Muchos intereses por medio y nada de transparencia, demasiadas preguntas sin respuesta, pero la Hacienda Pública es la defraudada con la ilegal e injusta aplicación del tax lease, que se presenta como ayudas, y es a Hacienda a quien han de devolver, no la “ayuda”, sino los impuestos evadidos mediante el truco del tax lease que ascienden a 2.800 millones en 4 años.
¿Cómo se entiende que sindicatos, partidos políticos, instituciones y trabajadores, todos juntitos, se movilicen por una evasión fiscal tan escandalosa? ¿Cómo es posible que los sindicatos denominados de clase defiendan los intereses del gran capital con la coartada de la defensa de los puestos de trabajo de calidad para una minoría y precarios para la inmensa mayoría? ¿Cuantas reconversiones del sector naval se tienen que hacer a cuenta de los impuestos de todos y todas para beneficio de los grandes capitalistas?.
El tax lease funciona de la siguiente manera: El Armador encarga un buque al Astillero y vende el buque a una entidad financiera de Leasing que financia la compra. Esta realiza un Leasing o alquiler con derecho a compra a una AIE (Agrupación de Interés Económico) que financia el pago de cuotas y permite la amortización acelerada del buque y ésta a su vez realquila el buque a ese mismo Armador, con una opción de compra de la nave con pagos pactados hasta la puesta en circulación.
En el denominado Sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF), se forma una Agrupación de Interés Económico (AIE), compuesto por empresas con grandes beneficios como Inditex, El Corte Ingles, Ikea, BBVA, etc, que tendrían que tributar a Hacienda por sus beneficios, pero “invirtiendo” en el sector naval, su cuenta de resultados se queda reducida en dicha cantidad, eludiendo el impuesto de lo invertido.
Ahora bien, la inversión no sólo está diseñada para evadir impuestos, pues para eso ya tienen las Sicav y los paraísos fiscales, sino para obtener unos rendimientos adicionales. Y éstos los obtienen mediante la amortización acelerada del buque, que según el Art. 108-114 de la Ley de impuestos de Sociedades, no está sujeta a impuestos. El efecto final es una reducción de gastos de impuestos de los socios de las AEI y se traslada al Armador un menor coste final del buque (Entre un 20% y 30%), frente a la compra directa, mientras la industria naval obtiene pequeños márgenes de beneficio.
En resumen, de las arcas del Estado, de donde ha de salir el dinero para cubrir las prestaciones sociales, han desaparecido 2.800 millones de euros, cantidad que se ha defraudado y que ha ido a parar al bolsillo de los grandes capitalistas. Ahora el Gobierno del PP con el apoyo del PSOE, instituciones y sindicatos corruptos, en nombre de los defraudadores, anuncian que recurrirán a la CE, pero en realidad, ese dinero se ha restado de prestaciones sociales y es ilegítimo que sea destinado a este fin.
