Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la sede del Gobierno vasco, por la negativa de este a aplicar en los presupuestos el incremento del 8% del SMI a los Incentivos al Empleo, la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Prensiones o las ayudas al alquiler y por el mantenimiento durante los últimos 5 años del recorte en un 7% de las cuantías a percibir.

Por la decisión de incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función del índice de precios y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adoptada el pasado fin de semana por la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de no aplicar -lo que por LEY es de obligado cumplimiento- el incremento del 8% del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Por la política del departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco que dice “impulsar nuevos programas y recursos económicos de activación laboral que permitan la inserción al mundo del trabajo de quienes perciben la RGI para evitar situaciones de cronificación y estimulando su incorporación al mercado laboral”, mientras se hace precisamente lo contrario: bonificar y subvencionar a empresas, que contratan en precario.

No se ayudan a las personas en exclusión social pero se rescatan a las empresas, así a la concesionaria Túneles de Artxanda S.A., empresa que estaba formada por Europistas (50%), BBK (20%), las constructoras “afines” al PNV, Moyua y Balzola, y las firmas Caslever 2000 y Mcc Inversiones. Destaca, la omnipresente Balzola, participante en las principales obras a cometidas en Bizkaia en los últimos años. Desde el Guggenheim hasta el Metro, pasando por el BEC, campos de golf, autopista A-8… El mayor trozo del pastel de las ayudas, bonificaciones y subvenciones de los presupuesto se lo llevan crudamente las empresas amigas.

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