Para la CGT, la erradicación de las prolongaciones ilegales de jornada ha sido, y sigue siendo, unas de los ejes fundamentales de nuestra acción sindical. Prolongaciones que son un auténtico fraude social, ya que ni son pagadas a quienes prolongan, ni son cotizadas a la seguridad social, ni son tributadas a la hacienda pública, e impiden además la creación de empleo en unos momentos en los que el reparto del trabajo debiera ser una prioridad de Estado. En definitiva, unas prolongaciones que únicamente benefician a las patronales empresariales.