Confederación General del Trabajo – Lanaren Konfederakunde Nagusia
En tiempos normales, costaría imaginar que en esta colina de Montmartre, hace 150 años, el pueblo de París se levantó en armas contra el Estado francés para autogobernarse durante 72 días. Abandonada por los turistas tras la pandemia de coronavirus, la basílica del Sacré-Coeur perfila el horizonte de París con su fría mole de piedra blanca.
El periodista gallego Pepe Rei ha fallecido hoy a los 73 años de edad, tras una larga convalecencia debido a un accidente de tráfico sufrido en 2002. Su profunda implicación con su profesión le llevó a ser objeto de continuos ataques por parte del Estado español, con diversas detenciones y querellas a lo largo de su carrera. Escribir sobre las cloacas del Estado o la Monarquía en los años 80 y 90 tenía un precio, y Pepe Rei fue de los pocos que se mostró siempre dispuesto a pagarlo por ejercer su profesión.
Han pasado 45 años desde la masacre de Gasteiz. Una huelga general paralizaba Gasteiz y varios miles de trabajadores se dieron cita en la parroquia del barrio de Zaramaga. La Policía Armada, siguiendo instrucciones superiores, realizó una acción de guerra en tiempo de paz. Lanzó gases lacrimógenos y botes de humo en el interior de la iglesia y cuando los obreros despavoridos intentaron ganar el exterior, fueron abatidos como conejos.
Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la querella Argentina contra crímenes de Franquismo (CeAqua) iniciamos una campaña de recogida de firmas para pedir la modificación de varias leyes para lograr una verdadera reparación para las víctimas del franquismo a través de la justicia
CGT forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina desde 2012.
Pedimos a todos los grupos parlamentarios que impulsen y aprueben las incitativas legislativas necesarias para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición, entre otras:
El Anteproyecto de ley de «memoria democrática», presentado por el Gobierno de «coalición progresista» para «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas», ha abierto un interesante debate sobre el objetivo de las «políticas públicas de memoria democrática» en el contexto político español actual.
Cecilio Gordillo, natural de Medina de las Torres, en Extremadura, accedió fortuitamente a los entresijos de la Memoria de nuestro país debido a la exhumación de un tío suyo del que no sabía apenas nada, y que murió represaliado en esos años oscuros de Guerra Civil y represión del posterior régimen franquista. Ahora, tras haber dedicado las últimas décadas de su vida al memorialismo, es una voz de sobra autorizada en la materia, sin duda respetada, aunque no tan escuchada por parte de las Administraciones como cabría esperar.
El 3 de diciembre de 1970 comenzó el denominado «Proceso de Burgos», un juicio (y sobre todo una farsa) contra dieciséis militantes de ETA en el que se pedían seis penas de muerte. Este juicio se celebraba en el marco de un estado de excepción, de enorme dureza, que encontró como respuesta movilizaciones en toda España.
La nueva ley que pronto se debatirá en las Cortes seguiría discriminando parte de las víctimas del franquismo y su derecho de reparación, y dejaría sin resolver otras cuestiones importantes como la justicia contra la impunidad.
Es una ley muy reclamada por la sociedad civil y las asociaciones de la memoria histórica de todo el estado, puesto que la ley aprobada en el 2007, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, dejaba temas importantes por resolver. Declaraba los tribunales ilegítimos, pero no anulaba las sentencias y establecía dos clases de víctimas, las de antes y después del 1968.
El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.
Representantes de distintas asociaciones memorialistas se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Pamplona para rechazar la “política de impunidad” sobre los crímenes del franquismo y para pedir el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa, que este jueves declara en Madrid ante la juez argentina María Servini, encargada de la llamada ‘querella argentina’, en la que se agrupan distintas querellas por hechos cometidos durante el franquismo.
Se trata de misivas de apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell entre otros.
Después de 10 años, la Querella Argentina se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de denuncia y de lucha contra las políticas de impunidad del Estado español que niegan el derecho a la tutela judicial efectiva a estas personas. Las políticas de impunidad son la falta de investigación judicial de los crímenes aberrantes que se cometieron durante la dictadura franquista y en la utilización de un discurso oficial de olvido, amnesia y perdón a los criminales franquistas.
