Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
IA Conclusión: La subida lineal es un sistema equitativo que, combinado con el plus de antigüedad y las categorías profesionales, garantiza que todos los trabajadores sean tratados de manera justa.
Si alguien siente que no está siendo adecuadamente compensado, la solución no es cambiar la subida lineal por una subida porcentual, sino revisar si su categoría profesional refleja correctamente sus responsabilidades y experiencia.
Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y, aunque no vamos a realizar un análisis exhaustivo del contenido de esta norma, entendemos que debemos destacar alguno de sus elementos, sobre todo los que hacen referencia a la vida laboral de las personas trabajadoras.
El impacto negativo que las mutuas tienen en la salud y los derechos de las personas trabajadoras, especialmente en un contexto de alarmante aumento de la siniestralidad en nuestra comunidad. Para darlo a conocer, hemos publicado un cómic en el que se denuncia la privatización de la sanidad a través de ellas, y creemos que es el momento de exigir que los centros, personal y recursos de las mismas, pasen a formar parte del Sistema Sanitario Público de Navarra.
– La dificultad para el acceso de los pacientes al fármaco Sovaldi, es un eslabón más dentro de la cadena de tragedias en la que han convertido la asistencia sanitaria los diferentes partidos políticos en el ámbito estatal.
– Los costes en el estado español, de entre 25.000 y 60.000 € por tratamiento, mientras que el mismo tiene un coste de 300 dólares en la India y 900 euros en Egipto, permite visibilizar los astronómicos márgenes en los que se mueve el sector de la “farmafia”. La justificación de las multinacionales de los elevados precios en base a la “costosa investigación previa”, ha sido rebatida por diferentes autores (1).
– Desde hace años venimos denunciando la inexistencia de una política farmacéutica dirigida a satisfacer las necesidades de la población en este país. La aprobación de la Ley General de Sanidad, en 1986, con el consenso de todos los partidos políticos, supuso el abandono de cualquier posibilidad de planificación estratégica del sector de los medicamentos, plegándose a partir de aquel momento a los intereses de las multinacionales, algunas de las cuales promovieron la llegada al poder de los “jóvenes de las chaquetas de pana”.
Los distintos sindicatos y colectivos sociales que actualmente integramos el Bloque combativo y de clase, manifestamos que:
– Las organizaciones sindicales deben estar sólo al servicio de los/as trabajadores/as (en activo, parados/as, precarios/as, estudiantes, jubilados/as…), de sus intereses como clase social y actuando al margen de favores económicos y de injerencias políticas ajenas al mundo del trabajo. Su ámbito de lucha y lugar natural de acción está en el plano económico, en los tajos, enfrentándose a la precariedad, el paro, la pérdida de derechos laborales, oponiéndose al empeoramiento de las condiciones de vida de los/as trabajadores/as.
– Entendiendo que las personas no somos meras productoras-consumidoras, debemos solidarizarnos y confluir en las luchas con los movimientos sociales que defiendan todo aquello que nos es necesario y común como clase: sanidad, educación, servicios sociales, protección del medio ambiente, derecho a la vivienda, al aborto libre y gratuito… y construir así una corriente de apoyo mutuo en la contestación social.
CGT, ha convocado para el día 26 de diciembre una jornada de huelga de 23 horas, de 00.00 a 23.00 horas, una vez subsanados los problemas técnicos que aducía la empresa en su intento de declararla ilegal.
Con esta nueva convocatoria de huelga CGT viene a poner en manifiesto las maniobras por parte de la Dirección para evitar la movilizaciones en contra del desmantelamiento del Sector Publico Ferroviario.
Los ferroviarios y ferroviarias vienen sufriendo desde hace años un ataque programado a sus condiciones laborales y al nivel de empleo sin que haya sido posible actuar desde la unidad de acción, a pesar de los numerosos intentos realizados por CGT.
Nuevamente los medios de comunicación nos sobresaltan a primera hora con la noticia de una nueva actuación del aparato represor del Estado: en esta ocasión los mossos de escuadra desarrollaban un nuevo montaje contra el movimiento libertario ibérico.
Con el rimbombante nombre de “operación Pandora”, desde las oscuras alcantarillas del Estado se diseña nuevamente una estrategia de “acoso y derribo” del Movimiento Libertario. No nos sorprende, cada cierto tiempo el poder se siente amenazado por un incuestionable crecimiento de un movimiento y unas ideas opuestas frontalmente a sus planes de sometimiento, esclavitud y precarización de las clases populares con la excusa de la crisis, de su crisis-estafa y entonces desarrolla operaciones destinadas al descrédito del movimiento libertario.
En silencio y muchas de ellas con mordaza, para expresar el rechazo de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (LEY MORDAZA), aprobada recientemente por el Congreso, quedando solamente el trámite del Senado. Convocada por más de veinte organizaciones sociales, políticas y sindicales, la concentración se ha desarrollado en la plaza Circular (Biribila) de Bilbao, desde 12:00 h. y por un tiempo de 30 minutos.
Con el lema de NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, la «Ley Mordaza», restringe las libertades de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se criminaliza la protesta ante las actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas.
Quieren ampliar la relación de sanciones administrativas y delitos, a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales , etc. Estas acciones podrán ser definidas como atentados contra la autoridad y pueden ser sancionadas con multas que van desde 100 hasta 600.000 euros.
El PP y todas la Patronales, responsables de las políticas y leyes de amordazamiento de todos los derechos laborales de las personas trabajadoras, a través y fundamentalmente con la Reforma Laboral de febrero de 2012, que han destruido más de 1 millón de puestos de trabajo, sobre todo los fijos, a la vez que ha destruido más de 300.000 empleos de lo Público (Educación, Sanidad, ayuntamientos, empresas públicas).
Han invalidado la negociación colectiva, trasladando a la patronal la “autoridad absoluta” para disponer del contrato a su libre voluntad: contratos precarios, contratos basura, flexibilidad en horarios, jornadas extras sin remuneración, bajada de salarios con el consiguiente empobrecimiento de un tercio de los asalariados y asalariadas, hasta conseguir que el 34% de todas estas personas no lleguen ni siquiera a cobrar el salario mínimo interprofesional.
La «ley mordaza»: una ley para criminalizar la protesta
El Pleno del Congreso ha aprobado la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana «‘Ley Mordaza», que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. Esta ley trata de criminalizar la protesta, ante las actuaciones que desde el pueblo se han llevado a cabo para proteger los derechos y libertades de las personas
Dentro de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las «devoluciones en caliente» de las personas inmigrantes, que vulnera los derechos humanos contenidos en numerosas directivas internacionales.
Esta ley supone un endurecimiento de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el año 1992, una ley que desde un centenar de colectivos sociales e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.
Algunas de estas conductas se encontraban hasta ahora tipificadas como falta en el Código Penal. Tratadas como faltas, comportaban un juicio previo, unos plazos de prescripción más cortos y una sanción económica mucho más leve que las infracciones administrativas ahora tipificadas por la Ley Mordaza.
Los datos del Ministerio de Educación registran que entre 2012 y 2014 la universidad ha perdido a 45.000 estudiantes. La campaña #faltan45.000, puesta en marcha por un grupo heterogéneo de personas que participaban en diferentes movimientos estudiantiles, denuncia que se trata de estudiantes que se han ido “por no poder pagar”.
Y no sólo eso: otros muchos miles optan por no matricularse del curso completo por motivos económicos. Se calcula que de un 15% a un 20% de la población universitaria española no se está matriculando o bien de un curso completo o bien de asignaturas en segundas o terceras matrículas, alargándose correspondientemente el número de años en la universidad.
El Pleno del Congreso ha aprobado ayer la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana o ‘Ley Mordaza’, que ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que presentaron nueve enmiendas a la totalidad. Dentro de las numerosas medidas que presenta la ley se encuentra la legalización de las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla, medida criticada entre otros por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
De las 270 enmiendas presentadas a la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50. La mayoría de las tramitadas hacen referencia a mejoras técnicas del texto –no del contenido–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde un centenar de colectivos sociales e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión.
Quedan 24 horas para que el PP apruebe en solitario la #LeyMordaza, y nos obsequie a los ciudadanos con multas de hasta 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por difundir imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes, o por no identificarse ante la policía. Pero un gigantesco clamor público justo ahora puede forzar al PP a parar esta mordaza anti-ciudadana.
El PP sabe que con tantas políticas impopulares está perdiendo la batalla frente a la opinión pública, y con esta Ley de Seguridad Ciudadana busca anular las voces de los que denunciamos las fechorías de los corruptos y exigimos responsabilidades. Pero aún podemos parar esta propuesta absolutamente anti democrática, forzando al gobierno a elegir entre aferrarse a su agenda represora o enfrentarse al mayor descalabro electoral en la historia de nuestra democracia.
Haz clic para firmar esta petición urgente e invita a todo el mundo a unirse. Es hora de crear una campaña ciudadana sin precedentes y levantar un clamor que retumbe en todo el país. Si no actuamos ahora, en 24 horas habrán herido de muerte nuestro derecho a expresarnos y protestar pacíficamente:
«La desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo”. Ahora lo dice hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y lo hace con un detallado análisis econométrico de cómo se distribuyó la renta en una veintena de países durante dos décadas (1985-2005) y como afectó eso al crecimiento. Su principal conclusión es que hay que fijarse más en lo que ocurre con las personas con menos ingresos (que suelen ocupar hasta el 40% de la población), porque repercute al conjunto.
Más de un millón de personas de toda Europa han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea auto-organizada que se opone a los acuerdos entre la Unión Europea y Norte América en sólo dos meses. La campaña, organizada por la Coalición Stop TTIP, está apoyada por más de 320 organizaciones civiles, sindicatos, y oficinas de los consumidores de los 24 estados miembro de la UE.
Los activistas afirman que estos controvertidos acuerdos, TTIP y CETA, darían un poder sin precedentes a las corporaciones internacionales que amenaza con prevalecer sobre la democracia, el estado de derecho y nuestras protecciones sociales, laborales y medioambientales más preciadas. Estos acuerdos permitirán a las corporaciones demandar a los gobiernos, cada vez que aprueben una ley a favor del interés público que dañe sus beneficios futuros, en tribunales de arbitraje donde pedirán compensaciones millonarias pagadas con el dinero de los contribuyentes.
2014eko ekainean, 2013-2014 ikasturtearen amaneraren atarian, CGT-LKNtik Eusko Jaurlaritzako buruei idatzi bat igorri genien LOMCE legearen garapenari eta ezarpenari buruzko azalpenak eskatuz.
En junio de 2014, a las puertas del final del curso escolar 2013/2014, desde CGTLKN enviamos un escrito a diversos responsables del Gobierno Vasco, reclamándoles explicaciones públicas sobre sus intenciones de cara a la implantación y desarrollo de la LOMCE.
El joven de 25 años que reside en Japón, a través de su arte nos muestra que el sexismo es doloroso para todos y nos recuerda que sólo podemos superarlo si trabajamos todos juntos.
Rasenth creó este comic luego de que el estudiante Elliot Rodger matara a seis personas y dejara a 13 heridas en represalia a aquellas mujeres que habían rechazado sus acercamientos románticos. La actitud de Rodger hacia las mujeres sacó a la luz una cultura misógina de culpar a las mujeres por la infelicidad de los hombres -cuando puede ser que el sexismo sea el verdadero culpable.
Pídele al nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que derogue el RDL 16 / 2012, una medida inhumana e irresponsable que ha excluido a más de 800.000 inmigrantes de la sanidad pública.
Cámaras ocultas en una farmacia cualquiera. Hicimos creer a los clientes que sus tarjetas sanitarias habían sido destruidas. Lo que pasó va a abrirte los ojos.
¡MUÉVELO!
COMPARTE EL VÍDEO CON TUS AMIGOS:
