Por presunta malversación de fondos públicos, un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza y para que se aclare qué ha ocurrido con los 30 millones de euros que han salido del bolsillo de los guipuzcoanos.
CGT-LKN junto a los sindicatos ELA, LAB, ESK, UGT Euskadi, Steilas e Hiru y las fuerzas políticas EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza y Equo han firmado un manifiesto para que «se esclarezca lo sucedido con el dinero de todos».
Las presuntas irregularidades investigadas por el juzgado de Azpeitia habrían ocurrido hace dos legislaturas, cuando el PNV gobernaba la Diputación de Gipuzkoa junto al grupo Hamaikabat, y fueron denunciadas por EH Bildu tras su acceso al Ejecutivo foral, del que fue desbancado el año pasado por la coalición PNV-PSE/EE.
En concreto, el Juzgado de Azpeitia instruye dos querellas, la primera de las cuales está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la institución foral calcula un presunto fraude de 13,6 millones de euros.