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Todas las personas que creemos en las Pensiones Públicas, como un Derecho Fundamental, volvemos una vez más a llevar nuestras voces de justicia social a la calle. La población pensionista en nuestro país que cuenta con más de nueve millones y un 21,43% son de pensiones mínimas, tiene derecho a una pensión mínima -sea del tipo que sea (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, favor en familiares y pensiones no contributivas)-, de 1.080 €, que es el Salario Mínimo en estos momentos.
LAS POLÍTICAS SOCIALES se basan en la concepción de proteger de forma universal y solidaria al conjunto de necesidades individuales de las personas frente a situaciones que lo requieran. Y encuentran su razón de ser en la propia inseguridad de la vida, mediante la organización de un sistema de protección que ha de responder a las necesidades individuales, familiares y colectivas.
El compromiso político y jurídico de estas políticas Sociales es garantizar de manera universal para todas las personas, sus necesidades vitales y la Ley así obliga: “…los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…” (Artículo 50 CE)
Este mandato constitucional obliga a todos los gobiernos, sean del signo que sean, a garantizar que existirán recursos económicos suficientes para que todo el mundo tenga una PENSIÓN adecuada y digna en cada momento de su vida.
Cumplir con la ley, se llame Constitución o Carta Social Europea, que exige que no pueden existir pensiones mínimas por debajo del 60% del salario medio de cada estado (en el Estado español se sitúa en los 2.130€), no es sino un acto de justicia social y defender el interés general.
Nuestro Sistema Público de Pensiones viene siendo degradado y ninguneado, desde la primera gran reforma del siglo XX, hasta alargar la jubilación a los 67 años, y con incentivos para retrasarla aún más, como si la calidad de vida y poder vivir una vida digna dependiera de la mercantilización y el dinero.
Nuestras jubilaciones anticipadas, no solamente se han penalizado, sino que ni siquiera aplican los coeficientes reductores para todas aquellas actividades productivas y de servicios que son peligrosas, penosas o nocivas. Sobre esto último, la CGT ya se manifestó el 23 de septiembre por las calles de Madrid bajo el lema “MATARSE A TRABAJAR ES UNA MIERDA”, y el próximo 28 de octubre es otra buena fecha para recordar la lucha que estamos llevando a cabo desde hace tantos años.
Es el mundo al revés, donde el empresariado y los cuadros, ejecutivos y directivos, se encuentran súper blindados en sus condiciones de trabajo, entre ellas la salarial; mientras que la inmensa
mayoría de la clase trabajadora está más penalizada: en sus condiciones de trabajo, más cotizaciones sociales, elevando la carga con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI- (una nueva cotización para llenar la hucha de las pensiones), y en sus derechos de jubilación.
Las leyes han aumentado aún más las penalidades y se alejan de la obligación constitucional: los años de cotización reales ahora son 36 años y 6 meses -cuando llegue el 2027 hasta los 37 años-, para poder tener derecho al 100% de la Base Reguladora. El período de cálculo de la Base Reguladora, sobre el que se calcula la pensión, es de los 25 últimos años y para los nacidos a partir de 1975 serán los 27 últimos años.
La revalorización anual de las pensiones según el coste de vida real, ahora se ha convertido en el IPC medio; la brecha de género dista mucho de ser corregida con las medidas parciales, manteniendo la desigualdad machista y patriarcal, y, cada cinco años, pueden revisar si estas reformas son suficientes o hay que recortar aún más.
Y por si no fuera suficiente, por medio de la Negociación Colectiva y con el beneplácito de los sindicatos institucionales: detraer y espoliar fondos públicos para entregárselo a los fondos privados y exonerar al empresariado con deducciones fiscales y de cotizaciones.
Esto supone una VIOLACIÓN del derecho a pensiones suficientes y adecuadas y un acto de injusticia y desigualdad sin parangón.
La CGT, toda la CGT, saldrá una vez más a la calle con todo el movimiento pensionista y con la clase trabajadora para DEFENDER UN SISTEMA PÚBLICO Y SUFICIENTE DE PENSIONES PARA TODOS Y TODAS y el DERECHO A PENSIONES DIGNAS Y ADECUADAS.
28 de Octubre, 11h, de Atocha a Sol
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN.
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