El TISA apuesta por abrir los mercados nacionales sin vincular el tratado a las ocho normas básicas relativas a defensa del trabajo digno o convenios colectivos.
El TiSA (Trade in Services Agreement), también llamado Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) es un tratado para la liberación de los servicios incluidos los públicos. Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ u otro que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Otra de las condiciones a introducir es la cláusula de la irrevocabilidad, según la cual una vez privatizado un servicio público ya no se podrá devolver a manos públicas. Son susceptibles de liberalización los servicios sanitarios, servicios sociales, pensiones y educación.
Además, varios de los países que negocian no han firmado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el texto del Parlamento sobre TiSA no les obliga a hacerlo. Cada Estado de la UE ha suscrito por separado los ocho convenios fundamentales, pero el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 no lo reconocen ni EEUU, ni Taiwán, ni Corea del Sur, ni Hong Kong, ni China.
Los ocho convenios fundamentales de la OIT abarcan: la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948); el derecho de sindicación y de negociación colectiva, (1949);la igualdad de remuneración (1951); la abolición del trabajo forzoso (1957); la discriminación laboral (1958); la edad mínima para trabajar (1973); y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999.
No existen normas internacionales protectoras de los derechos laborales que sean igualmente obligatorias para todos los países que están negociando el TISA, ni hay presión política capaz de obligar a países como Estados Unidos a la ratificación de los Convenios de la OIT que lleva décadas negándose a asumir.
