El Tribunal de Cuentas, ha hecho público un informe que destapa la corrupción de CCOO y UGT, mano a mano con la patronal CEOE, en el reparto de la partida de 10,7 millones de euros de fondos públicos destinados a la prevención de riesgos laborales. El Tribunal los acusa de gestionar los fondos en beneficio propio, con absoluta opacidad y sin preocuparse siquiera de acreditar documentalmente su destino.
En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015, acusa a estas organizaciones de diseñar y de establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas, donde todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO.