La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha situado el automóvil en su punto de mira. El organismo supervisor anunció este viernes que ha ampliado a otras 11 empresas la investigación a gran escala abierta el año pasado a fabricantes y redes de concesionarios para determinar si pactan precios y condiciones comerciales e intercambian “información sensible” en el negocio de la distribución. Con ello, ya son 24 las marcas afectadas por las pesquisas del regulador, mientras se examina el papel de dos firmas de consultoría y el trabajo de más de un centenar de concesionarios.
La investigación, lanzada el verano pasado tras una serie de inspecciones realizadas semanas antes, se divide en dos expedientes sancionadores. El primero afecta a los fabricantes y sus distribuidoras y salpica a todas las grandes marcas. La CNMC concluye que existen “indicios racionales” de vulneración de la competencia, “consistentes en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas”. Fuentes del sector aclaran que se trata sobre todo de datos sobre la rentabilidad de la red de distribución, y por eso están incluidas en el expediente Snap-On y Urban Science, dos consultoras que realizan informes de referencia en el sector.
Además de estas firmas, las primeras empresas incluidas en el expediente fueron Chrysler España, Fiat Group Automobiles Spain, Ford España, General Motors España, Honda Automóviles España, Hyundai Motor España, Kia Motors Iberia, Nissan Iberia, Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España, Seat, Toyota España y Volkswagen Audi España. Ahora “tras el análisis de la documentación”, el supervisor ha decidido incluir a otras 11 empresas: Automóviles Citroën España, B&M Automóviles España (distribuidora de Mitsubishi), BMW Ibérica, Chevrolet España, Mazda Automóviles España, Mercedes Benz España, Orio Spain (distribuida de Saab), Peugeot España, Porsche Ibérica, Renault España Comercial y Volvo Car España.
El segundo expediente apunta a los concesionarios. De momento, ya hay más de un centenar de empresas investigadas por posible pacto de precios y condiciones comerciales. Precisamente hace unos días la CNMC amplió también este expediente a 18 concesionarios más.
Las empresas afectadas guardan oficialmente silencio, a la espera de que Competencia decida sobre los expedientes. El sector siempre ha presumido de gozar de un elevado nivel de competencia en la distribución de automóviles que permite a los clientes beneficiarse de elevados descuentos.
La CNMV recuerda en un comunicado que la ampliación de la incoación “no prejuzga el resultado final de la investigación” y que se mantiene vigente el periodo máximo de 18 meses desde la fecha en la que se abrió la investigación “para la instrucción y resolución del expediente”. Las conductas que se investigan se consideran infracciones muy graves y pueden suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
Si el supervisor determinara finalmente que existen prácticas anticompetitivas en la venta de automóviles, bien a través de las distribuidoras de los fabricantes como de la red de concesionarios, supondría un duro golpe para el sector. Las ventas de coches consolidaron su recuperación en abril, con ocho meses consecutivos al alza y el objetivo de vender 820.000 turismos durante todo el año. Esta cifra es superior a la de 2003 (722.703 matriculaciones), pero está lejos aún de los 1,6 millones de unidades que se vendían en 2006. El objetivo del sector es llegar a entre 1,2 y 1,3 millones de turismos al año.
Mientras los fabricantes han podido capear un poco mejor la crisis gracias a las exportaciones (más del 80% se vende fuera), los concesionarios han sufrido duramente la crisis. Se han perdido 3.000 empresas y entre 40.000 y 50.000 empleados se han quedado en la calle. En 2003 cerraron su primer ejercicio sin pérdidas en tres años gracias al impulso de las ayudas oficiales a la compra de automóvil a través de los planes PIVE. La rentabilidad se situó en el 0,09% sobre la facturación, según un estudio de Snap-on, precisamente una de las consultoras incluidas en la investigación.
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