Han pasado 3 años desde que comenzó la apuesta de los diferentes Gobiernos por los recortes. Está más que demostrado que con esta política solo cabe una situación de mayor paro, desigualdad y pobreza. Las medidas de austeridad fiscal, disciplina presupuestaria y ajustes solo pueden favorecer a los poderes económicos.

Las instituciones económicas  internacionales (BM, FMI, BCE) y la Unión Europea (con el dúo Sarkozy-Merkel a la cabeza) han marcado el rumbo que deben seguir el conjunto de las economías de la zona euro. Los últimos acontecimientos y datos económicos demuestran muy a las claras que las políticas de recortes no nos están sacando de la crisis, más bien todo lo contrario, afrontamos un nueva recesión cuando aún seguimos pagando los platos rotos de la anterior.

A expensas de seguir profundizando en la crisis económica y social, lo que se quiere lograr es aniquilar los escasos derechos que con tanta lucha nos ha costado conseguir. Se quiere seguir privatizando los servicios públicos abriendo nuevos espacios a la inversión y el negocio privado. Se trata de una guerra social soterrada contra las mayorías sociales, declarada por quienes tienen el poder del dinero y han domesticado a las instituciones políticas para que sigan en todo momento sus órdenes.

Este estado de cosas hay que entenderlo, además, desde la contrarreforma fiscal que se lleva imponiendo desde hace muchos años. La política de impuestos que se aplica es regresiva y favorece a las rentas altas y de capital. Las rentas de trabajo son las que más pagan y los impuestos indirectos no hacen más que subir. Todo el peso de la recaudación fiscal está sobre las espaldas de las clases populares. Estamos a la cola de Europa en cuanto a recaudación; en Hego Euskal Herria se recauda un 29,3% del PIB mientras la  media de la Unión Europea es del 38,4%, esto supone dejar de ingresar 7.500 millones de euros en las arcas públicas de Hego Euskal Herria. Dinero, (además,) que en su gran mayoría se deja de recaudar por la laxitud fiscal con la que se trata a las rentas del capital, beneficios empresariales y grandes fortunas. Además a esa cantidad habríamos de añadirle los miles de millones que anualmente las haciendas forales dejan de ingresar a causa del fraude fiscal que en su mayor parte cometen las rentas altas y las empresas. Hablaríamos de 10.000 millones de euros, que  junto a los 7.500 millones de euros de beneficios fiscales nos permitiría no sólo una potente política de reactivación económica, sino también dar un paso de gigante en el desarrollo de las necesarias políticas sociales.

Largo tiempo perdonando impuestos a quienes más tienen, nula voluntad de perseguir el fraude fiscal y el efecto que la crisis económica ha tenido sobre la recaudación, nos dejan en una difícil coyuntura que la clase política ha optado por resolver a favor del capital. Esto es, se opta por reducir los presupuestos públicos contra la posibilidad de recaudar más gravando más a las grandes rentas y capitales. Con  esta política fiscal injusta, regresiva y decidida sin participación social, una gran presión en el mercado de la deuda pública (otro recurso para financiarse en tiempos de crisis) y una ideología muy bien definida,  la clase gobernante se está dedicando simplemente a recortar derechos.

En Hego Euskal Herria sufrimos el seguidismo que tanto el Gobierno español como las instituciones de la CAPV y de Nafarroa están haciendo de los nuevos mandamientos del capital: – Se han atacado las condiciones laborales y los salarios.

– Se ha reformado el sistema laboral, el sistema de pensiones y la negociación colectiva a favor del capital.

– Se ha dejado en suspenso el desarrollo de la ley de dependencia.

– Se han atacado servicios públicos; especialmente la educación y la sanidad.

– No se le da ninguna prioridad a las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

– Se han reducido los presupuestos, haciendo retroceder lo público hasta niveles de 2005.

– A pesar de ello, se sigue inyectando dinero en le negocio de las infraestructuras y de la banca.

Especialmente graves son estos recortes de gasto en tanto en cuanto suponen dejar en la estacada a las decenas de miles de personas que en nuestra sociedad están sufriendo las consecuencias de la crisis en primera persona. Hablamos de las más de 192.000 personas paradas en Hego Euskal Herria  y de las 55.000 personas que perciben la Renta de Garantía de Ingresos y las mas de 18.000 personas que cobran la Renta Básica en Nafarroa .

Las instituciones están lejos de ser motores de la economía desde el sector público, no generando e incluso en muchos casos destruyendo empleo, que además de satisfacer necesidades sociales largo tiempo olvidadas, podrían reactivar la economía. En Hego Euskal Herria, se recortan las prestaciones sociales, se criminaliza a quien las cobra y se culpabiliza a la gente desempleada   por su situación, con el discurso de la empleabilidad. La señora Genma Zabaleta  y la señora Elena Torres  y sus secuaces parecen no entender que si no hay empleo lo que hay que hacer es crearlos y no recriminar a quien no lo tiene.

En un momento en el que cada vez más gente ha agotado su prestación por desempleo, los Gobiernos de Nafarroa y de Gasteiz, han optado por atacar la última red de seguridad que existe para este colectivo, la Renta de Garantía de Ingresos.

En Nafarroa, se plantea dejar fuera del sistema a más de 2.000 personas  reduciendo la cuantía entre un 10% y 20% a partir del primer año.

En la CAPV, primero fue  mutilada por medio de la reforma legislativa que ha dejado fuera del sistema a miles de personas (especialmente  jóvenes e inmigrantes), después recorta la cuantía en un 7% dejando a estas 55.000 unidades de convivencia en la absoluta precariedad vital.

Las políticas que se están desarrollando, además de ser injustas no nos van a sacar de la crisis, por eso tenemos que cambiar de raíz las prioridades políticas que no responden sino a intereses neoliberales. Para ello tenemos claro el camino que habría que recorrer: ” Derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas ” Derogación de los recortes legislativos y presupuestarios aplicados a las diferentes prestaciones sociales.

• Incremento de las partidas de gasto social para converger en gasto público social con Europa.
• Red de servicios sociales públicos, universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a todas las personas dependientes.
• Una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás en las reformas aprobadas en las últimas décadas, y que contribuya al reparto más equitativo de la riqueza. Un verdadera lucha contra el fraude fiscal.
• Creación de empleo de calidad, defensa de los servicios públicos e inversión pública dirigida a satisfacer las necesidades de la población.
• Igualdad de oportunidades. Políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto del trabajo productivo y  reproductivo.
• Consecución de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa.

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