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La política del PNV y sus gobiernos: Enormes cantidades de dinero para las empresas y miserables para las familias

El PNV y los estamentos de Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasco, por encima de todo defiende a capa y espada los beneficios empresariales y se traduce en la práctica en rebajas fiscales continuas, subvenciones y ayudas que con la coartada del mantenimiento del empleo consiguen substanciosos beneficios. En vez de defender un sistema de protección solidario en el que los más afortunados subvencionen a los menos, las ayudas diseñadas para pobres resultan ser ayudas pobres como el SMI y la RGI.

La última ayuda para trabajadores y trabajadoras pobres es para complementar los sueldos de los trabajadores inmersos en un ERTE que tienen salarios hasta 20.000 euros brutos anuales, fue pactada el 18 de junio en el marco de la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno vasco, la organización empresarial Confebask y las centrales sindicales CC.OO. y UGT.

Según informa el Gobierno Vasco “quienes trabajen hasta un 50% de la jornada laboral percibirán 100 euros de complemento; las personas que tengan jornadas por encima del 50%, recibirán 150 euros”. Estos tramos se mantendrán igual para todas las personas con salarios por debajo de la citada base de cotización, a partir del 1 de julio hasta el 30 de Septiembre.

El complemento será de cuantía fija en función de la jornada durante todo el periodo de su percepción y se reconocerá con independencia de la naturaleza del contrato de trabajo de la persona beneficiaria. En ningún caso, la persona trabajadora podrá percibir en situación de ERTE una prestación total superior a su retribución en activo.

Estas ayudas contrastan fuertemente con las ayudas que la Diputación foral de Bizkaia, así dentro los esfuerzos de crear un gran centro de emprendimiento para aumentar la competitividad, se inunda de dinero público una iniciativa en la que la propiedad del edificio, (Torre Bizkaia, la antigua sede del BBVA) es un fondo de inversión al que se paga una alquiler millonario, mientras se costean desde la Diputación todos los costes de la transformación y decoración del mismo.

La financiación de la llamada “colaboración público-privada” en la regulación de sectores básicos para la vida, como la sanidad privada, cuya escasa colaboración en contención de la pandemia ha sido pagada y bien pagada, sin que se conozca públicamente el total de la factura, que según las informaciones que llegan de Catalunya es escandalosa (Hasta 44.000 euros por un tratamiento a una persona afectada por el Covid19 en UCI), o como en las residencias de ancianos y ancianas, propiedad en algunos casos de fondos de inversión emergentes en el sector como Azora y Domus, con cientos de muertos por la pandemia a causa del hacinamiento y déficit de atención, por falta de plantilla.

La rebaja fiscal a la mitad, sobre el tope del 49%, el tipo del IRPF, para los gestores de fondos de inversión, dedicados al emprendimiento de empresas, realizada con nocturnidad y alevosía en los momentos más críticos de la pandemia, cuando ya era evidente la necesidad de ingresos públicos para responder al covid-19. Y la reducción del “60%” en el Impuesto de Sociedades del 2019 y 2020, con el fin de reactivar la economía, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos como la reducción en un 50% del resultado contable y el compromiso de, por ejemplo, invertir en proyectos de I+D+i., o la declaración del diputado general Rementeria favorable a eliminar el impuesto de patrimonio

La financiación de grades obras innecesarias como el TAV o la Supersur, y de otros nuevos proyectos, como el Energy Intelligence Center, de la mano de grandes transnacionales como Petronor, cuya construcción en Zierbena se ha anunciado recientemente (licitación incluida), y que opera también bajo esos parámetros de generación de “entornos competitivos”. Un proyecto que, más allá de la presencia que las energías renovables tendrán en su seno, prevé un pilar estratégico de intervención en torno al gas y el petroleo.

Estas subvenciones, rebajas fiscales, prestamos con bajo o nulo interés, etc. son una lacra que van a parar a manos de empresas y propietarios que distorsionan el “libre mercado”, se orienta la actividad económica hacia determinados sectores o tipos de empresas amigas, en detrimento de las demás. Los planes de subvenciones a la ocupación, el empleo o el consumo como los planes RENOVE, que solo acceden las personas de más nivel económico, son ineficaces y se ha demostrado que 9 de cada 10 empresas, habrían creado estos puestos de trabajo de todas las formas.

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