Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y, aunque no vamos a realizar un análisis exhaustivo del contenido de esta norma, entendemos que debemos destacar alguno de sus elementos, sobre todo los que hacen referencia a la vida laboral de las personas trabajadoras.
En defensa de lo público, en defensa de lo común
Artículo de opinión de Maura Rodrigo Alcalá, Secretaria General de CGT/LKN-Nafarroa
Se ha escrito hasta la saciedad, tanto exaltando las virtudes y bondades de la privatización de los Servicios Públicos como argumentando en contra de esta práctica. A estas alturas, lo que sí se puede afirmar, es que una u otra postura responde básicamente a diferentes concepciones de la sociedad y del sistema económico; es decir, estas decisiones responden a planteamientos políticos.
Quienes queremos un mundo justo, igualitario, en el que todas y todos podamos vivir, en el que la riqueza se reparta por igual, creemos firmemente que los servicios públicos (que son ni más ni menos que aquellos servicios esenciales para vivir: sanidad, educación, cuidados, transporte, vivienda, suministros básicos…), se deben gestionar desde el Sector Público.
