La Comisión Europea ha presentado una propuesta para hacer frente a la reconstrucción de las economías europeas tras la crisis de la Covid-19, previamente pactado entre Alemania y Francia con una inyección de 500.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables, más otros 250.000 millones adicionales de préstamos, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países, excepto Austria, Suecia, Dinamarca y Países Bajos.
Este plan de reconstrucción de la Comisión tiene una letra pequeña y es su condicionalidad. La Comisión Europea en el informe de recomendaciones especificas, del 20 de mayo de 2020, plantea entre otras cuestiones, reducir la deuda y rectificaciones importantes en la estructura económica, hacia un capitalismo verde y digital en base a un plan a presentar por los propios países. Para lo que la obtención de las ayudas deberá contar con el visto bueno de la Comisión.
Ante la situación de la deuda pública en el estado español, agravada por las consecuencias del coronavirus, recomienda reducir los gastos en pensiones para prestar mayor atención y apoyo a la inserción y el empleo de las y los jóvenes según el siguiente texto:
“Los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo. La difícil situación económica y social resultante de la pandemia más bien aboga por una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes”.
La Comisión Europea, al servicio de los grandes poderes económicos y financieros, considera que las personas mayores “no son productivas”, y tienen que sacrificarse, para poder invertir algo en la inserción y empleo de las y los jóvenes, que son los que ”pueden producir”.
La Comisión europea no recuerda que en la crisis financiera de 2008, las pensiones fueron el colchón familiar para las personas jóvenes que fueron al paro o se hundieron en el trabajo precario de los contratos basura, que se les impuso gracias a las Reformas laborales de Rajoy y Zapatero, reformas impuestas por esta misma Comisión Europea, a cambio del rescate a la banca pagada a escote por la ciudadanía.
Otras de las recomendaciones que plantea el informe para los años 2020 y 2021 es: “aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, es decir que la carga fiscal sea como hasta ahora, es decir que la inmensa mayoría la paguen las clases trabajadoras, así en el País Vasco el Impuesto de Sociedades, ha bajado en su tipo general del 28% al 24%, por debajo del 25% del resto de España, siendo este la gran bolsa del fraude fiscal. Los ricos a parte de pagar pocos impuestos, se llevan su dinero a los paraísos fiscales.
El informe también recomienda: “Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, es decir más reducciones de las cotizaciones a la seguridad social por el empleo, por lo que se atentará de nuevo contra el sistema público de pensiones.
