El próximo martes está previsto que acabe el plazo para presentar enmiendas en el Congreso al proyecto de reforma del Código Penal. El proyecto prevé que el “top manta” vuelva a ser delito y penas de 6 meses a 2 años de prisión para el tipo básico de “distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional”.
La reforma del Código penal que se está tramitando en el Congreso crea graves problemas para muchos colectivos: personas que luchan por sus derechos, personas con enfermedades psiquiátricas o toxicómanas… y también para las personas extranjeras, muchas, sin papeles.
El tipo básico que prevé el nuevo código penal para la “distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional” es de 6 meses a 2 años de prisión. Es evidente que una pena tan dura vulnera el principio de proporcionalidad y no se corresponde con el daño causado.
La reforma prevé un tipo atenuado castigado con multa o trabajos en beneficios a la comunidad, que el juez puede imponer en base las características del culpable y la cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener. Podría parecer una solución, pero sin embargo, crea muchos problemas:
-Cualquier condena, aunque sea de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, conlleva antecedentes penales.
-Los antecedentes penales harán que la persona condenada no pueda regularizar su situación, por lo que es condenada a seguir en trabajos ilegales.
-La aplicación es discrecional, ya que lo deja a la potestad del juez y se basa en conceptos indeterminados.
-Como consecuencia, las mismas conductas pueden tener una pena de 1 mes de multa o de 2 años de cárcel, en función del juez.
La reforma introduce un nuevo delito para quien de forma reiterada emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Esto ya era una falta grave, castigada con multa por la Ley de Extranjería.
La Plataforma Mbolo Moy Doole, no quiere trabajar sin permiso: quieren papeles, trabajo, cotizar a la seguridad social… quieren vías para conseguir permiso de trabajo. Pero mientras se cierran las vías para la regularización, se criminaliza a quien les da trabajo. Piden salidas y políticas migratorias realistas y no aumentar el número de delitos y sanciones.
