Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
A pesar de los avances que representa este decreto, aún queda trabajo por hacer para lograr la plena equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con el resto de los sectores laborales en España. No me cabe duda de que desde CGT seguiremos de cerca el cumplimiento de este Real Decreto.
No sólo debemos exigir una semana laboral más corta drásticamente y los salarios más altos, pero también la regulación para terminar con la «flexibilidad» y nuestra «libertad» para nunca dejar de trabajar, con el fin de desarrollar una forma de realmente disfrutar y ejercer el poco tiempo que tenemos para nosotros lejos de las organizaciones opresivas y anti-democráticas (también conocidos como los lugares de trabajo) en el que pasamos gran parte de nuestras vidas.
Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado este miércoles una proposición no de norma en la que, recogiendo las reivindicaciones del Movimiento de Pensionistas, EH Bildu y Elkarrekin, instaban a la Cámara vizcaína a solicitar que se complementen las pensiones mínimas hasta 1.080 euros. PNV, PSE-EE y PP han votado en contra.
La iniciativa, debatida en el pleno de este miércoles con la presencia de representantes del colectivo de pensionistas, recuerda que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) está poniendo en marcha diferentes iniciativas para «garantizar que todas las personas pensionistas tengan unos ingresos mínimos de 1.080 euros, interpelando a partidos políticos e instituciones vascas».
Los dos grupos proponentes comparten las reivindicaciones de los pensionistas vascos y, por ello, las han trasladado a las Juntas Generales de Bizkaia para que «el asunto sea también aprobado, al igual que en muchos otros ayuntamientos e instituciones vascas».
Así, la proposición no de norma emplazaba a la Cámara vizcaína a instar al Gobierno y al Parlamento vascos a que se «complemente la pensión mínima de las personas pensionistas hasta 1.080 euros, en 14 pagas, con efecto retroactivo hasta el mes de enero de 2023».
Durante el debate, el juntero de EH Bildu Aitor López Vázquez ha confiado en que esta demanda «perfectamente se puede materializar» y ha destacado que, en Euskadi, cerca de 167.000 personas reciben una pensión inferior a la cifra reclamada, aproximadamente la mitad vizcaínas y «la mayoría mujeres o viudas».
Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Ricardo Vaquero ha subrayado que se trata de «una cuestión de justicia social». «La pensión de 1.080 euros es una medida concreta para garantizar la estabilidad financiera de nuestros mayores, así como necesaria para reconocer y valorar las contribuciones que han hecho y siguen haciendo a nuestra sociedad», ha defendido.
La apoderada de PNV Ziortza Álvarez, tras precisar que la gestión del sistema de pensiones corresponde al Gobierno central, ha valorado que el Gobierno Vasco lo «complementa» cuando hay personas que «no están suficientemente protegidas». Para ello, ha añadido, se cuenta con la Renta de Garantía de Ingresos, que en 2023 permitió «proteger a 14.300 pensionistas, lo que supone el 26% de los perceptores» de la RGI.
Son médicos contratados por los empresarios para controlar a los trabajadores y trabajadoras que están de baja por el médico de cabecera, (contingencia común) es decir, por Osakidetza, el Servicio Público de Salud.
Estas empresas se publicitan como servicios médicos complementarios, y se venden como una mejora en la atención sanitaria a la persona trabajadora que está de baja por enfermedad común.
BUZÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, cuya finalidad es reorientar el anterior Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral, para hacer frente a las situaciones injustas sufridas por trabajadores y trabajadoras, ofreciendo la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos.
La costumbre de referenciar la variación del coste de la cesta de la compra o el coste de la vida al índice de precios al consumo (IPC) nos hace pensar que esa referencia en la unidad de medida general válida para determinar las subidas salariales. Se suben todos los salarios de la escala porcentualmente referenciándolos al IPC nacional usándolo como factor multiplicador sobre el salario base del año anterior de cada trabajadora.
Todas las personas, en el mundo laboral, tenemos el derecho y la obligación de relacionarnos con un trato respetuoso y digno, así como a la salvaguarda de nuestros derechos laborales fundamentales. El acoso laboral y/o sexual por razón de sexo supone un grave atentado contra la dignidad de las personas, por eso las empresas deberán velar por el cumplimiento de un entorno laboral libre de todo tipo de acoso en sus respectivas áreas y deberán garantizar el derecho a la intimidad, a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. También el derecho a la seguridad, a la salud e integridad física y moral, y el derecho a la libertad sexual.
