Esta mañana diferentes agentes sociales y sindicales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao bajo el lema “En defensa de los derechos sociales. Murrizketarik Ez!”.
Los políticos que gestionan las principales instituciones de la CAPV han decidido atacar a determinados colectivos de inmigrantes y criminalizar a las personas perceptoras de las prestaciones sociales para justificar sus actuales políticas de recortes.
Mirando, de paso, hacia otro lado en lo relativo al elevado fraude fiscal: 2.000 millones de euros anuales en la CAPV; y sin poner el foco, y el acento, en unos presupuestos que no garantizan unos servicios sociales básicos públicos y de calidad.



Con esta concentración se trata de enviar al Banco un mensaje de rechazo al continuo empobrecimiento al que somete a centenares de personas que trabajan desde hace años para él, con una subcontratación en condiciones de precariedad.


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