El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de octubre y entrará en vigor el 5 de Diciembre. La reforma contempla la modificación del artículo 324, que establece un plazo límite para instruir de 6 meses, sin aportar dotación económica alguna que permita cumplirlo, prorrogable a 18 meses.
La alarma ha cundido entre fiscales, jueces, abogados y especialistas, ya que es considerada una ley de «punto final» que extenderá un manto de impunidad en los casos complejos que actualmente se investigan en los juzgados, como son las tramas corruptas que afectan a partidos políticos, a delincuentes económicos y al crimen organizado. Por el otro lado, obliga a revisar las 700.000 causas vivas, sin aportar recurso alguno.
Los fiscales y jueces consideran necesario acortar los tiempos de instrucción, pero el instrumento utilizado -la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- es «técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados», denuncia UPF. La reforma, agrega, «parte de una realidad, la deteriorada realidad del día a día de nuestras fiscalías y de los juzgados y tribunales, desconocida absolutamente por el Ministerio de Justicia y el legislador».
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha difundido también un comunicado en el que expresan su «profunda decepción» por el resultado del encuentro de Catalá con los miembros del Consejo Fiscal: «Una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
