Categoría: Temas

Mutatis mutandis, el paralelismo entre esos dos artículos 135, apartado 2 añadido, no deja de ser elocuente del oportunismo de las respectivas percepciones políticas, según quién tenga el poder.

El PP va a llevar otra vez al Tribunal Constitucional (TC) una norma legal salida del Parlament, ahora prevaliéndose de sus competencias como gobierno de la nación. Será la segunda vez que utilice al máximo garante de los derechos y libertades (el “legislador negativo”, que decía Kelsen) como pírrico defensor del régimen, argumentando razón de Estado. Y lo hace para impugnar una disposición que precisamente trae causa de aquella otra embestida del T.C. que dejó hecho unos zorros al Estatut refrendado en referéndum por los catalanes. Ahora se trata de la reforma del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de la Cámara para permitir promulgar las leyes de desconexión por el procedimiento de urgencia, deprisa y corriendo, y en una única lectura, sin necesidad de que lo soliciten todos los grupos representados.

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Yo tampoco poseo demasiadas certezas; pero he vivido lo bastante también para saber que solo se podrá construir un mundo de igualdad y libertad con los y las que no quieran explotar ni dominar.

Así de claro, el “derecho a decidir” de los pueblos es, debería ser, un derecho real e inalienable para que los “pueblos” puedan decidir lo que quieren ser y cómo quieren serlo. Pero también es o debería ser el derecho a decidir de cada uno de sus miembros, de todos los “ciudadanos”, en todo lo que les (nos) concierne.

El derecho a decidir debería ser un derecho que deberíamos poder ejercer todos y todas en todo momento; pero no es así, la existencia del Estado lo impide y solo lo permite ejerce cuando es él que lo decide. Es decir: solo cuando y para lo que le conviene… Y eso es así y vale tanto para el Estado español como para el catalán, ése que quieren constituir los que reclaman el “derecho a decidir” solo para tal objetivo.

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