Este escrito es la segunda parte del publicado en esta web el pasado 25 de julio y al que se puede acceder aquí. Trata de algunos de los elementos de respuesta a la situación sanitaria, asistencial y social derivada de la pandemia, a la vez que actualiza alguno de los datos tratados en la primera parte, lo que es conveniente en una situación que está cambiando rápidamente, desgraciadamente a peor.
En el uso de las mascarillas la evolución de la posición del Gobierno Vasco ha sido caótica, pasando desde su casi desprecio, a su recomendación en lugares cerrados y a la obligación generalizada y sin matices. Esta última política no es nada evidente según algunos especialistas en virología y enfermedades infecciosas, que se suelen pronunciar a favor de su uso en el transporte público, los locales cerrados y cuando haya proximidad entre las personas. Además, el problema de esa norma general es su inconsecuencia cuando nos topamos con bares y lugares de ocio, donde se puede estar dentro sin mascarillas. En todo caso su pago obligado está siendo una fuente de problemas, ya que su uso prolongado por encima del tiempo recomendable, no solo priva a las personas usuarias de la protección precisa contra el coronavirus sino que, como ha advertido alguna farmacéutica, pueden producir una grave contaminación bacteriana y, con ello, enfermedades respiratorias graves. Para evitar esos riesgos y a fin de promocionar una utilización adecuada, las mascarillas debieran ser consideradas como uno de los productos de farmacia que se financian por la sanidad pública y proporcionadas gratuitamente a la gente de bajos ingresos.
Las nuevas reglas contra la COVID-19 suponen una reacción contra la proliferación y amplitud de los rebrotes, que hasta ahora no han dado lugar a un aumento importante de las hospitalizaciones y han afectado sobre todo a la gente más joven. Sin embargo, la distribución por edades de los contagios está empezando a cambiar, en la medida en que es casi inevitable que los jóvenes los extiendan a los de más edad con quienes convivan o tengan relación. La experiencia muestra que transcurre un cierto tiempo entre la aparición de los primeros síntomas y la necesidad de hospitalizaciones y, más aún, de ingreso en las UCIs, por lo que es muy previsible que la situación hospitalaria empeore en las próximas semanas. El contenido de esas reglas es tributario de la primacía que ha caracterizado a la política del Gobierno Vasco de intentar mantener a todo precio la actividad económica. Así, el nuevo horario de cierre de los bares, restaurantes, txokos y discotecas hasta las 1h30 de la madrugada es elevado y los aforos permitidos son más altos que los de otras comunidades. Además, existe una amplia percepción social de que existe en la práctica una amplia tolerancia sobre horarios, uso de mascarillas, etc.
En un país con muy alta densidad de contactos sociales y de vida en la calle, como es Euskal Herria, es clave controlar la propagación de los contagios mediante el desarrollo de test PCR, al menos a toda la población que haya estado en contacto con personas contagiadas, aunque no tenga síntomas. Tras haber aumentado considerablemente en relación con los primeros meses de la pandemia, la CAPV es la comunidad autónoma que más test PCR realiza en proporción a la población, 163,03 por cada 100.000 habitantes, seguida por Navarra, 152,82-, siendo la media estatal de 92,29. Sin embargo, su número sigue siendo insuficiente a la vista del aumento de los contagios, sin que sea fácilmente explicable la razón de esta insuficiencia, a la vista de la posibilidad de realizarlos rápidamente y a bajo coste. Como se puede apreciar en este gráfico, no se realizan de forma abierta, incluyendo a quienes no tengan síntomas, a diferencia de lo que se está haciendo en otros países (por ejemplo, Alemania, Portugal, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Rusia, etc.).
Otro elemento básico para frenar la transmisión comunitaria de la pandemia es el “rastreo” rápido y generalizado de los contactos de los contagiados. Para conseguirlo es necesario aumentar la plantilla de rastreo que, como se indicaba en la primera parte de este artículo, es limitada conforme a los estándares europeos, lo que da lugar a que solo se localiza a una parte reducida de los contactos de las personas contagiadas. Es llamativo que, a pesar de que el Gobierno Vasco reconocía la elevada probabilidad de una segunda oleada de la pandemia, no se hayan tomado medidas a tiempo para resolver esta deficiencia.
Aunque la responsabilidad fundamental del gran impacto de la pandemia en la CAPV y de los “rebrotes” actuales corresponde a los gobiernos, el central y el de la CAPV, no se pueden obviar las actitudes sociales. El muy bajo impacto patológico en la juventud de la COVID-19 ha favorecido el desarrollo de la pandemia (Mike Davis), salvo en Estados que imponen disciplinas autoritarias a la población. En el Estado español y en la CAPV se puede apreciar que, tras la finalización del estado de alarma, tampoco una parte significativa de la población más adulta ha adoptado en muchos casos medidas de autoprotección individual y colectiva e incluso una parte de los contagiados, pequeña es cierto, se niega a informar sobre sus contactos y otra no respeta los períodos de cuarentena.
A juicio del filósofo D. Innerarity esas prácticas pueden estar basadas, más que en la –real- irresponsabilidad en la inintegibilidad, es decir, “en la probabilidad de que un comportamiento singular provoque un efecto de contagio que pueda expandirse es tan baja que muchos la consideran inverosímil”, lo que no se arregla con normas legales ni con la represión sino con un cambio de nuestro modo de pensar1/. Por otra parte, algunas normas que se han dictado no han ido acompañadas de un ánimo de hacerlas cumplir. Por ejemplo, el uso de mascarillas si no se podía mantener la distancia. Existía la certidumbre de que no pasaría nada hasta después de elecciones de julio y ni la Ertzaintza ni las policías municipales se preocupaban de su cumplimiento, a diferencia de lo que tuvo lugar durante el confinamiento. En definitiva se requiere que las normas estén justificadas, sean claras y que se sepa que todo el mundo está obligado a cumplirlas. Contrarrestar esas tendencias requiere de un difícil esfuerzo de convencimiento, lo que a la vista de la reducida credibilidad de las administraciones públicas por su trayectoria en la gestión de la pandemia, será más eficaz si esa tarea fuera asumida por las organizaciones sociales.
El empleo público y el privado en la pandemia
El sector público debe crear masivamente puestos de trabajo en sectores que se han mostrado como imprescindibles para la vida y la salud de las personas y que están infradotados y con niveles salariales muy bajos, que se deben dignificar, para empezar mediante la publificación de lo privatizado. Ello comprende la sanidad, los servicios sociales y de cuidado de las personas, la infraestructura ligada con los mismos…, acabando con una externalización-subcontratación que mantiene a una parte importante de las trabajadoras en condiciones salariales y sociales lamentables.
En Osakidetza el aumento de las plantillas exige acabar con una temporalidad del 40%, que afecta a 15.000 trabajadores/as y que muy frecuentemente se prolonga durante años. Esa situación, unida a otras malas condiciones laborales, está impidiendo la provisión de vacantes en asistencia primaria por la “fuga” a otros países de las y los titulados en medicina y, especialmente, de enfermería, a lo que coadyuva la escasez de plazas universitarias por la tardanza en disponer de una Facultad de Medicina pública adecuada y próxima a un centro hospitalario. El colmo de la ceguera, motivada previsiblemente por la voluntad de ahorrar recursos monetarios, es la decisión de Osakidetza de cerrar el 20% de las camas hospitalarias este verano, como hacen habitualmente todos los años, pero este año con una pandemia en plenos rebrotes y tras meses de atrasar operaciones quirúrgicas consideradas no urgentes. Y, por supuesto, el aumento de la plantilla debe ir acompañado de la dotación de elementos de protección suficientes al personal sanitario, lo que requiere de medidas como las que se señalan aquí, aplicables también al de residencias y quienes realizan actividades de cuidado, sea como auxiliares domiciliarias o como trabajadoras de hogar. En este sentido es oportuno señalar que, ante las repetidas reticencias de los responsables institucionales a aportar información sobre la actividad de las residencias durante la pandemia, tres representantes de diversas organizaciones del Movimiento de Pensionistas del País Vasco han presentado ante el Ararteko (Defensor del Pueblo) el 29 de julio y van a presentar en los próximos días ante la Fiscalía General del País Vasco, escritos en el que se detallan los incumplimientos en materia de seguridad de las residencias en los pasados meses, la muy deficiente información proporcionada por las Diputaciones Forales y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco a las organizaciones sociales y las denuncias sindicales contra varias residencias. Concluyen pidiendo se investigue y pida explicaciones a las Consejerías con competencias en Sanidad y Servicios Sociales, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, sobre las actuaciones llevadas a cabo para proteger a las personas que conviven dentro de las Residencias, tanto públicas como privadas, así como a las trabajadoras de las mismas, y a las personas usuarias y trabajadoras de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD).
En la educación el gobierno vasco mantiene los ratios de alumnado por clase en Primaria, ESO y Bachiller, lo que acrecienta los riesgos de contagio y con ello de interrupción de las clases presenciales, lo que afecta especialmente al alumnado de menores recursos. Viçenc Navarro ha mostrado que la insuficiencia de los servicios de atención y educación a la infancia y adolescencia ha mantenido en sus viviendas, durante la pandemia, a una parte importante de trabajadoras, además de provocar un importante retraso escolar, especialmente entre la gente de menores recursos económicos y culturales.
El Gobierno Vasco ha remitido a los centros escolares tres planes de contingencia, ninguno de los cuales se asocia a nuevos recursos, lo que suscita los siguientes interrogantes: ¿cómo se van a implantar grupos “burbuja” en primaria sin más personal e, incluso, sin adaptación de aulas y espacios?; ¿o piensan, por el contrario, cerrar todo el centro cada vez que se detecte un positivo, dejando a un montón de niños y niñas sin educación presencial?; ¿piensan que el profesorado doble su jornada laboral con clases presenciales, y online con el alumnado afectado por contagio y cuarentena?; ¿cuándo se va a reunir el Departamento de Educación con representantes de la comunidad educativa para acordar y adoptar medidas para el próximo curso?
La educación es el principal igualador social. Mal vamos si nos preocupa más reanudar actividades relacionadas con el ocio que las aulas. Mal las criaturas sin clase, sin el marco de convivencia y aprendizaje de la escuela, mal los padres, sobre todo las madres y las abuelas y abuelos, con los niños en casa. La supresión de las colonias de verano impulsadas por entes públicos a la primera de cambio no augura nada bueno. No somos expertos y no podemos afirmar taxativamente que no fuese necesario cerrarlas…, pero ¿todas? ¿Qué va a pasar, entonces, cuando tengamos a todos los niños y jóvenes dentro del sistema escolar? ¿Todo el mundo a casa, de nuevo encerrar a niños y jóvenes? Empieza a ser ya un problema de derechos humanos. Sí, al menos, para muchas niñas y niños. El objetivo de garantizar siempre la escuela presencial para los niños de primaria, que afirmaba en la SER la Ministra de Educación, tiene implicaciones sanitarias y exige la realización de tests masivos a profes y alumnado al empezar el curso y también a lo largo del mismo. Hasta la fecha no han dicho nada sobre ello.
Las medidas económicas y sociales
Sin contener la pandemia no es posible mantener la actividad económica de forma sostenida, tal como explica M. Husson. Pero no se trata de volver a la “normalidad” anterior. En materia económica es preciso proceder a una reconversión ecológica y social de la economía, que tenga en cuenta elementos como los que se indican en el Manifiesto firmado por profesionales de las universidades vascas y por F. Alburquerque sobre el aseguramiento de la salud y los servicios básicos para las personas y el medio ambiente en el que vivimos en cada territorio y ciudad. Y que, en política industrial, proceda a una reconversión de sectores como el del automóvil, de gran peso en la economía vasca, basado en el uso de energías fósiles. Entre otros elementos esa reconversión debe proporcionar elementos protectores frente a las pandemias, reduciéndose la dependencia del mercado mundial. Dado el funcionamiento de las empresas capitalistas basado en la maximización del beneficio a corto plazo esa reconversión exigiría la publificación bajo control social.
Según el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, el desempleo registrado ha aumentado en más de 33.000 personas en relación a junio de 2020 y en más de 27.000 en relación a febrero de 2020, justo antes del inicio de la crisis. Los datos de desempleo recogidos en la Encuesta de población activa del segundo trimestre de 2020 del INE no dan cuenta, como recoge la misma EPA, de la enorme caída de la ocupación que en los últimos meses ha alcanzado en el conjunto del Estado la cifra de 1,36 millones. En la CAPV la tasa trimestral de la ocupación ha caído el 3,27% y la anual el 4,83%. El desempleo masivo en gran parte está siendo tapado por los ERTEs –tras haber alcanzado en la CAPV la cifra de 201.000 personas a finales de mayo, a mediados de julio todavía siguen en ERTEs unas 50.000 personas-. Sin ellos se estima que la tasa de desempleo sería del 13-14%, en lugar del 9,3% oficial. Pero incluso aunque se prorroguen los ERTEs tras el próximo mes de septiembre, es prácticamente seguro que va a tener lugar un gran número de despidos y finalizaciones de contratos temporales, más aún si la pandemia se desarrolla, bajo una u otra forma (“rebrotes” o “segunda oleada”), en sectores tales como la hostelería y la restauración, el comercio y otros. Por otra parte, las grandes empresas transnacionales que en el pasado inmediato han obtenido importantes beneficios, especialmente, pero no solo (Tubacex), las ligadas a los sectores como la aeronáutica (ITP, Aernnova) o la automoción (Gestamp) están anunciando despidos que van a arrastrar a los de las empresas auxiliares, que serán más numerosos. Los anuncios de cierre de fábricas se plantean en fábricas como la de Siemens-Gamesa en Aoiz (Navarra) aunque tengan una cartera de pedidos superior a los 30 mil millones de euros y su mala situación coyuntural se deba en buena parte a manifiestos errores de gestión de las direcciones en varios proyectos en el norte de Europa. La Consejera del Gobierno Vasco se ha apresurado a defender las reducciones de salarios que pretendan estas empresas, sin exigir ninguna condición de mantenimiento del empleo.
A fin de proteger a las trabajadoras y trabajadores del desempleo y la precariedad es necesario que el sector público cree masivamente puestos de trabajo en sectores que se han mostrado como imprescindibles para la vida y la salud de las personas y que están infradotados y con niveles salariales muy bajos, que se deben dignificar. Ello comprende la sanidad, los servicios sociales y de cuidado de las personas, la educación, la infraestructura ligada con los mismos…, acabando con una externalización-subcontratación que mantiene a una parte importante de las trabajadoras en condiciones salariales y sociales lamentables.
La pandemia ha puesto de relieve que el grueso de los trabajos que se han considerado esenciales no era posible realizarlos mediante el teletrabajo sino que requerían presencialidad: sanidad, residencias-servicios sociales, supermercados de alimentación, transporte… Se ha revelado asimismo que la gran mayoría de esos trabajos son realizados por mujeres, pero también incluyen algunos de dominante masculina, como los transportistas y conductores de autobuses. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de superar la contradicción entre la aportación de algunas profesiones al bienestar común y su reconocimiento, tanto simbólico como retributivo y de estabilidad laboral.
Un elemento muy importante para la creación de empleo es la reducción del tiempo de trabajo tanto en el sector privado como en el público, que acabe con la dualidad entre quienes trabajan largas jornadas y quienes están en desempleo o trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria. Que, mientras se mantenga el desempleo y/o el tiempo parcial y haya pensiones y prestaciones de desempleo muy bajas (y que solo cubren a una parte reducida de quienes se encuentran en desempleo), el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) se debe acompañar de una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Aprovechando que parte de su coste pasa a ser cubierto por el IMV, la RGI debe proteger a la población pobre ahora no cubierta, señaladamente a la población inmigrante y refugiada a la que se exige tres años de empadronamiento, y debe mejorar sus cuantías, dejando sin efecto los recortes practicados en los últimos años.
¿Y de dónde sacar el dinero?
Para hacer frente al gran gasto que va a suponer una reconstrucción social decente, que además debe unirse al necesario para enfrentarse a los enormes riesgos del calentamiento climático, es preciso aumentar sustancialmente los ingresos públicos. Una parte va a provenir del fondo de 16 mil millones de euros creado por el gobierno español destinados a compensar a las comunidades autónomas por los mayores gastos (sobre todo sanitarios) y menores ingresos derivados de la COVID-19. La CAPV ha recibido 328.630.000 euros de la primera entrega de ese fondo, del que previsiblemente percibirá una cifra comprendida entre 600 y 700 millones de euros.
Por otra parte está el fondo de reconstrucción europeo de 750.000 millones, cuyo contenido se analiza en los artículos de Miguel Urbán y Gonzalo Donaire, Manuel Garí y Gonzalo Fernández. De los 140.000 millones que corresponden al Estado español en los próximos siete años 68.000 irán en préstamos y 72.000 millones en transferencias, que según M. Garí equivaldrán al 2% del PIB anual. No se sabe la cuantía que corresponderá a la CAPV. El gobierno vasco ha reclamado al gobierno español que aumente el techo de la deuda por la caída de los ingresos fiscales debida al desplome de la actividad económica. Mediante un acuerdo hecho público el 31 de julio, los gobiernos central y vasco han fijado en el 2,6% del PIB el déficit máximo, frente al 3,5% que reclamaba el gobierno vasco. Ese aumento de la deuda, cuya cuantía se puede estimar en unos 1.800 millones de euros, es bastante inferior a la caída estimada de la recaudación fiscal en el 2020, entre 2.500 y 3.000 millones de euros, por lo que contrariamente a las declaraciones de Consejeros del Gobierno Vasco, se pondrán en práctica recortes de gastos. Esa deuda, contraída en el mercado financiero, deberá ser pagada con intereses y justificará reducciones en el empleo y los salarios públicos y recortes en las prestaciones sociales. Evitarlo solo es posible mediante una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos públicos.
El gobierno vasco y las diputaciones forales siguen las pautas empresariales de evitar a toda costa cualquier aumento progresivo de los impuestos mediante elementos tales como los siguientes: equiparar la tributación de las rentas de capital con las del trabajo; aumentar los tipos del IRPF en las rentas más altas, así como los tipos del impuesto de sociedades (contrariamente a lo que aprobaron las Juntas Generales de Bizkaia el pasado 10 de junio de reducir los tipos a las empresas); suprimir las desgravaciones fiscales a las pensiones privadas, especialmente las individuales, que benefician a las rentas más altas, tal como ha sido reconocido por la AIReF; perseguir eficazmente el fraude fiscal de los muy ricos y estableciendo una tributación sobre el patrimonio, en línea de la que tuvo lugar en Gipuzkoa entre 2011 y 2015. En este sentido es muy interesante la propuesta suscrita por 47 conocidos intelectuales y políticos de izquierda de siete Estados europeos para el establecimiento de un sistema de “tasas de emergencia COVID 19” por los Estados europeos para gravar los beneficios empresariales y los grandes patrimonios para hacer frente a los gastos masivos ocasionados por la crisis y crear así un fondo especial solidario administrado por los estados europeos que apoyen la iniciativa. Como es sabido el acuerdo del fondo de reconstrucción de la UE no contempla ninguna de estas medidas. El gobierno español solo prevé implantar la tasa digital (Google) y el impuesto sobre transacciones financieras, pero no tiene garantizada una mayoría parlamentaria para su aprobación y son de escaso impacto recaudatorio.
Al mismo tiempo las instituciones de la CAPV mantienen enormes gastos en infraestructuras antiecológicas, política que ha reafirmado el Diputado General de Bizkaia el 30 de julio declarando que “debemos acelerar e impulsar cuanto antes” las obras públicas de infraestructura (Deia). El caso más emblemático es el del Tren de Alta Velocidad, la Y vasca. El Tribunal Europeo de Cuentas ha hecho público un informe en el que se recoge un amplio catálogo de deficiencias en su ejecución que van desde sobrecostes de hasta el 54,7%, enormes retrasos con repercusiones en la seguridad y la emisión de carbono, previsiones irrealistas de tráfico, falta de participación y carencia de “un análisis crítico de la sostenibilidad a largo plazo”2/.
Las organizaciones patronales, tanto en la CAPV como en el Estado español, se olvidan del liberalismo y reclaman un Estado intervencionista… para que acuda a su socorro mediante la exoneración de impuestos, la “colaboración público-privada” para las grandes infraestructuras y las subvenciones de todo tipo. Muchas de las empresas que están utilizando los ERTEs por fuerza mayor se están beneficiando del ahorro de las cotizaciones sociales, en muchos casos de forma fraudulenta ya que, legalmente la fuerza mayor exige que no se pueda continuar con la actividad, no siendo suficiente que se reduzcan las ventas. Sin embargo, el 90% de los ERTEs aprobados lo han sido bajo esta modalidad y son autorizados masivamente, por silencio administrativo, por la autoridad laboral (más del 98%). Están acogiéndose a la fuerza mayor empresas que han obtenido altos beneficios en el inmediato pasado o incluso en la actualidad –por ejemplo, la banca, a la vez que ha suprimido en el Estado 88.000 empleos en la última década, habría obtenido beneficios de 100.000 millones de euros en ese período- y algunos sectores siguen consiguiéndolos también durante la pandemia. También los ERTEs por causas económicas, técnicas y organizativas, en aumento el último mes, tienen establecidas, en menor cuantía, exoneraciones de cotizaciones sociales.
Esta situación tiene dos graves consecuencias. La primera es real, de disminución de los ingresos de la seguridad social, lo que puede servir de justificación tanto para no atender las reivindicaciones del movimiento pensionista sino incluso para futuros recortes en las pensiones. La segunda es posible, y probablemente se confirmará en no pocos casos, y consiste que tras la finalización de esos ERTEs ventajosos para las empresas se produzcan despidos y finalizaciones de contratos, ya que no se han adoptado medidas –derogación de las reformas laborales del PSOE del 2010 y del PP de 2012- para que dejen de ser fáciles y baratos.
Confebask se ha opuesto a financiar la mejora de la prestación de los ERTEs, que se ha negociado entre el Gobierno Vasco, Confebask y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se ha acordado complementar las prestaciones, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, de unas 44.000 personas que perciben salarios inferiores a 20.000 euros anuales, en una cuantía fija de entre 100 y 150 euros por trabajador o trabajadora, en función de la jornada a tiempo parcial o completo. Su coste será a cargo íntegramente del Gobierno Vasco, por un importe estimado de 15,5 millones de euros. Tanto ELA como LAB (Naiz) han manifestado que ese acuerdo no garantiza de ninguna forma el mantenimiento de los puestos de trabajo. ELA exigía que esos complementos complementasen hasta el 100% de los salarios inferiores a 1.200 euros, los inferiores a 1500 euros al 90% y los superiores al 80%, con una aportación máxima de 400 euros. Se financiarían mediante un fondo público vasco constituido por los beneficios de las empresas, a través del Impuesto de Sociedades. Las exoneraciones de las cotizaciones quedarían condicionadas al mantenimiento del empleo, tanto fijo como temporal.
La patronal, vasca y española, ha conseguido la prolongación de los ERTEs, que aunque necesarios para evitar los despidos, están conociendo un amplio fraude mediante la presión a la gente trabajadora para que siga trabajando cuando están cobrando las prestaciones de desempleo. En contraste han rechazado el nuevo Ingreso Mínimo Vital, al que achacan su carácter permanente, a pesar de que lo escaso de su cuantía solo permite evitar la pobreza más extrema y de lo escaso de su financiación. En definitiva, como se explica por E. García (Cuarto Poder) la contienda por lo económico se inscribe en la lucha por la democracia social y refleja la lucha de poderosos intereses en juego por mantener sus beneficios y privilegios.
