Los beneficios hasta el mes de junio de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP sumaron 4.225 millones de euros, tan solo un 1,65% menos que el año anterior, y esto en plena crisis que azota a los consumidores.
Este es el contexto en el que se presentó la reforma eléctrica del Gobierno, destinada a terminar con el déficit de tarifa -dinero que debe el Estado a las eléctricas-, y que supondrá un importante ataque a la economía de los consumidores.
Poner en la misma balanza a los consumidores que a las grandes empresas es un juego tramposo. Por eso, cuando se pretende vender que la reforma eléctrica paliará el déficit de tarifa con el esfuerzo equilibrado de consumidores, Estado y empresas, se están escamoteando aristas de la realidad. Son los consumidores los que más caro van a pagar el pato.
Los trabajadores del Estado español invierten 53 horas más al año que la media de los empleados de la Eurozona. Los datos de Eurofond confirman que se producen muchas diferencias en jornada laboral en la UE de los 28, porque el estudio incorpora a Croacia.
El Banco de España en su memoria anual correspondiente a 2012, señala que el riesgo de que el paro de larga duración se haga «crónico» es «muy preocupante» y propone que las empresas pudiesen contratar pagando menos de lo que exigen los convenios colectivos de sectores o empresas, algo visto con muy buenos ojos por los empresarios.
El sector financiero ha comenzado a padecer en carne propia diversos procesos de despidos colectivos de manera traumática. Casos como el de Sabadell-CAM o el de Bankia eran impensables hasta hace muy poco, ya que las empresas (bancos y cajas actualmente bancarizadas) habían llevado a cabo sus reestructuraciones o reducciones de plantilla por métodos menos traumáticos. La nueva situación obliga a los trabajadores y a los sindicatos del sector a responder a la agresividad de las medidas colectivas de despido.
