La plataforma contra la criminalizacón social se ha concentrado ante la sede del PP en protesta por la aprobación definitiva en el Congreso, con los únicos votos a favor del Partido Popular, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.
La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada por parte de colectivos sociales y de juristas, que han visto en la normativa impulsada desde el Partido Popular una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático.
Más de 70 colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito han denunciado el peligro que esta normativa supone para la democracia. A ellos se han sumado los relatores especiales de la ONU, que se han dirigido al Gobierno español para señalar las violaciones de los derechos de expresión y manifestación.