Protesta en Bilbao por los recortes del Gobierno Vasco en prestaciones sociales

Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la sede del Gobierno vasco, por la negativa de este a aplicar en los presupuestos el incremento del 8% del SMI a los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Prensiones o las ayudas al alquiler y por el mantenimiento durante los últimos 5 años del recorte en un 7% de las cuantías a percibir.

Por la decisión de incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función del índice de precios y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adoptada el pasado fin de semana por la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de no aplicar -lo que por LEY es de obligado cumplimiento- el incremento del 8% del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Por la política del departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco que dice «impulsar nuevos programas y recursos económicos de activación laboral que permitan la inserción al mundo del trabajo de quienes perciben la RGI para evitar situaciones de cronificación y estimulando su incorporación al mercado laboral”, mientras se hace precisamente lo contrario: bonificar y subvencionar a empresas, que contratan en precario.

No se ayudan a las personas en exclusión social pero se rescatan a las empresas, así a la concesionaria Túneles de Artxanda S.A., empresa que estaba formada por Europistas (50%), BBK (20%), las constructoras “afines” al PNV, Moyua y Balzola, y las firmas Caslever 2000 y Mcc Inversiones. Destaca, la omnipresente Balzola, participante en las principales obras a cometidas en Bizkaia en los últimos años. Desde el Guggenheim hasta el Metro, pasando por el BEC, campos de golf, autopista A-8… El mayor trozo del pastel de las ayudas, bonificaciones y subvenciones de los presupuesto se lo llevan crudamente las empresas amigas.

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