Durante las últimas décadas las universidades han tenido, en el conjunto de la población, la imagen de ser espacios donde el debate, científico, social y político, se desarrollaba con cierta fluidez.
En este contexto, las protestas y movilizaciones de estudiantes y del personal contratado de las universidades (tanto de personal académico como de administración y servicios) son algo habitual que en gran medida han conformado las universidades desde el final del franquismo.
En estas movilizaciones, las manifestaciones, asambleas y reuniones, huelgas y encierros en instalaciones del Estado español como en el resto de países europeos han sido una práctica común.
En la Universidad Autónoma de Barcelona en abril de 2013 se produjo un encierro en el rectorado solicitando el complimiento de diversas resoluciones del claustro, entre las que figuraba el rechazo a la subida del 66% de las tasas y el despidos de trabajadore/as.
Finalmente, al cabo de un mes la ocupación del Rectorado fue abandonada por voluntad propia de quienes la protagonizaban. Y el equipo de gobierno de la UAB de entonces denunció a 25 estudiantes, un profesor y un miembro del personal de la administración y servicios.
Este pasado mes de julio hemos sabido que la Fiscalía ha solicitado formalmente penas de un mínimo de 11 años y 5 meses de cárcel para las 27 personas, además de una prohibición de pisar UAB, durante 5 años.
Nos encontramos con que las Instituciones españolas vuelven a actuar contra la disidencia universitaria, como en época del Gobierno de Franco, buscando un castigo desorbitado, que supera incluso al que la Dictadura impuso en 1965. Y los argumentos no se apartan de los que encontrábamos entonces.
En su escrito de acusación, el fiscal utiliza las militancias sociales, sindicales y políticas de las personas encausadas para argumentar que seguían “un plan criminal”, que se incentivaba e impulsaba de manera conspirativa la movilización estudiantil.
Este procesamiento penal, abre de nuevo un camino aterrador que, si no reaccionamos con firmeza, nos conducirá al progresivo deterioro de la libertad de expresión, reunión y de protesta en la Universidad.
