Más de 3.000 personas se han manifestado ayer en Granada para reclamar la suspensión de la condena y el ingreso en prisión de Carlos, un estudiante de Medicina y Carmen, una mujer en paro, a los que se les ha impuesto una pena de tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo del Movimiento 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Esta sentencia y el auto que les declara “en busca y captura”, sin darles la opción siquiera de presentarse voluntariamente, como si de peligrosos delincuentes se tratara, pretende ser ejemplarizante dentro de esta deriva represiva de los poderes del estado hacia toda protesta ciudadana y hacia las personas más coherentes de los movimientos sociales y sindicales.
Ello ocurre en un momento en el que la corrupción política y empresarial campa a sus anchas por todo el territorio, con más de 1500 imputados e imputadas y cientos de condenadas y condenados por delitos gravísimos contra la hacienda pública y el interés ciudadano, sin que haya entrado nadie en prisión.
La sentencia demuestra el desequilibrio y la “doble vara de medir” que se emplea cuando se trata de juzgar a trabajadores y trabajadores o a empresarios y empresarias. Si un empresario o empresaria comete el delito de impedir el derecho constitucional a la Huelga, amenazando con despidos o saltándose los servicios mínimos, o bien estableciéndolos abusivos, una vez demostrado y sentenciado el delito, se le sanciona con multas económicas y nunca con penas de cárcel.
Carlos y Carmen no han cometido ningún delito. Participaron en un piquete informativo en un bar de Granada durante la Huelga General, de forma totalmente pacífica, como es la forma de actuar y las señas de identidad del 15M, movimiento en el que están adscritos. Fueron identificados aleatoriamente por la policía dentro de un grupo personas, y el estado, su poder judicial, les ha condenado a tres años de prisión.
La decisión judicial es totalmente repugnante y provocará una respuesta contundente de los movimientos sociales, de las personas que luchan y de las organizaciones que, como la CGT, no vamos a consentir que se pisotee de esta manera nuestros derechos y libertades más básicas.
Se convocarán movilizaciones en todo el estado y, también a nivel internacional, exigiendo su puesta en libertad y la de otras muchas personas que han sido reprimidas, encarceladas y encausadas por defender con su protesta los derechos y libertades de todas las personas. Ninguna agresión quedará sin respuesta.
