La llegada de miles de inmigrantes estas semanas a las costas canarias ha revelado la política criminal del gobierno “progresista”. Un despliegue de militares y policías, la expulsión sin asistencia letrada y un saldo de casi 500 fallecidos en el mar.
En estos últimos días una nueva crisis humanitaria se cierne sobre las costas canarias, con la llegada de 2200 inmigrantes procedentes de África y casi 500 fallecidos solo en los últimos días.
Se trata de la mayor crisis migratoria en el archipiélago desde 2006, en la que el propio gobierno de Canarias reconoce el desborde y las condiciones de hacinamiento en la que se mantiene a miles de personas.
Aún así, la reclamación que hace la administración canaria al gobierno central, no es para que se destine más recursos que permitan acoger en mejores circunstancias a estas personas, sino para que se aceleren los trámites de expulsión y se refuerce despliegue policial y militar para controlar mejor sus costas.
La política del gobierno “progresista” va en la misma dirección. Sánchez ha decidido recurrir directamente a los militares y ha empezado a expulsar a cientos de inmigrantes recurriendo a gobiernos de países en África que destacan por su trato inhumano a refugiados e inmigrantes como el de Mauritania o Marruecos. Amnistía Internacional denuncia a su vez que estas expulsiones se hacen sin ni siquiera el derecho a la asistencia jurídica de los y las inmigrantes.
El propio ministro de Interior viajó a las islas esta semana y puso en marcha el traslado de al menos 22 senegaleses a Mauritania, para que desde ahí se materializara la expulsión a su país. Marlaska ha sido uno de los grandes adalides, tanto durante su etapa como ministro como en la de juez, de la mano dura contra la inmigración ilegal. En 2018 declaró estar dispuesto a tener “tolerancia cero con los asaltos masivos”.
En los hechos esto se ha materializado en el trato inhumano que se ha seguido manteniendo contra quienes intentan escapar de las guerras y la pobreza, detrás de las cuales está el expolio de estos países por el imperialismo, también el español. En ese sentido no hay ninguna diferencia entre las políticas criminales de los últimos gobiernos de PP y PSOE y el actual gobierno de coalición.
En medio de una crisis humanitaria que se mezcla con la actual pandemia, la política que está teniendo el gobierno provoca la muerte de miles personas, por responsabilidad directa o por la complicidad con los regímenes más represivo y dictatoriales africanos.
Al mismo tiempo la extrema derecha empieza a hacer bandera de esta cuestión, tanto en Canarias como en resto del Estado, pidiendo aún más mano dura contra los inmigrantes. Este 31 de octubre fue convocada una movilización en Gran Canaria por parte de colectivos afines a Vox, grupos fascistas y neonazis pidiendo la expulsión de los “ilegales” y los “parasitos” en referencia a la inmigración procedente de África.
La falsa retorica del gobierno, que se proclama como el más progresista de los últimos 40 años, combinada con su actuación real está teniendo las mismas consecuencias dramáticas para los inmigrantes que en otras épocas; y al mismo tiempo está facilitando que la extrema derecha tome las calles.
La hipocresía de los ministros de Unidas Podemos e IU ante esta cuestión expresa el nivel de adaptación grotesca de estos partidos a un régimen colonialista, que solo puede ofrecer políticas criminales y discriminatorias contra los trabajadores inmigrantes y contra los pueblos oprimidos.
