Un año después de uno de los mayores accidentes nucleares, el gobierno del Partido Popular, y a la vez de las grandes compañías eléctricas, se empeña en mantener la explotación de la Central Nuclear de Garoña, un reactor idéntico a uno de los más afectados en aquella catástrofe.
El Gobierno ha anunciado recientemente su decisión de prorrogar la vida de la Central al menos hasta 2019, a pesar de que ya el anterior gobierno determinó su cierre para el año 2013 y así fue ratificado por la Audiencia Nacional.
Dicho cierre, tal y como exigió ante la Audiencia Nacional la CGT junto a Greenpeace y Ecologistas en Acción, tendría que haberse realizado en el año 2009, cuando la Central cumplió el periodo de 40 años para el que había sido diseñada para funcionar con “seguridad”.
La prórroga de Garoña no ha sido la única medida adoptada por el actual Gobierno abandonando los intereses generales y allanándose a los intereses de las grandes compañías eléctricas. La aprobación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas y la eliminación de un plumazo de las ayudas al desarrollo de la energías renovables, que ya están destruyendo cientos de puestos de trabajo en este sector, son nuevos atentado un modelo energético seguro.
