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CGT-LKN EuskaL Herria

  • Por el cese de la política de dispersión de presos y presas, así como por el cumplimiento de los Derechos Humanos en esta materia, la CGT-LKN considera inaceptable que los estados español y francés vulneren sistemáticamente los Derechos Humanos del colectivo de presas y presos.

    Para que se analicen cada uno de los casos de los presos y presas muy gravemente enfermos/as y que sean excarcelados/as, para garantizar su derecho a la salud, por el inadecuado acceso al tratamiento y control médico dentro de prisión.

    Desde el punto de vista humanitario es un hecho absolutamente reprobable y cruel, constituyendo una “sobre-pena”, un castigo añadido que alcanza a la familia de la persona presa, en algunos casos carentes de recursos, en muchos otros con otro tipo de dificultades pero que imposibilitan poder desplazarse cientos de kilómetros y poder mantener una relación lo más normalizada posible con su familiar encerrado.

    Rechazamos la política de dispersión, que afecta principalmente al colectivo de presos/as vascos/as y aquellos/as presos/as sociales más concienciados/as, que busca el quebrantamiento no sólo de cualquier atisbo de unión entre personas presas sino la destrucción mental, y en algunos casos física de la persona. La dignidad en la cárcel es pagada con más castigo.

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  • El CETA es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá firmado en Bruselas el 30 de octubre de 2016 por el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión Europea y el Primer Ministro del Canadá.  Aún no es un acuerdo cerrado.

    Deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo en febrero. Después tendrá que ser ratificado por los parlamentos de los 28 Estados de la UE. Basta que un solo parlamento nacional rechace el CETA, y el acuerdo de libre comercio sería suspendido como un todo.

    Este acuerdo es perjudicial para los derechos de las personas, la democracia y el clima, por las siguientes RAZONES:

    • -El secretismo y la ausencia de debate democrático en la negociación de este importan­te tratado ha sido la norma. El CETA ha pasado desapercibido y sin información al gran público y sus representantes directos.
    • -Este tratado introduce un tribunal especial que otorga derechos exclusivos a los inversores para demandar a países cuando los gobiernos dicten leyes para proteger a los ciudadanos. Así arrincona nuestro sistema judicial democrático.
    • -El CETA no creará ni un solo empleo. Destruirá 200.000 en Europa y más de 20.000 en Canadá. Los derechos laborales de sindicación y negociación colectiva no aparecen firmemente recogidos en ningún capítulo del tratado.

     

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  • Artículo de opinión de Banatu Taldea / Iniciativa por el reparto

    En un diario local se ha publicado recientemente una encuesta a 85 representantes del mundo económico y empresarial de Navarra, pidiendo sus valoraciones sobre las expectativas de Navarra para 2017. Son moderadamente optimistas. Dicen que el mayor problema sigue siendo el desempleo y la solución “crecer” más. Opinan que se creará empleo, pero “insuficiente y de baja calidad”, puntualizan los representantes sindicales.

    La mayoría pide mejor tratamiento fiscal rechazando la subida de impuestos aprobada. Desde el Gobierno Foral se prevé la creación de 4.500 puestos de trabajo a la vez que se contará con un 25% más de recursos para atender a las personas más desfavorecidas, gracias a las reformas legislativas aprobadas.

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  • El Gobierno Vasco según la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ha optado por no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la subida del 8% contenida en Real Decreto de 30 de Diciembre sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por lo tanto modificar la ley 18/2008, de 23 de diciembre, por la cual liga la subida de la RGI a la subida del SMI.

    Si se aprueba esta medida en el Parlamento Vasco, las ayudas sociales autonómicas subirán el equivalente al IPC, un 1,5%, es decir el 81,25 % menos que lo previsto si se atiende al sistema de cálculo marcado en la ley vasca de 2008. En dinero efectivo, la modalidad básica ganará 9,3 euros mensuales cuando debería llegar a 50 euros adicionales. Con estos cambios, la RGI va a pasar al 76% del SMI su mínimo histórico. La subida costaría unos 6 millones al Ejecutivo, frente a los 30 millones que supondría aplicar la revalorización del 8%.

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  • El número de parados registrados en los servicios públicos de empleo bajó en la C.AV. en 13.844 y en Nafarroa 3.098 personas al concluir diciembre de 2016, lo que supone un caída del 9,23% y 7,18% respecto al año anterior. Así, la cifra total de parados se sitúa en 136.173 en Euskadi y 40.045 personas en Nafarroa al cierre del año, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

    Por territorios, en la C. A.V. durante 2016 Bizkaia contabilizó 7.214 parados menos (-8,56%), mientras en Gipuzkoa se registraron 4.370 desempleados menos (-10,57%). En Álava, el paro desciende en 2.260 desempleados, un 9,27% menos que en 2015.

    De los 136.173 parados con los que concluyó la comunidad autónoma el pasado año, 73.820 son mujeres y 8.182 personas menores de 25 años. De los 40.045 desempleados en  Nafarroa 18.027 son hombres y 22.018 mujeres; 3.706 son menores de 25 años.

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  •  El día 30 se produjo la última reunión de las tres que se han sucedido entre la dirección de la empresa y los sindicatos con representación en el Comité General de Empresa para tratar un plan de destrucción de entre 550 y 600 puestos de trabajo.

    Aunque los sindicatos mayoritarios en el Comité General de Empresa, y firmantes del anterior plan de destrucción y del Convenio vigente que normaliza la precarización de los nuevos contratos, de momento no han alcanzado ningún acuerdo formal, en breve plasmarán de nuevo su firma en un nuevo acuerdo de desvinculaciones voluntarias.

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  • Hace un año, por estas fechas, los trabajadores de ZF-TRW comenzamos un descenso a los infiernos en el que, todavía hoy, no vemos el final.

    A través de los sindicatos se ha denunciado una y otra vez ante la plantilla y la opinión pública los abusos de esta multinacional; sin embargo, esa no es mas que una parte del problema. Si queremos entender cómo hemos llegado a tal punto de sometimiento e indefensión debemos analizar el comportamiento de los propios sindicatos.

    CCOO, UGT, ELA y LAB nunca en la historia de TRW habían estado tan unidos; sin embargo, esa unidad de la que tanto se enorgullecen y con la que pretenden transmitir fortaleza no es sino el triste resultado de la domesticación del sector más reivindicativo que tiempo atrás se esforzaba en marcar alguna diferencia con el resto.

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  • La subida del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) será de aplicación durante 2017 a los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales.

    Según este Real Decreto de 30 de Diciembre en su disposición transitoria segunda, la nueva cuantía de 707,06 euros mensuales en 14 pagas o 824,90 euros mensuales en 12 pagas, no afectará a las normas no estatales y relaciones privadas, por lo cual está subida no será de aplicación en las comunidades autónomas y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas o de la administración local.

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  • CGT informa de una trascendente sentencia para toda la negociación colectiva que da la razón a la demanda interpuesta en solitario por  esta organización en cuanto al convenio de Contact Center.

    Hace más de dos años CGT denunció la vigencia del Convenio del Telemarketing. Un convenio que había tenido una vigencia de 5 años y que desde nuestro punto condenaba a los trabajadores de Telemarketing a la precariedad. Había llegado el momento de negociar un nuevo convenio y de cambiar nuestras condiciones laborales.

    Aunque tras la denuncia de CGT se empezó a negociar el nuevo convenio el ministerio de trabajo no dio por válida nuestra denuncia. Dijo el ministerio de trabajo que para empezar a negociar el nuevo convenio tenía que haber acuerdo de la mayoría sindicatos de la mesa, no valiendo la denuncia de CGT, un sindicato con la representatividad suficiente para ello.

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  • La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborado un resumen del año donde repasa mes a mes los casos más flagrantes de las instituciones en relación a las personas refugiadas.

    De esta manera, recoge hechos ‘vergonzantes’ acaecidos durante este 2016 donde la UE y España han mostrado una “desesperante lentitud” en los procesos de reubicación y una “sorprendente rapidez” para establecer nuevos obstáculos a los refugiados.

    Durante el mes de enero de este año, CEAR denuncia que se trató de “criminalizar” la solidaridad con detenciones de voluntarios, como las de los bomberos PROEMAID.

    En febrero, la Comisión recuerda que se cumplieron dos años de la muerte de 14 personas y una desaparición en Ceuta tras el uso de material antidisturbios de la Guardia Civil contra refugiados que trataban de llegar a nado al Tarajal.

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  • El bizkaino Mikel Zuloaga y la navarra Begoña Huarte han sido detenidos en el puerto de Igoumenitsa en el intento del traslado de 8 personas refugiadas hasta Euskadi. Su acción se enmarca dentro de una iniciativa de solidaridad y de denuncia de las políticas migratorias injustas europeas y en defensa de los derechos humanos.

    Se trata de una acción de desobediencia civil, autofinanciada por personas pertenecientes a diversos movimientos sociales.

    Una autocaravana salió de un punto de Grecia conducida por Mikel Zuloaga y Begoña Huarte con el objeto de trasladar a ocho personas refugiadas hasta Euskadi. Fueron interceptados y detenidos ayer martes 27 de diciembre en el puerto de Igoumenitsa (Grecia), antes de cruzar a Italia.

    Es probable que las personas refugiadas en estos momentos estén ya en libertad, dado que no han cometido ningún delito. Sin embargo, Mikel y Begoña permanecen detenidos a la espera de comparecer ante instancias judiciales donde pueden ser acusados de tráfico de seres humanos, un delito castigado con penas de prisión muy altas en Grecia.

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  • Mientras seguía reunida la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa para una votación tan trascendente como la adjudicación del contrato de la incineradora, numerosos manifestantes protestaron en las calles de Donostia contra el proyecto y exigiendo su paralización por las consecuencias medioambientales y por el impacto económico de deben soportar los municipios.

    La asamblea del Consorcio de Residuos ha aprobado con el apoyo del gobierno foral (PNV y PSE), la adjudicación de la construcción, gestión y explotación de la incineradora  por un total de 768 millones a la UTE formada por Urbaser y las empresas guipuzcoanas LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uría.

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  • Errekaleor  es una antigua zona obrera de Gasteiz que lleva okupada desde hace tres años y es el mayor barrio recuperado del Estado. Su censo no oficial dice que allí viven alrededor de 150 personas. En el 2002 el exalcalde y ex ministro de Sanidad del PP, Alfonso Alonso, ahora portavoz de los populares en el Parlamento Vasco estaba al frente del ayuntamiento, quiso reubicar a cerca de 200 familias en otras partes de la ciudad y levantar en su lugar una moderna urbanización. Por entonces, en plena burbuja inmobiliaria, su plan cazaba a la perfección con los deseos de las insaciables empresas constructoras.

    Una década después, la muerte del ladrillazo supuso la caída en desgracia de ese proyecto. Sin embargo, los planes para tirar abajo las viviendas continuaron. Un grupo de aproximadamente 20 vecinos resistió durante un buen tiempo –incluso hubo denuncias de mobbing inmobiliario contra el ayuntamiento-, pero al final acabaron realojados en otros puntos de Gasteiz.

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  • El Tribunal Superior fija que está vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a aprobar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

    El Ejecutivo vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 a sus casi 70.000 empleados tras un acuerdo con los sindicatos

    El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno Vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución, al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.

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