Los modelos de producción y tarificación eléctrica tienen profundos impactos sociales. Dentro de la serie ‘El despojo cotidiana’, la autora hace una revisión histórica y política de las políticas sobre la provisión de energía eléctrica.
Imaginemos dos personas que viven en dos localidades diferentes de un mismo espacio político. Pensamos en una persona que vive cerca del Ter, el Freser o el Llobregat, en una población vecina de una de las muchas colonias textiles que habitan los ríos o en una persona que vive en el Empordà en una zona muy ventosa, en la que se ha instalado un aerogenerador. La otra persona, en cambio, vive en una zona a cientos de kilómetros de una central nuclear o de una gran central térmica de carbón.
Ante esta situación, la pregunta pertinente sería: estas dos personas que pertenecen al mismo territorio y comparten las mismas instituciones políticas, deberían tener la misma facilidad de acceso a la electricidad y en las mismas condiciones de suministro y precio? Esto debería ser así aunque en un caso su electricidad se generara al lado de casa y tuviera como origen una fuente libre y al alcance de todo el mundo, mientras que en la otra el origen fuera lejano y proveniente de una fuente fósil o mineral privada?
Con muchos matices y diferencias, desde los años 1920, en muchos lugares del mundo, la mayoría de la población y de los gobiernos así lo consideraban. Por este motivo, el suministro eléctrico formaba parte de los servicios públicos que los estados tenían que asegurar. Así pues, se nacionalizaron o construir un conjunto de infraestructuras y redes eléctricas que se gestionaban de forma centralizada y cubrían la extensión total del territorio de un país, a fin de que cualquier localidad, familia, empresa o servicio tuvieran acceso al suministro eléctrico en las mismas condiciones que las demás.
Dentro de esta concepción, los dos elementos más importantes eran, por un lado, la planificación de las inversiones, para garantizar las instalaciones óptimas para generar y utilizar la electricidad necesaria -ni más ni menos-. Por otra parte, la tarifa eléctrica: un precio administrativo al que se cobraba la provisión de electricidad y que era igual para todos los usuarios de una misma categoría (hogares de unas determinadas características, determinadas empresas o grandes infraestructuras como el tren o los tranvías). Todo ello, independientemente de donde vivieran.
La tarifa eléctrica, en este contexto, tenía una doble finalidad. Recaudar ingresos suficientes para cubrir el coste de las instalaciones y actividades vinculadas con la generación, transporte y distribución de la energía y al mismo tiempo hacer que todo el mundo reciba el mismo servicio al mismo precio. Esta doble función otorga a la tarifa un carácter redistributivo, por tres razones.
La primera razón es redistribuir los diferentes costes de generación de la electricidad. Aunque la electricidad que los ciudadanos utilizamos en nuestras casas, ciudades, transportes o trabajos es la misma, su origen puede ser muy diverso: puede haber sido generada a partir de un viento, de un salto de agua , de un rayo de sol, por el movimiento de las olas, con el calor de la tierra, obtenido al quemar un combustible fósil o con la fusión nuclear. El coste de la generación de electricidad (coste de la energía primaria, infraestructuras y actividad de generación) es muy diferente, si la electricidad se genera, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, con el movimiento de un aerogenerador o en una central nuclear.
La segunda razón es compensar las diferentes distancias de acceso. Aunque la electricidad que utilizamos sea igual, esta puede llegar desde una central o generador del vecindario -incluso situado en el mismo lugar donde nos encontramos (casa, empresa, hospital, piscina municipal …) – o desde una central hidroeléctrica, de gas, térmica o nuclear muy lejana. Cuanto más reducida sea la distancia entre el lugar de consumo y el lugar de generación de la electricidad, menores serán los requerimientos de infraestructuras y los costes de transporte.
La tercera razón -aunque un economista, en este caso, más que de redistribución hablaría de reassignació-, es evitar una transferencia de renta desde los usuarios finales hacia los propietarios o accionistas de las grandes empresas eléctricas. Sin una tarifa eléctrica que regule el precio de la electricidad el poder de mercado de estas empresas les permitiría fijar unos precios excesivos e injustificados.
Por otra parte, a lo largo del ciclo eléctrico nos encontramos distintos tipos de empresas. Aquellas que sólo generan electricidad para venderla a otras empresas que harán todos los pasos necesarios para comercializarla; otras empresas que sólo cubren una de las fases del proceso -la generación, el transporte (alta tensión), la distribución (media tensión) o la comercialización final (baja tensión); o las empresas de ciclo completo que cubren todas estas fases.
Dentro de las dos primeras categorías, especialmente, la primera se pueden encontrar desde empresas minúsculas (uno o unos propietarios de una turbina en el río, de unos aerogeneradores o de unas placas solares) o grandes empresas propietarias de grandes centrales térmicas , nucleares o de ciclo combinado (gas). Las empresas de ciclo completo suelen ser grandes monopolios dado que la realización de las cuatro fases sólo ir asociada a la existencia de grandes centrales que generan una electricidad que se transporta por todo el territorio, mediante grandes cables y centrales transformadoras de alta a media y de media a baja tensión.
Más allá de otras consideraciones, si una sociedad determinada considera que la electricidad es una necesidad básica que debe estar al alcance de todo el mundo en las mismas -y mejores- condiciones posibles, se entenderá que se requieren una planificación, a fin de crear sistemas integrados, y unas tarifas eléctricas redistributivas, que permitan que aquellas empresas generadoras con costes inferiores subvencionen a las que los tienen mayores. Debería permitir también que cualquier persona, empresa, ciudad o pueblo paguen lo mismo por el mismo tipo de suministro, se encuentren cerca o lejos de las unidades generadoras, cubriendo los costes de la red y del suministro final. Al mismo tiempo, habría que evitar que los grandes monopolios eléctricos establezcan unos precios “excesivos”.
De lo que acabamos de explicar se deduce que, idealmente, se podrían tener dos tipos de sistemas eléctricos. Por un lado, uno más horizontal, donde los lugares de generación de electricidad se encuentran distribuidos por todo el territorio en función de las características climáticas, hidrológicas y orográficas y en el que la distancia entre los lugares de generación y uso final no es muy grande. Por otro, un sistema más vertical, en el que las grandes centrales generadoras instaladas en determinadas localizaciones vierten la energía producida a una red eléctrica hacia los usuarios finales (hogares, empresas, núcleos urbanos, servicios colectivos .. .).
La diferencia entre ambos sistemas es que el primero tiende a generar relaciones más igualitarias, mientras que en el segundo el poder es jerárquico y muy asimétrico. Aunque los sistemas horizontales son más democráticos, a lo largo del siglo XX, la mayor parte de los sistemas eléctricos que se han construido en todo el mundo son del segundo tipo: unos sistemas verticales, centralizados y gobernantes por grandes monopolios eléctricos. El poder de estos monopolios, sin embargo, se ha controlado creando unos sistemas eléctricos integrados, públicos con empresas de titularidad estatal, regional o local.
En el caso de la Península Ibérica, se implantó un sistema levemente diferente donde las empresas de UNESA (hoy en día: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo (E.On) y Electricidad de Portugal) casi siempre han sido de titularidad privada. Por esta razón, siempre ha sido muy difícil que estas aceptaran la planificación y las tarifas eléctricas, pero desde la década de los 1990 las cosas han ido de mal en peor.
La parte más visible de este infortunio son los cambios que ha experimentado la tarifa y la factura eléctrica. Actualmente el precio al que se paga la electricidad viene marcado por las estrategias de beneficios y dividendos de los propietarios de las empresas de UNESA y no por las necesidades de la población.
El problema es que estas empresas de facto son un oligopolio y se benefician ellas mismas de lo que antes era un mecanismo redistributivo para todos y todas. Al mismo tiempo, influyen sobre las inversiones diciendo que necesitamos más capacidad de generación eléctrica que la que ya realmente utilizamos y la hacen pagar a todo el mundo (como las autopistas o aeropuertos). Es más, hacen todo lo posible para poder controlar todo el ámbito eléctrico de la península, desde el pantano más alejado de los Pirineos hasta la central de ciclo combinado más sofisticada, pasando por las placas solares que tenemos en nuestras casas o empresas, para seguir manteniendo su monopolio.
Con todo ello, estas empresas tienen “beneficios caídos del cielo” (windfall profits), ya que toda la electricidad se paga como si fuera la más cara de generar y se las compensa con conceptos ficticios en la factura eléctrica para cosas o situaciones que ellas mismas han creado -exceso de inversiones y capacidad- o por situaciones imaginadas, como unas hipotéticas pérdidas por un incremento de la competencia.
Por todo ello, como iremos desglosando en una segunda parte de esta serie, el precio que pagamos -o no podemos pagarlo, resultado de la “factura de la luz”, poco le queda del espíritu redistribuidor y políticamente unificador que tenía anteriormente. Este año, la “factura de la luz” se ha convertido en un instrumento de despojo, generador de más pobreza y exclusión.
* Aurèlia Mañé Estrada es miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa.
