con un juego de palabras entre bat (uno/a) y zuk (tú) para invitar a todos a acercarse al euskera “y a la fiesta por la igualdad de las lenguas y sus hablantes”.
La CGT solicitó en 2014 el establecimiento de coeficientes reductores en la edad de jubilación para las personas trabajadoras que han estado o están en contacto con el amianto así como en el sector del hierro colado conforme a la ley General de la Seguridad Social a través del RD 1698/2011 que así lo permite.
Todo ello, teniendo en cuenta que son actividades laborales con un índice muy elevado de enfermedades (profesionales o no) y de mortalidad, así mismo son sectores donde los requerimientos físicos y psíquicos exigidos para su desempeño, resultan de excepcional penosidad y experimentan un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, tal y como acreditó la CGT en sus escritos de solicitud.
Se ha de señalar como punto previo que desde la entrada en vigor del RD 1698/2011 que establece el procedimiento para adelantar la edad de jubilación en sectores con un especial índice de mortalidad y morbilidad, no se ha aprobado ninguno, con lo que el citado RD está siendo papel mojado.
Convocada por Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y apoyada por diversos colectivos sociales y sindicales, esta manifestación tiene como objetivo exigir al Gobierno Vasco, el cumplimiento de la Ley de 2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se vincula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otras prestaciones sociales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser un derecho subjetivo, fruto de la movilización social.
Según estudios del propio Gobierno Vasco en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes; tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a esta política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna.
Presentado por Juan Antonio Gómez Liébana (Coood.).
La transparencia de este ensayo se refleja ya desde su título. Aunque no se haya colgado semejante cartel en hospitales y centros de salud, cuando se habla de “gestión clínica”, “modernización”, “colaboración público-privada” o “externalización”, se entrevé que la sanidad pública está en venta; pero solo aquellas partes rentables, que pueden satisfacer los intereses económicos de las empresas del sector.
Desde el sistema de citas médicas hasta las bolsas de sangre, pasando por los propios datos clínicos o enfermedades, pueden ser un negocio. Y va más allá, porque con el sistema de gestión clínica se responsabiliza a los propios profesionales médicos de la reducción del gasto a cambio de suculentos incentivos, en algunos casos de hasta 40.000 euros anuales. “Las consecuencias, dramáticas, son bien perceptibles en materia de incrementos en la mortalidad y en la presencia de determinadas enfermedades, de desnutrición, de suicidios o de abandono de los ancianos”, recuerda Carlos Taibo en el prólogo.
Los autores conocen de primera mano las cifras y estrategias de la privatización y su repercusión, pero también han formado parte de las luchas por la salud. Así, este libro recoge las experiencias de aquellos profesionales comprometidos que han buscado alternativas, tanto en las diferentes comunidades españolas, como en Grecia o Francia. Van más allá de la defensa de un sistema sanitario universal y de calidad ya que no hay salud colectiva sin la democratización real del sistema en su conjunto y, por supuesto, sin una actuación decidida sobre los “productores de enfermedad
A partir de los años 70, en este capitalismo liberal, se lleva a cabo la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad, a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, para ser convertidos en negocio.
La Unión €uropea liberalizó el mercado de los servicios y no reconoce claramente los servicios que son de interés general, no comerciales.
Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc…), amplifican la liberalización en base a tres premisas fundamentales: la desregulación, la eliminación de cualquier límite al “libre comercio” (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc…) y la priorización de seguridad jurídica del inversor por encima de cualquier norma y derecho de los estados.
En el estado español, con los gobiernos del PSOE (años 80 y 90) y, a posteriori, (años 90 y 2000) con los gobiernos del PP, se entregaron al mercado privado la mayoría de las Empresas Públicas (Astilleros, Aluminio, Hierro, Automoción, Turismo, Autopistas, Electrónica, papel,) y se externalizaron Servicios Públicos que son esenciales para la Vida: Energía (petróleo, electricidad, gas….), Comunicación, Transportes por tierra mar y aire, conciertos sanitarios o educativos, etc…
El Gobierno de Mariano Rajoy continúa allanando el camino al polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes día 24 de Marzo su remisión a las Cortes Generales para que Congreso y Senado puedan someter a votación el texto durante las próximas semanas.
Las declaraciones de su portavoz, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hacen pensar que el Gobierno mantendrá este rumbo, recordando que supondrá la eliminación del 98% de los aranceles al comercio entre la UE y Canadá. “El Gobierno de España es favorable a su ratificación”, insistía.
Sin embargo, y como suele ser habitual en los portavoces del Ejecutivo, Méndez de Vigo ha obviado los riesgos del criticado acuerdo, y tampoco ha aportado cifras o datos que sustenten el mensaje de que su entrada en vigor será efectivamente positiva para los europeos.
Es lo que exigieron numerosos colectivos en una concentración en Madrid, ante la supuesta derogación de la «Ley Mordaza» en el congreso, en el segundo aniversario su aprobación. Han sido dos años de acción policial desmedido, arbitrariedades impensables, la represión pura y dura de las acciones más elementales y básicas. Dos años con la mordaza amenazante, dos años con las represión más próxima y un estado autoritario reforzado por este siniestro paquete de leyes, más propias del fascismo que de un gobierno que se dice democrático.
Consideran que es absolutamente desmedido, que en un estado de derecho, -según nos dicen-, existan unas leyes para limitar las libertades, conocidas como de seguridad ciudadana, estén emparejadas con la modificación y ampliación del código penal. ¿En que cabeza cabe criminalizar la libertad de expresión? es absurdo, puesto que si se impide expresar las ideas, realizar asambleas en las plazas de nuestra ciudad, manifestaciones justas ante los edificios públicos que estén obrando injustamente con su gente, se estará vulnerando derechos fundamentales, y sin estos derechos Consideran, no es posible pensar que estamos viviendo, en democracia.”
Hemos asistido el jueves día 23, al último acto del teatrillo que vienen montando CCOO-UGT. Finalmente, UGT ha adoptado las posiciones de CCOO y también se “baja los pantalones”, por decirlo gráficamente.
La propuesta conjunta de CCOO-UGT ha sido la siguiente: GARANTIZAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO. Concretamos su propuesta: 2015 incremento del 0%, 2016 incremento del 0%, 2017 incremento del 1,6% (que es el IPC vencido del año anterior), y para los años 2018 (IPC del año 2017) y 2019 (IPC del año 2018). Y sin concretar que aceptarían… “algo más”.
Es decir, que seremos los trabajadores y las trabajadoras del Telemarketing quienes adelantaremos ese dinero a las empresas con nuevos esfuerzos, ya que no pretenden ni tan siquiera que cada año se cobre, con efecto retroactivo, el IPC real de cada uno de los años. Por ejemplo, en 2017 llevamos acumulado un IPC del 3% y la subida propuesta es 1,6%, por tanto si a final de año se mantiene ese 3% de IPC, habremos perdido un 1,4% de poder adquisitivo. Por lo demás, tod@s l@s trabajador@s que abandonen las empresas perderán el IPC ya que no existirán reajustes a final de año ni pagos de atrasos de ningún tipo. Una vergüenza.
El jueves 23 de marzo nueve sindicatos – CGT, CC.OO., UGT, , ACB, CIC, ELA, LAB, SCAT y SEC- han convocado concentraciones ante las siete delegaciones territoriales de la entidad financiera, con la consigna “No más despidos. No hay razones”, para los 50 despidos –en forma de “goteo”- en los últimos meses, por lo que el banco considera “baja productividad, intencionada y voluntaria”.
Además 600 personas figuran en listas de “bajo desempeño” que ocultan una estrategia para infundir el miedo al despido. En esta lista figuran a criterio de los directivos, los que “no venden, no acepta los traslados que se le ofrecen, no asisten a las reuniones por la tarde fuera del horario laboral”.
En junio de 2016 fueron despedidos 14 trabajadores de manera deliberada (dos de cada dirección territorial), el mismo día y a la misma hora, sin causa que lo justificara. A ello se añaden otros 28 trabajadores despedidos entre noviembre y diciembre en los Servicios Centrales.
[wpdevart_youtube]x8fcM-tB6jU[/wpdevart_youtube]
La Confederación General del Trabajo afirma que el fallo judicial establece, en referencia a los contratos de duración determinada, que los y las trabajadoras temporales no pueden ser discriminadas respecto a las fijas siempre y cuando las situaciones sean comparables.
Las consecuencias de esta doctrina sentada por el Tribunal europeo podrían afectar en el Estado español a cerca de 300.000 interinas y a cuatro millones de trabajadoras temporales.
Con el objetivo de informar sobre todo ello, Raúl Maíllo, abogado del Gabinete Jurídico Confederal de CGT y Desiderio Martín, Secretario de Formación de CGT abordaron la cuestión con una charla abierta al público el lunes 13 de marzo en el Saló de Graus de la Facultat de Psicologia de València».
El domingo 26 de marzo se cumplen dos años desde que se aprobaron las Leyes Mordaza. Dos años desde que nuestros derechos y libertades fueron recortados apoyándose en justificaciones falsas. Pero nosotras seguiremos luchando para lograr que las Leyes Mordaza sean derogadas y en base a una legislación garantista que respete los derechos de todas. No queremos ni Leyes Mordazas maquilladas, Ni Leyes de la patada con mordazas.
El Partido Popular en minoría ha sufrido el martes una nueva derrota en el Congreso con la votación de sendas proposiciones de ley para reformar la «Ley Mordaza». Por tarde se votaban dos iniciativas y las dos han salido adelante. La primera del PSOE consideraba imprescindible eliminar de la ley todos aquellos aspectos que considera inconstitucionales.
Por la derogación de la LOMCE, por el incremento presupuestario destinado a la educación pública, por conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.
Las plantillas de educación pública de la CAPV deben aumentar al menos en 2.000 personas. La temporalidad media de casi el 40% (38% en el personal docente, %57 en las Haurreskolas, 58% en Educación Especial y 63% en Cocinas y Limpieza) debe reducirse al 6%.. El número de alumnas y alumnos por clase debe reducirse un 10%. Se debe recuperar el poder adquisitivo del personal de educación. Que las sustituciones se realicen desde el primer día. Hay que recuperar las medidas que facilitan y acompañan la jubilación.
Para llevar adelante estas propuestas y garantizar una educación pública de calidad es imprescindible incrementar la totalmente insuficiente inversión pública en educación. Los recortes del gasto en los presupuestos de educación ( 2.662 millones en los presupuestos del 2017, 162 millones menos que en el año 2009) apenas afectó a los conciertos con la enseñanza privada y concertada, en su mayoría colegios religiosos, que no tuvieron merma de las subvenciones. En España la enseñanza concertada es de 30% y en Euskadi del 50% y disfruta del mejor convenio de todo el estado.
