El acuerdo conocido ayer por los medios de comunicación sobre pensiones públicas, es un acuerdo logrado gracias a las movilizaciones que llevamos continuamente los pensionistas, que ha ocasionado un desgaste al Gobierno, que ha cedido ante la hábil propuesta del PNV, un acuerdo totalmente insuficiente.
Las mejoras que se anuncian hablan del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV que establece que las pensiones subirán al 1,6% en 2018, en virtud de la inflación prevista para este ejercicio, y según el IPC en 2019. Asimismo, retrasan cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad, y se aumenta hasta el 56% en 2018, y el 60% en 2019, la base reguladora de la pensión de viudedad.
Según valoración de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, el problema sigue estando ahí, pues hay que derogar completamente esa ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad, un descuento mas para los nuevos pensionistas y el Indice de Revalorización de Pensiones, una fórmula para incrementar las pensiones que nos condena al 0,25% a partir de 2020 de nuevo y que no tiene parangón en Europa.
Las pensiones de viudedad, que ya conocemos que según lo aprobado en 2011, deberían estar en 2018 en un 59% de la base reguladora, se actualizarán tan solo hasta el 56%. En 2019 según este acuerdo estará al 60% cosa que no es nueva, pues ya se preveía desde 2011. ¿ Van a recuperar lo perdido estos años las viudas y viudos por haber congelado al 52% el PP dichas pensiones los últimos cinco años?
Las Movilizaciones de todo el estado del 22 de Febrero y del 17 de Marzo, 16 de Abril y la de aquellas que vienen haciéndolo por todo el territorio español en diferentes días, han renovado las estrategias electorales de unos y los intereses partidistas de otros. Hemos hecho que cedan y el dinero para las pensiones ha aparecido donde decían que no lo había. Y si ese acuerdo se materializa por escrito podremos decir que hemos ganado una batalla pero no la guerra.
Sin embargo es necesario continuar las movilizaciones para que:
–Se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones y no solo se aplace cuatro años.
–Se cambie el Indice de Revalorización por la actualización según el IPC de todas las pensiones, se devuelva todo lo perdido desde el 2011 al momento actual y las pensiones mínimas se establezcan en los 1.080 € de la Carta Social Europea.
-Se establezcan medidas suficientes para reducir primero y eliminar después la brecha de género de las pensiones.
–Se deroguen los aspectos negativos de la Reforma de 2011, sobre edad de jubilación normal y anticipada, cálculo de la pensión y otras medidas que disminuyen y dificultan el acceso a la jubilación.
–Se garantice la financiación de la Seguridad Social en los presupuestos generales del estado, complementando los ingresos por cotizaciones y no con préstamos que endeudan la Seguridad Social y suponen la base para una reforma futura.
– Se constitucionalice el derecho a una pensión digna y suficiente, ubicando dicho derecho en la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título 1º de la Constitución, que conforme a las previsiones de su artículo 53 goza de una protección reforzada.
– Se lleve a cabo una reforma integral del Sistema de Seguridad Social que va ligada a una reforma laboral y otra fiscal imprescindible para que nuestro Sistema sea sostenible a largo plazo y universal.
