Por unas pensiones públicas dignas justas y suficientes el día 30 de Noviembre en Iruña y el 5 de Diciembre en los pueblos y capitales de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Congreso el 19 de de Noviembre con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Junts y el PNV, aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo, donde se ha dado prioridad al acuerdo del gobierno con las derechas y centro-derechas, donde se mantiene substancialmente el deterioro de las prestaciones contenidas en las Reformas de 2011 y 2013, sin mención a la derogación del Factor de Sostenibilidad que reduce las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida, que entrará en vigor en 2023
En las recomendaciones hay reconocimiento de que el sistema de pensiones siempre ha sido sostenible y que durante años se han desviado cotizaciones sociales para financiar políticas de Estado, distintas de las prestaciones sociales y que se recomienda desglosar gastos propios e impropios y acabar con el déficit financiero de la SS. Sin embargo, es inaceptable que el “saqueo” de estos fondos se quede en un estudio sin establecer un compromiso de devolución.
Si bien para este año se recomienda la subida de todas las pensiones “según el IPC real”, olivándose de las pensiones mínimas y por supuesto de la reivindicación del Movimiento de Pensionistas de 1080 euros.(Solamente se dice que las pensiones no contributivas, este año, subirán el 1,8%). No se dice nada de que la revalorización de las pensiones sea automática y por Ley, manteniéndose el Indicé de revalorización de las pensiones de la Reforma de Rajoy.
Que se evalúe como positivo el incremento del periodo de cálculo de la Base Reguladora o se hable de la posibilidad de elegir los años más favorables, defiende la ampliación del periodo de cálculo establecido en la reforma de 2011 de Zapatero y abre la puerta a futuras ampliaciones a toda la vida laboral, con gran impacto en las pensiones de personas con empleos precarios, temporales o parciales, habituales en la mujeres, por lo que no se corregiría la brecha de género.
En cuanto a la edad de jubilación se mantiene en activo la Reforma de Zapatero, con la jubilación a los 67 años para el 2027 y plantea restringir y penalizar económicamente el acceso a la jubilación anticipada para retrasarla, acabar con el derecho adquirido a la jubilación voluntaria y el contrato relevo, como instrumento eficaz para el acceso al empleo fijo y de calidad de las personas jóvenes.
No se contempla la posibilidad de la jubilación sin penalizar para las personas con más de 40 años cotizados y para nada se hace referencia a la concreción del Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, aprobado por el gobierno de Zapatero, sobre COEFICIENTES REDUCTORES de la edad de jubilación , para personas en puestos de trabajo con un alto índice de penosidad, toxicidad, peligrosidad y mortalidad, que pueden llegar a limitar sustancialmente su calidad y esperanza de vida, e incluso provocar su muerte.
Se introducen como un pilar del sistema de la SS, los planes privados de pensiones, incentivados por dinero público con bonificaciones fiscales, como los planes de empleo pactados en convenio (EPSVs) o los individuales, un sistema que favorece a las personas con salarios altos y ofrece una excusa a las empresas para exigir la reducción de sus cuotas empresariales, beneficiando a entidades bancarias y aseguradoras, que las gestionan con altas comisiones, así como a los sindicatos que participan en los órganos de gobierno (ELA, LAB, CCOO y UGT).
Especialmente preocupante es la recomendación de completar el proceso de modernización de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pretendiendo modificar la Ley General de la Seguridad Social para blindar su “plena autonomía organizativa y de gestión“, aumentar su financiación, posibilitando la contratación de médicos públicos y el acaparamiento del conjunto de la atención sanitaria de l@s trabajador@s en activo, profundizando la dualización y privatización del sistema, y abandonar a las personas no productivas en una sanidad pública precarizada.
En definitiva, se asume el discurso de los poderes económicos, que determina el futuro de las pensiones en función del gasto y la demografía, relega cuestiones trascendentales como la creación de empleo estable y de calidad, y la redistribución justa de los incrementos en la productividad de la economía.
Tras la aprobación en el Congreso de estas recomendaciones, la reforma de las pensiones va a depender de los cambios legislativos que se aprueben a partir de ahora. Por eso lo importante es seguir luchando, tanto las personas jubiladas como las trabajadoras, ya que van a ser estas últimas las más directamente afectadas con esta nueva reforma. Es necesario conseguir un Sistema Público de Pensiones que garantice unas pensiones públicas, universales y dignas.
CGT-LKN Euskal Herria
