Gestionar la Educación Pública, que lleva décadas sufriendo recortes, a la vez que se confía en lo privado para la instrucción de sus hijos. Esa extraña relación es la que mantienen las dos últimas ministras de Educación del Estado Español. Ha sido noticia en la misma semana de su nombramiento, que la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, lleva a su hijo a un centro de educación privada en Zaragoza, una cuestión que ha sido polémica porque levanta dudas sobre su interés en defender o aportar más recursos a la Educación Pública.
Como señalaba el periodista Antonio Maestre, no se puede creer a quienes afirman que van a gestionar los recursos de la enseñanza pública mientras que mandan a sus retoños a escuelas cuya matrícula son 4.000 euros al año (excluyendo otros gastos), unos precios imposibles de cubrir para familias obreras. Más bien se esperaría que desde los representantes políticos se diese ejemplo, apoyando la escuela pública con gestos como que los hijos de los ministros acudan a estos centros al igual que lo hacen miles de jóvenes y niños de familias trabajadoras.
Sin embargo, no se trata del primer caso en el “gobierno más progresista de la historia”. Isabel Celaá, la hasta ahora ministra de Educación, también fue criticada por llevar a sus hijos a un instituto privado e “inspirado en los valores del Evangelio”. Todo esto mientras en teoría (que en no en los hechos) trataba de vender un discurso de confrontación con la enseñanza concertada y el poder de la Iglesia en la Educación. Una aparente contradicción discursiva a la que se añadieron polémicas palabras en 2018 del ahora exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien también afirmó que llevaba a sus hijos a un centro privado, aludiendo a que se favorecía la enseñanza de idiomas, una cualidad que les ayudaría cuando tuviesen que emigrar.
El clasismo de una casta política al servicio de los capitalistas
Sin lugar a duda es contradictorio que un supuesto gobierno de izquierdas, ¡el más progresista del mundo mundial!, trate de convencernos de que va a proteger los servicios públicos mientras no sólo los desmonta, sino que activamente da a entender que sus intereses personales van ligados a la enseñanza privada.
No obstante, el abismo insalvable planteado por esta crítica se resuelve fácilmente, más allá de la retórica, cuando se expone a quien representa realmente este Gobierno. Cabría sorprenderse si los representantes políticos electos fuesen verdaderos representantes de la soberanía popular; y estuviesen elegidos y legitimados por una verdadera democracia obrera, de tal forma que sus intereses fueran los de sus electores y a ellos estuvieran ligados con la posibilidad de la revocabilidad inmediata. En tal caso, el claro conflicto de intereses y el alejamiento del nivel de vida entre elector y electores daría paso a una fácil revocación del cargo.
Pero en la democracia burguesa española, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue siendo un gobierno que representa los intereses de la burguesía imperialista española. Por tanto, lejos de sorprender, esta sucesión de ministros que gestionan y destrozan los servicios públicos al mismo tiempo que en sus vidas privadas se benefician de las ventajas de una acomodada vida de riquezas, debe ser un motivo más para señalar el carácter clasista y privilegiado de la casta política del régimen del 78.
Porque si al señor Duque le parece importante la oferta de idiomas en el centro pijo al que manda a sus hijos para el caso en que sus retoños decidan emigrar, a muchísimas familias obreras no se les brindó esa opción de que los suyos aprendieran idiomas desde jóvenes antes de verse obligados a emigrar por las crisis económicas. Es más, en algunos casos, siquiera se puede plantear la cuestión de mejorar o no el currículum académico del centro, porque están más preocupados porque dichas escuelas no están preparadas para oleadas de frío o de calor.
Frente a esta polémica, más allá de la indignación moral expresada por el periodista Maestre, hay que exponer el carácter clasista y elitista de los representantes políticos de la burguesía española para desenmascarar sus intereses políticos y romper con ese relato del neorreformismo de que gobernando con quienes nos recortan derechos día a día, se podrá acabar con décadas de ataques a la clase trabajadora.
