La ley de Amnistia de 1977, fue un pacto de estado entre el franquismo y los partidos políticos históricos PSOE, PCE y PNV, por la cual se hacía borrón y cuenta nueva a los desmanes del franquismo y un compromiso de estado por el que en el futuro no se pedirían cuentas.
La presión de unas 150.000 familias, para que se reconociera el derecho a dar con las tumbas de familiares asesinados y la exhumación de los restos, la presión de las personas represaliadas y encarceladas por el franquismo, más la presión internacional, que contemplaba atónita, como un Juez investigaba los crímenes del las dictaduras sudamericanas y no se hacía nada en España, hizo que el PSOE, sacara adelante con la oposición del PP, la tímida e insuficiente “ley de la Memoria Histórica”, donde deja completamente insatisfecho el deseo de dignificación, reparación y justicia de las victimas y sus familias.
El Juez Baltasar Garzón, simplemente por coherencia, se vio en la obligación de concretar esta tímida ley, pero se ha encontrado con el aparato del estado que no está por la labor y por ello ha sido procesado.
Pero el movimiento popular por la memoria histórica ha seguido creciendo, las exhumaciones continúan y aumentan las denuncias y reclamaciones, los descendientes de las víctimas claman cada día con más fuerza por el derecho a localizar a sus familiares desaparecidos y a enterrarles con dignidad.
