Fuimos el primer colectivo de trabajadores españoles abducidos del mercado laboral legal hace dos décadas. Hasta mediados de última década del pasado siglo nos llamaban recepcionistas, conserjes, porteros, bedeles, ordenanzas. Pero entonces surgieron empresas privadas que, imitando un modelo económico anglosajón, se posicionaron en las relaciones laborales entre nosotros y los clientes, para entre ambos fingir que trabajábamos para aquellas, a fin de separarnos de los convenios sectoriales y aplicarnos sus convenios-basura, que sin excepción imponían condiciones inferiores.

Resultado de imagen de subcontratas cgtEl tráfico de trabajadores resultante incurre masivamente en Cesión Ilegal y Fraude de Ley entre otros ilícitos, a los que se suma una larga serie de abusos que cuesta resumir, en materias que van desde salarios pasando por funciones hasta horarios. El acoso laboral contra quienes se resistían, para que abandonaran sus empleos sin indemnización, se hizo habitual.

Entre 1999 y 2008 la UE dictó 3 Directivas que protegen a las personas caer en esta trata de trabajadores, pero en España prácticamente no rigen por interés de las administraciones, principales clientes de ETT que simulan ser empresas de servicios con el consentimiento de jueces e inspectores, al único fin de eludir la legislación europea para abaratar costes.

Mediante sucesivas avalanchas de despidos en cada Sucesión de Empresa, destruyeron la transmisión de la experiencia en derecho laboral, toda conciencia y sensibilización sindical y por tanto la cohesión de nuestro colectivo. Seremos unos 200.000 trabajadores en toda España, pero dadas las elevadas tasas de dispersión, temporalidad y pobreza endémica a que nos han sometido es imposible organizarnos. No es casual, ya que romper la unión de los afectados para que no puedan ni quieran intentar defenderse contra su explotación es un objeto primordial de las falsas externalizaciones.

Tras el éxito con los Auxiliares, los multiservicios o subcontratas, en sinergia con sus clientes y con apoyo de administraciones públicas que van desde ayuntamientos a ministerios, fueron a por otros colectivos como Limpiadoras, Jardineros, Administrativos, Telefonistas, Técnicos… la lista sería casi tan larga como los asalariados del Índice General de Ocupaciones. De forma silenciosa, la red de tráfico de trabajadores se ha hecho con gran parte del mercado laboral español, y sigue creciendo imparable por su total impunidad.

En 2016 un Auxiliar despedido denunció ante la Comisión Europea todo el sistema de tráfico de trabajadores cedidos en España a través de su caso, enmarcándolo como uno más dentro de una situación ya cotidiana en todo el país, a fin de que se abriese un Proceso de Infracción y fuese juzgado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene plena competencia en el asunto por infringirse Directivas de la UE y disposiciones de tratados europeos.

En 2018 las autoridades españolas del gobierno saliente presionaron a la CE y esta comunicó al demandante el archivo del caso cerrando su curso al TJUE. Este hizo una Petición de intervención al Parlamento Europeo que fue aceptada a trámite, mientras eurodiputados españoles se interesaron por el asunto y preguntaron oficialmente por él; suficiente para que la CE se desdijera y negase en sede parlamentaria haber cerrado el caso.

Parece que en la CE dudan de la veracidad y alcance de los hechos, quizás porque desde 2009 solo uno de los afectados ha averiguado por su cuenta que pasos debía dar para iniciar un Procedimiento de Infracción: así pues, para demostrar a la UE que esta trata ilegal es real, que es tolerada por las autoridades nacionales y que perjudica gravemente a decenas de miles de trabajadores, nada sería mejor que lo manifestasen los propios afectados.

Se ha abierto una campaña de información en Change.org para dar a conocer lo que ocurre a quienes lo desconozcan, sumar apoyos a estas denuncias para contrarrestar la presión de las autoridades españolas y persuadir a las instituciones europeas de que las cursen al TJUE, convenciéndolas de que en España existe un tráfico de trabajadores cedidos que es ilegal conforme a Derecho Europeo, y por tanto debe ser prohibido, luego los responsables públicos sancionados y las víctimas compensadas según los casos. Aquí os dejamos el enlace:

https://www.change.org/p/comisi%C3%B3n-de-peticiones-del-parlamento-europeo-denuncia-el-trabajo-ilegal-en-espa%C3%B1a-ante-la-justicia-europea

En la página figura más información sobre las denuncias.

Es la mejor oportunidad que hemos tenido los trabajadores cedidos de liberarnos de nuestro sometimiento. Como la justicia nacional ha demostrado no ser imparcial, la buscaremos en la UE, donde se emitió la regulación que nos protege. El caso es importante pues cuanto se determine sobre él pasará por principio de jurisprudencia a regir en toda España, cuyas autoridades habrán de acatar la sentencia por fuerza legal.

Desde la humilde Comunidad de Auxiliares de Servicios esperamos que os suméis a la campaña y la comentéis a todos l@s compañer@s afectad@s y sus familiares para que se unan.

Separados, los trabajadores cedidos ilegalmente hemos sido un blanco muy fácil, pero juntos y desde la UE podríamos conseguir cambiar nuestro sino, evitar que otros lo sufran, que se legitimen las relaciones laborales en España e incluso que se compense a los afectados.

Muchas gracias por vuestro tiempo y atención.

Comunidad de Auxiliares de Servicios en Facebook:
https://www.facebook.com/Auxiliares-de-Servicio-1685105841706935/

 

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