Condenamos sin paliativos la represión puesta en marcha desde el Ministerio del Interior para criminalizar la lucha sindical y social, queriendo “hacer un problema de orden público” donde solo hay lucha contra la injusticia social y en defensa de los derechos y los servicios públicos.
Exigimos que se acabe con la supuesta veracidad de los testimonios de los policías en los juicios. Esa Ley es arbitraria e injusta, ya que constantemente se están produciendo condenas, no con pruebas irrefutables sino por los testimonios policiales a los que los jueces les otorgan credibilidad, en especial tras demostrarse como la policía amparándose en la legalidad, redactan atestados que desvirtúan los hechos, y que son admitidos en los juzgados cómo prueba de carga, aunque en la mayoría de los casos podamos demostrar que no recogen la realidad.
Eleva la indemnización de una trabajadora que fue despedida después de 32 años de 16.813 euros a 58.035 euros.
¿Dónde se aplica el secreto de las comunicaciones?
Hablamos de sanciones de 300 €, hasta incluso 3000 €, amparadas en supuestas desobediencias o desórdenes, que sólo persiguen desincentivar a cualquier persona para que no acuda a reuniones o manifestacione