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En la última legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprueba el Real Decreto 1698/2011, estableciendo los criterios para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. En este Real Decreto se determina el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, morbilidad, mortalidad, penosidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
Este Real Decreto se aplicará a las personas por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. Establece los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras para que se les apliquen los coeficientes reductores. El inicio del procedimiento, su tramitación y quiénes pueden solicitar su aplicación. Y qué Administraciones y Organismos son los encargados de hacer los estudios y desarrollar la tramitación de las solicitudes.
Tras nueve años de abandono de las instituciones y de la mayoría de los partidos políticos, el Decreto no se ha desarrollado, impidiendo de hecho la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación en trabajos con riesgos a los que tampoco quieren poner remedio. Este Real Decreto se aprueba pocos días antes del final de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, a la que sigue un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, quien deja la aplicación del Real Decreto en vía muerta.
Desde 2011 se presentan en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), que es el organismo que debe realizar los estudios previos, cerca de una treintena de solicitudes de diferentes sectores. Desde la fecha de entrega de la solicitud, éstas se encuentran en un estado de “eterno estudio”.
El gobierno hace dejación de su responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley al no dotar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, motivo por el cual las resoluciones de estas solicitudes se demoran en el tiempo hasta el día de hoy.
Hay que resaltar que el Real Decreto está en vía muerta para la mayoría de los sectores solicitantes, pero también hay que destacar que “casualmente” a principios del año 2019 se promulgo el Real Decreto que otorgaba el coeficiente reductor del 0,2 % al colectivo de policías locales. Evidentemente la única conclusión que podemos sacar de esto es que el Gobierno sólo atiende las peticiones que le interesan, dejando en el olvido a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, quienes dejan su salud y su vida para el crecimiento económico y social del Estado español. En definitiva, entendemos que el Gobierno debe de llevar a cabo tres importantes movimientos:
Primero: Dotar a la DGOSS de recursos económicos y humanos suficientes para que se realicen los estudios necesarios para la aplicación de los coeficientes reductores según los sectores solicitados y se dé traslado al Congreso de los resultados para que se aprueben los Reales Decretos, aplicando los coeficientes que resulten de los estudios.
Segundo: Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado la partida económica necesaria para afrontar las jubilaciones que se produzcan. Así mismo, debe realizar los estudios económicos necesarios para financiar las futuras pensiones que resulten de estas jubilaciones.
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