Diecinueve astilleros privados españoles corren el riesgo de desaparecer por quiebra, según la patronal del sector, al devolver los cerca de 8.000 millones de euros, que permitieron la construcción de 275 buques entre 2002 y 2010.
Los sindicatos UGT y CC.OO. han enviado este martes una carta a Joaquín Almunia, donde expresan la «preocupación común» por el futuro del sector naval y reiteran sus advertencias de que una resolución que obligue a devolver las ayudas supondrá la «defunción» del sector.
El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, tiene en su mesa un expediente cuya resolución puede implicar la pérdida de 87.000 empleos en España (entre 2.000 y 3.000 trabajadores Euskadi) en el sector naval.
UGT, CC.OO., ELA y CAT, no han expresado su preocupación por el dumping social, donde empresas transnacionales, que operan tanto en Euskadi como en España, emplean trabajadores nacionales y extranjeros con condiciones laborales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos. Algunas de estas empresas, son en realidad un montaje de las empresas principales.
Las contratas y subcontratas son la inmensa mayoría de puestos de trabajo del sector naval (en algunos astilleros la relación es de 4 precarios por 1 fijo de la casa) donde sus salarios rondan la mitad, trabajan infinidad de horas extras y en lamentables condiciones de seguridad.
Los empleados y empresas desplazados de otros lugares cotizan a la Seguridad Social de su país y pagan allí todos sus impuestos. Por lo tanto este colectivo ejerce una competencia desleal con las empresas y trabajadores residentes en Euskadi y en el resto del Estado (dumping social).
La directiva europea responsabiliza al estado de destino de garantizar el respeto a la legislación y normativas nacionales, y poco o nada se controla por parte de la administración autonómica o nacional.
