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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborado un resumen del año donde repasa mes a mes los casos más flagrantes de las instituciones en relación a las personas refugiadas.

De esta manera, recoge hechos ‘vergonzantes’ acaecidos durante este 2016 donde la UE y España han mostrado una “desesperante lentitud” en los procesos de reubicación y una “sorprendente rapidez” para establecer nuevos obstáculos a los refugiados.

Durante el mes de enero de este año, CEAR denuncia que se trató de “criminalizar” la solidaridad con detenciones de voluntarios, como las de los bomberos PROEMAID.

En febrero, la Comisión recuerda que se cumplieron dos años de la muerte de 14 personas y una desaparición en Ceuta tras el uso de material antidisturbios de la Guardia Civil contra refugiados que trataban de llegar a nado al Tarajal.

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El bizkaino Mikel Zuloaga y la navarra Begoña Huarte han sido detenidos en el puerto de Igoumenitsa en el intento del traslado de 8 personas refugiadas hasta Euskadi. Su acción se enmarca dentro de una iniciativa de solidaridad y de denuncia de las políticas migratorias injustas europeas y en defensa de los derechos humanos.

Se trata de una acción de desobediencia civil, autofinanciada por personas pertenecientes a diversos movimientos sociales.

Una autocaravana salió de un punto de Grecia conducida por Mikel Zuloaga y Begoña Huarte con el objeto de trasladar a ocho personas refugiadas hasta Euskadi. Fueron interceptados y detenidos ayer martes 27 de diciembre en el puerto de Igoumenitsa (Grecia), antes de cruzar a Italia.

Es probable que las personas refugiadas en estos momentos estén ya en libertad, dado que no han cometido ningún delito. Sin embargo, Mikel y Begoña permanecen detenidos a la espera de comparecer ante instancias judiciales donde pueden ser acusados de tráfico de seres humanos, un delito castigado con penas de prisión muy altas en Grecia.

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Mientras seguía reunida la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para una votación tan trascendente como la adjudicación del contrato de la incineradora, numerosos manifestantes protestaron en las calles de Donostia contra el proyecto y exigiendo su paralización por las consecuencias medioambientales y por el impacto económico de deben soportar los municipios.

La asamblea del Consorcio de Residuos ha aprobado con el apoyo del gobierno foral (PNV y PSE), la adjudicación de la construcción, gestión y explotación de la incineradora  por un total de 768 millones a la UTE formada por Urbaser y las empresas guipuzcoanas LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uría.

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Errekaleor  es una antigua zona obrera de Gasteiz que lleva okupada desde hace tres años y es el mayor barrio recuperado del Estado. Su censo no oficial dice que allí viven alrededor de 150 personas. En el 2002 el exalcalde y ex ministro de Sanidad del PP, Alfonso Alonso, ahora portavoz de los populares en el Parlamento Vasco estaba al frente del ayuntamiento, quiso reubicar a cerca de 200 familias en otras partes de la ciudad y levantar en su lugar una moderna urbanización. Por entonces, en plena burbuja inmobiliaria, su plan cazaba a la perfección con los deseos de las insaciables empresas constructoras.

Una década después, la muerte del ladrillazo supuso la caída en desgracia de ese proyecto. Sin embargo, los planes para tirar abajo las viviendas continuaron. Un grupo de aproximadamente 20 vecinos resistió durante un buen tiempo –incluso hubo denuncias de mobbing inmobiliario contra el ayuntamiento-, pero al final acabaron realojados en otros puntos de Gasteiz.

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El Tribunal Superior fija que está vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a aprobar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

El Ejecutivo vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 a sus casi 70.000 empleados tras un acuerdo con los sindicatos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno Vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución, al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.

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El pasado viernes se realizaron diversas concentraciones de los trabajadores de Movistar en contra de la precariedad laboral. César Alierta irrumpió en la de Zaragoza exigiendo a los trabajadores que se marcharan de la sede de Telefónica aludiendo que no eran trabajadores de plantilla, justo por lo que ellos vienen peleando.

Cientos de trabajadores de las contratas, subcontratas y falsos autónomos de Movistar protestaron este viernes 23 en las tiendas de Movistar de las principales ciudades del Estado español. Estas concentraciones son las primeras de un calendario de movilizaciones para avanzar en su lucha contra la precariedad laboral.

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No es hora de tantas horas extras, es hora de repartir el trabajo. Apostamos por trabajar menos todas y todos, para recuperar horas para desarrollarnos como personas, para dejar de ser la única especie del planeta que emplea más de un tercio del día para el supuesto sustento.

La cultura del “trabajo duro” nos significa desarrollo personal. Es un falso mito con el que se precariza, con el que se chantajea usando el miedo al despido con la exclusión como axioma de la “nueva teoría económica avanzada”.

Exigimos que se cumpla ya la moción aprobada por el Parlamento Navarro que insta a promover mecanismo de reparto del trabajo como en las economías nórdicas que arrojan unos índices de alta productividad y bajo absentismo.

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo por algunas de las afirmaciones realizadas por el Rey en su mensaje de Navidad, al entender que “podrían atacar a los derechos de las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista”.

También parte del arco político, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y plataformas de víctimas del franquismo han criticado duramente sus palabras, en muchos casos con comunicados o declaraciones de repudio.

En el Caso de la ARMH ha cursado el siguiente reclamo: “Solicitamos a la Defensora del Pueblo que intervenga para señalar los límites de interpretación política del monarca y que en ningún caso sus intervenciones puedan contradecir la protección de los derechos humanos”, destacan en un comunicado, donde entienden que “es grave e inhumano negar a las familias de los desaparecidos de la dictadura franquista la posibilidad de dar sepultura digna a un ser querido”.

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Rueda de prensa de la Confederación General del Trabajo (CGT) donde se presenta una campaña en defensa de lo público con la que pretende destacar la importancia de aquellos servicios imprescindibles para todos los seres humanos en nuestra sociedad.

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El próximo 26 de diciembre  los servicios sociales previstos en el catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, detallados en el Artículo 22 (1) de la la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, tendrán la condición de derecho subjetivo, por lo que se  garantiza el acceso a los mismos, como un derecho universal y subjetivo cuyo cumplimiento se podrán reclamar, en vía administrativa y jurisdiccional.

Según un informe realizado por el Defensor del Pueblo, se llegan a las siguientes valoraciones y recomendaciones:

 Valoración general de la situación y principales dificultades.

Información insuficiente de sevicios y prestaciones. División de opiniones respecto al grado de asunción por parte de los ayuntamientos vascos de las funciones asignadas por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales. Diferencias interterritoriales muy significativas, que se traducen en un acceso desigual a los derechos sociales: cobertura y estructura de la oferta de plazas residenciales y no residenciales, ratios de atención de los servicios sociales de base, cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio y de las Ayudas de Emergencia Social, gasto público municipal, patrones de financiación de los servicios sociales municipales

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Convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del sistema público de pensiones, en varias ciudades del estado se han celebrado manifestaciones y concentraciones en denuncia del recorte de las pensiones. En un día donde el gobierno ha rechazado subir  las pensiones en el 2017 en más del 0,25%, lo que mermará el poder adquisitivo de los jubilados en este año el 0,45% y si la inflación sigue al alza en el entorno al 2%, “en los próximos diez años se perderá un poder adquisitivo que ronda del 14% al 28%”.

Además el Gobierno se muestra insaciable cuando se trata de la hucha de las pensiones. Si hace unos días realizaba la mayor retirada de 9.500 millones para afrontar la paga ordinaria y la extraordinaria de los pensionistas,  hoy se ha hecho público que la Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de otros 936 millones de euros para hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre.

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Los crímenes de empresa  o lesiones por la actividad laboral, se describen en un lenguaje anestésico como “accidentes laborales“. Uno de los problemas que surgen al hablar de los crímenes corporativos es que casi nunca se nos invita a pensar en las actividades criminales de las corporaciones o las empresas como verdaderos crímenes.

Así frías estadísticas nos informan, que en lo que llevamos de este año 53 personas han perdido la vida en “accidentes laborales”: 3, en Araba, 29, en Bizkaia, 13, en Nafarroa y 8, en Gipuzkoa.

Rara vez ocurre que los accidentes laborales sean simples “accidentes”, pues sus causas suelen ser: la presión ejercida por los mandos de la empresa sobre los empleados por las restricciones horarias o de recursos, el mal diseño o mantenimiento precario de los equipos, la ausencia o falta de solidez de las medidas básicas de seguridad o la precaria situación y baja cualificación del trabajo.

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Acabamos de conocer la resolución de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre los incumplimientos de la Cruz Roja en materia de Igualdad.

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Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.

En la comunidad autónoma Vasca ELA, LAB, CC.OO. y UGT participan en las EPSV públicas Itzarri y Elkarkidetza y en El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por los sindicatos CCOO y UGT” (El País 12.10.2005).

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