El TTIP ( Tratado transatlántico de libre comercio e inversión), se está negociando en secreto entre las élites políticas de EE.UU., la UE y las grandes empresas multinacionales, a espalda de la ciudadanía. Su objetivo real es desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, etc., para conseguir más beneficios.
La filosofía del TTIP considera que la “libertad de movimiento de los capitales, así como la libre competencia” es una libertad fundamental (mercado libre) de mayor rango que la “libertad de negociación, huelga y convenios. De firmarse el TTIP se dará una “armonización” de la regulación laboral, la igualación a la baja. En Estados Unidos los derechos laborales brillan por su ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados.
Tal es el interés de las multinacionales por el sector servicios que paralelamente al TTIP se negocia otro acuerdo, el TISA, que forma parte del mismo paquete. Trata de reactivar las negociaciones para la liberalización de los servicios. Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Por tanto, la táctica será ir desgajando áreas de los servicios públicos para su paulatina privatización. Al final, nos quedaremos con unos servicios públicos, denominados así por su financiación, pero gestionados en sus diferentes áreas por empresas privadas. Además, en los concursos públicos no podrán incluirse cláusulas que primen la compra de productos locales o la actividad de pymes locales.