Por presunta malversación de fondos públicos, un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza y para que se aclare qué ha ocurrido con los 30 millones de euros que han salido del bolsillo de los guipuzcoanos.
CGT-LKN junto a los sindicatos ELA, LAB, ESK, UGT Euskadi, Steilas e Hiru y las fuerzas políticas EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza y Equo han firmado un manifiesto para que «se esclarezca lo sucedido con el dinero de todos».
Las presuntas irregularidades investigadas por el juzgado de Azpeitia habrían ocurrido hace dos legislaturas, cuando el PNV gobernaba la Diputación de Gipuzkoa junto al grupo Hamaikabat, y fueron denunciadas por EH Bildu tras su acceso al Ejecutivo foral, del que fue desbancado el año pasado por la coalición PNV-PSE/EE.
En concreto, el Juzgado de Azpeitia instruye dos querellas, la primera de las cuales está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la institución foral calcula un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
Esta querella fue ampliada posteriormente al entender la Diputación que las irregularidades se extendieron también a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
En el manifiesto se reivindica el derecho de la ciudadanía a participar en la Justicia, «más aún cuando lo que está en juego es el esclarecimiento de la utilización del dinero de todos». En consecuencia, reclaman a los juzgados que retiren las fianzas exigidas a Gidari «o a cualquiera» a fin de poder personarse en el caso e investigar «con transparencia».
El Juzgado de Azpeitia reclama 100.000 euros en total a Gidari por las dos querellas, según ha recordado Amaia Zabaleta en representación de sus miembros: «Es una absoluta injusticia, es insólito que se exija semejante cantidad a una asociación sin ánimo de lucro, más aún teniendo en cuenta que el proceso está en marcha y por tanto el hecho de que se sume una nueva acusación no supone ningún gasto añadido». La decisión está recurrida. Se da la circunstancia añadida de que la Fiscalía se ha mostrado en contra de la fianza, por lo que «esperamos que los jueces también resuelvan en el mismo sentido».