En menos de una semana fallece otra persona trabajadora de Barakaldo ►En esta tarde de miércoles colectivos sociales y sindicales
Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
Desde la CGT hemos tenido que denunciar a la propia administración, que ha hecho una lectura retorcida de la ley sin justificación de ningún tipo. Al contrario de lo establecido en el RD 1698/2011, la administración interpretaba que las solicitudes para el inicio de los expedientes debía ser conjunta entre sindicatos y patronal. Esto suponía, de facto, dar un cerrojazo para que no se iniciara ningún expediente más. Sin embargo, la ley no indica en ningún apartado que dicha solicitud deba ser conjunta entre empresarios y sindicatos, y así lo ha hecho prevalecer la CGT en los juzgados. Desde la reciente sentencia ganada por parte del Gabinete Jurídico Confederal, podremos iniciar la petición administrativa y dar los pasos adecuados para forzar el cumplimiento de esta norma sin tener que contar con el acuerdo con los empresarios.
Desde CGT llamamos a participar, junto a las organizaciones convocantes de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades, a esta movilización conjunta y descentralizada en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende aplicar el IPC medio anual en la revalorización de las pensiones, y no el IPC real, reduciendo así el poder adquisitivo y precarizando aún mas a todas las personas pensionistas en situación de vulneración social, y avanzando hacia la privatización de las pensiones, cuando las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. A continuación reproducimos el manifiesto.
Queremos denunciar que tras todas estas acusaciones, lo que se esconde es un intento de criminalizar la lucha de la clase trabajadora, criminalizar el sindicalismo, criminalizar el derecho a la huelga, en definitiva, criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas.
Este intento de criminalización no es casual, es consecuencia de una decisión política. Esta decisión ha venido de la mano de las instituciones, especialmente, del Gobierno Vasco. En todos los conflictos, la primera aportación del Gobierno Vasco ha sido mandar a la Ertzaintza a reprimir protestas, apaleando, deteniendo bajo falsas acusaciones y aplicando la Ley Mordaza a numerosos trabajadores y trabajadoras. El Gobierno Vasco debería priorizar el tener una mayor aportación e implicación para que en las mesas de negociación haya un equilibrio real entre ambas partes.
La ILP, tiene los siguientes puntos fundamentales: