El jueves 19 de abril de 2018, sufrimos un nuevo caso de represión, ejemplo de la pérdida de derechos a la que nos somete el Estado español con la aplicación de la conocida como “Ley Mordaza”.
La policía irrumpió brutalmente en el domicilio de Roberto Mesa, conocido activista de la isla de Tenerife. La policía entró a la fuerza, mediante el uso de palancas y a patadas, sobre las 7:30 de la mañana despertando a los inquilinos e inquilinas de la vivienda entre gritos y golpes. Un dispositivo de alrededor de trece policías entraron al grito de “¡Al suelo boca abajo, los brazos en la espalda!” mientras Roberto permanecía esposado en el suelo.
Cuando irrumpieron en la vivienda las mujeres estaban dormidas desnudas en su cama, las hicieron tirarse al suelo privándoles de su derecho a vestirse. A continuación, lanzaron a Roberto aún esposado al interior de una de las habitaciones junto a sus compañeras, mientras que a uno de sus compañeros lo encerraron con llave en su habitación.
En todo momento, las personas allí presentes permanecieron en absoluto desconocimiento de los motivos de aquel altercado hasta que se llevaron a Roberto tras registrar abruptamente su habitación de la cual extrajeron dispositivos digitales (ordenador y móvil) y documentos, alegando en ese momento una orden de detención por un presunto “delito tecnológico” .
Esta actuación desmedida contra un activista social no supone ninguna novedad, al contrario, se suma a una ya larga lista de detenciones injustas dirigidas a personas que han expresado libremente sus opiniones a través de las redes. Esta serie de detenciones están supuestamente amparadas por el marco legal, un marco legal confuso, donde la libertad de expresión colapsa con el reconocimiento de una serie de “delitos de odio”. Estos delitos son atribuidos siempre a personas que cuestionan y critican el régimen político vigente y luchan por los derechos sociales de las de abajo, de las más empobrecidas, de las víctimas de este sistema injusto donde unas pocas se enriquecen a nuestra costa, donde los corruptos siguen en la calle, mientras personas como Roberto Mesa son detenidas.
Casandra, Pablo Hassel, Valtonyc, Willy Toledo, César Strawberry (Def con Dos), los doce raperos de La Insurgencia, entre otros tantos casos por todo el Estado Español, a los que ahora se suma el caso de Roberto Mesa, son ejemplos indiscutibles de la escalada represiva que estamos viviendo. Un claro intento de acabar con nuestro derecho a expresar opiniones libremente a través de medios de comunicación y redes sociales que aún escapan a su control.
Roberto ha sido un luchador incansable en la batalla contra las injusticias sociales, ha participado activamente durante años en movimientos ecologistas, en apoyo a movimientos feministas, pensionistas, con el Pueblo Saharaui, con el pueblo canario, contra los desahucios, en defensa de la tierra, en luchas estudiantiles, en apoyo a las refugiadas, contra los CIES…. Un activista obstinado de CSO Taucho, Baladre, así como de luchas internacionalistas. Roberto Mesa sí nos representa, y lo han detenido por visibilizar las injusticias del Estado español.
Pero la detención de nuestro compañero Roberto no es casual, ni tampoco un caso aislado. Ante el avance de los movimientos sociales, existe una clara intencionalidad de amedrentar el espíritu crítico y de protesta a través de la persecución legal, una persecución que todos y todas podemos sufrir en cualquier momento y sin previo aviso.
Mientras aquellas que vamos a la raíz de los problemas sociales, señalamos como culpable a este sistema y a las grandes estructuras de poder, y dirigimos nuestras luchas en favor de las más oprimidas, de las socialmente discriminadas por razón de su raza, sexo, orientación sexual, capacidad, procedencia, clase social… somos represaliadas, los que día tras día perpetúan la violencia contra estos colectivos han quedado, curiosamente, al margen de esta persecución contra “el odio”. Se evidencia que hay un verdadero delito de odio que no sólo les conviene sino que es sobre el que se sustenta este sistema capitalista y heteropatriarcal.
Por esto creemos que la detención de Roberto no sólo es inaceptable, sino la gota que colma el vaso en lo que refiere al atropello de nuestras libertades. Mirar hacia otro lado significa, no sólo traicionar a un reconocido compañero de lucha, sino dejar que se pisotee un derecho fundamental en el que poco a poco estamos perdiendo terreno.
Roberto somos todos y todas, por eso, hoy aquí, y durante el tiempo que haga falta, cerca de cien organizaciones canarias, estatales y latinoamericanas, exigimos su inmediata puesta en libertad sin ningún tipo de cargo, así como la de todas las personas imputadas en el marco de esta represión política por todo el Estado Español.
Si tocan a una, nos tocan a todas. ROBERTO LIBERTAD
