En el Congreso de los Diputados, actualmente se está tratando la modificación de la «Ley de Seguridad ciudadana», cuyo proyecto presentado por el Gobierno es conocido como la «Ley Mordaza», cuyo objetivo fundamental es la represión ciudadana en base a fuertes multas administrativas de difícil recurso que oscilan entre los 1.000 y 30.000 euros , por la «perturbación grave del orden público», la desobediencia o resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse, etc.
Tanto al ministro del interior como al nuevo ministro de justicia, se les ha ocurrido la brillante idea de introducir en alguno de los artículos o disposiciones de la «Ley Mordaza», la de legalizar la devolución de las personas inmigrantes en caliente, bajo el título de Rechazo en Frontera. Se trata de hacer bajar a las personas inmigrantes encaramados en valla, apalearlos si se resisten a la autoridad y devolverlos a Marruecos.

Los modelos productivos cambian con el fin de superar las resistencias de los trabajadores y por ello las herramientas han de modificarse para volver a cambiar las relaciones de fuerzas, para recuperar la iniciativa. De esta manera, no podemos defender el trabajo sin pasar por resistir en todos los espacios donde se desarrolla, desde una fábrica cada vez más automatizada a un supermercado o una start-up.Defender el trabajo pasa por defender la dignidad de la vida.
NO TODOS LOS SINDICATOS SOMOS IGUALES





Bajo el lema «Nos arrastran al empobrecimiento y la precariedad. Euskal Herria bere bidea» se llevarán a cabo concentraciones ante el Gobierno y el parlamento Vasco. Así, el 17 de octubre, y coincidiendo con el “Día por la Erradicación de la Pobreza” se realizará una concentración ante la delegación del Gobierno Vasco en Bilbo. Después, el 7 de noviembre, se celebrará otra ante el Parlamento Vasco en Gasteiz mientras se celebra el “Pleno Monográfico sobre la estrategia integral a desarrollar por el Gobierno para hacer frente al paro y la pobreza”
La Confederación General del Trabajo ha presentado escrito de personación ante el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional en las diligencias previas relativas al “caso Bankia”, como parte acusadora, ejercitando la acción particular, contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como, frente a los ya querellados, y/o denunciados en el procedimiento.