El impacto de la pandemia de la Covid-19[1] está siendo muy fuerte en la CAPV. En un Estado que como el español, en fecha 15 de julio, en proporción a la población, estaba en el sexto puesto en la lista mundial de contagiados entre los Estados de más de un millón de habitantes (tras Chile, Estados Unidos, Perú, Suecia y Bielorrusia) y tercero en la de muertos (tras Bélgica y el Reino Unido), la CAPV ocupa el séptimo puesto entre las comunidades autónomas del Estado tanto en relación con el número de contagiados como con el de muertos por 100.000 habitantes. Su ratio (72 muertos por 100.000 habitantes) es superior no solo a la media del Estado español (60,7) sino también a la del Reino Unido (67,4). Así pues, si la CAPV fuera un Estado independiente, ocuparía el segundo puesto en el ranking mundial. Estos datos provienen de las listas basadas en los registros de contagiados y muertos por el coronavirus, según criterios que no se aplican de la misma forma en todos los países. Según las estadísticas basadas en el exceso de mortalidad en relación con el promedio histórico, desde el comienzo de la pandemia hasta el 15 de mayo, la proporción de personas muertas por esta pandemia en relación con años anteriores supera al 50% en el Estado español, solo superada por Ecuador y Perú. En este caso el porcentaje de la CAPV (33,9%) es bastante inferior a la media del Estado.
Esta pandemia, originada por la pérdida de biodiversidad y por la industria alimentaria globalizada, en particular a través de la producción industrial de cerdos y pollos en el suroeste de Asia (Mike Davis), se ha propagado por el turismo masivo y por los circuitos del capital: un elevado número de las grandes transnacionales tienen establecimientos productivos en la región de Hubei (China); y su capital, Wuhan, es uno de los centros mundiales de la industria del automóvil. El desarrollo de los flujos mundiales y de la circulación de personas a través de un enorme aumento del tráfico aéreo hacia y desde China ha dado lugar a que la difusión del coronavirus se corresponde con la densidad del tráfico mundial: se extendió inicialmente en Europa y América del Norte y después en América Latina y, más tarde aún, en África (Baschet). La elevada internacionalización de las medianas y, sobre todo, de las grandes empresas vascas en China y también en otros países europeos (Italia), va acompañada de un gran número de desplazamientos del personal ejecutivo y técnico, que han contribuido al importante desarrollo de la pandemia en la CAPV.
En la respuesta a la pandemia, los Estados han optado, con mayor o menor claridad y/o de mezcla entre las mismas, por tres estrategias que explica Baschet. Una es la basada en el confinamiento más o menos autoritario de las poblaciones: China. La segunda corresponde a los dragones asiáticos, en particular Hong-Kong y Corea del Sur, que tomaron medidas de contención precoz y de atenuación que han permitido controlar la epidemia sin bloquear completamente las economías. Esta estrategia ha ido asociada a elementos tales como los siguientes: condiciones geográficas (insularidad o cuasi-insularidad), preparación para combatir la pandemia derivada de la experiencia del Sars de 2003, práctica de desinfección urbana masiva, importantes medios materiales de mascarillas, test y otros, un sistema sanitario desarrollado (más camas de cuidados intensivos que en Alemania) y, también, la aplicación de programas de inteligencia artificial para el seguimiento de los contactos de las personas enfermas. Con matices ese modelo se ha aplicado también en Alemania.
La tercera sería la de minimalismo sanitario-liberal darwinista, cuyo objetivo sería permitir la extensión de la pandemia hasta llegar a una inmunidad de rebaño que facilitaría que la pandemia se parase por sí misma. Esta orientación fue inicialmente adoptada por Boris Johnson y Donald Trump pero también fue, de entrada, considerada por otros países como México, Holanda, Suecia y Bélgica. Esta línea fue abandonada, o al menos atenuada (México), cuando se comprobó que la extensión de la pandemia podría suponer muchos millones de muertos. Solo la han llevado adelante Bolsonaro (que dice que esta pandemia no es más que una gripita) y, con cierto disimulo, Trump, que declaró que 200.000 muertos sería una cifra que mostraría que su gobierno habría trabajado bien en Estados Unidos. La presión que está realizando Trump a los Estados de la nación para continuar con la actividad productiva y comercial y la carencia de un sistema de salud que proteja a toda la población puede hacer que se sobrepase ampliamente esa cifra. Más aún teniendo en cuenta que en Estados Unidos, la protección sanitaria depende del empleo y que muchos millones de trabajadoras y trabajadores están perdiendo el empleo, por lo que van a perder dicha protección. Para tratar de escabullir su responsabilidad, Trump atribuye la responsabilidad a China, contradiciendo a la gran mayoría de la comunidad científica que rechaza el surgimiento del virus en un laboratorio (sea chino o estadounidense, que de todo se ha oído). A pesar de haber experimentado una gran catástrofe sanitaria, la posición darwinista ha sido de alguna forma defendida por el gobierno de la Comunidad de Madrid y otros dirigentes del PP.
El Gobierno Vasco optó por una alternativa mixta de las estrategias primera y tercera (atenuada): confinamiento forzado de la población durante los primeros meses de la pandemia conforme a las reglas establecidas por el Estado español (primera), combinado con la presión para el mantenimiento muy amplio de la actividad económica, que es un elemento clave para la extensión de la pandemia (tercera). El peso de la izquierda social y política y el sentimiento de solidaridad colectiva que impregna a buena parte de la sociedad vasca han dificultado que las instituciones políticas defiendan una posición liberal-darwinista. Por otra parte, tras la promulgación del estado de alarma y hasta la finalización del mismo, la mayoría de las decisiones sobre la pandemia han correspondido al gobierno español, por lo que durante ese período la actuación política del gobierno vasco se ha producido bajo la forma de presión y condicionamiento a las prórrogas del estado de alarma.
El PNV y el Gobierno Vasco se opusieron a la paralización de las actividades no esenciales que acordó, tardíamente, el gobierno español durante dos semanas. Esa decisión estuvo motivada por el colapso de los hospitales, especialmente las UCIs, en algunas comunidades autónomas, que exigía la parada cuasi general de la producción para frenar la propagación de la pandemia. La posición del gobierno vasco se basó en dos elementos: 1) el riesgo de hibernación industrial y de coma económico y la necesidad de mantener la actividad para lograr una mejor recuperación económica cuando finalice la crisis sanitaria y 2) la posibilidad de garantizar la salud en los puestos de trabajo.
El discurso del Lehendakari Urkullu y de la Consejera de Economía Arantxa Tapia para justificar esa política ha sido de un extremo cinismo, ya que no es creíble que creyesen lo que decían: “la salud y la economía no son incompatibles” y «se ha planteado un falso dilema” que contrapone el empleo a la salud (declaraciones del portavoz Erkoreka). Esta afirmación se contradice con lo que estaba ocurriendo a escala internacional: a pesar de la oposición de las patronales y de la reticencia de los gobiernos, según un informe de la OIT del 29 de abril, las medidas de paralización total o parcial, que obviamente responden a la necesidad de proteger la salud y la vida, llegaron a afectar a 2.700 millones de trabajadores, equivalentes al 81% aproximado de la fuerza de trabajo mundial, que se redujo al 68% tras la vuelta a la actividad en China. Esa generalización de la parada económica muestra la inconsistencia de los argumentos sobre el no quedar en peor situación comparativa que otros países y no perder los pedidos.
El PNV ha mostrado la prioridad que concede a la actividad productiva y a los beneficios empresariales que la acompañan, por antiecológica e insostenible que pueda ser, en relación con la salud y la vida. La pretendida compatibilidad armoniosa entre el mantenimiento de la actividad económica y la salud contrasta con el rigorismo del confinamiento de las personas en las viviendas, que aunque fue acordada por el gobierno español no fue objeto de petición de suavización por el gobierno vasco. La Ertzaintza hizo cumplir de forma estricta las reglas del confinamiento, incluso cuando las conductas de la población no representasen riesgo sanitario significativo, y utilizó en algunos casos un trato discriminatorio y represivo a la población inmigrante racializada. Como han denunciado grupos sociales y vecinales, el confinamiento se convirtió en el barrio de San Francisco[2] de Bilbao en un verdadero estado policial, con desfiles y con espacios tomados y controles diarios en sus calles por parte de la Ertzaintza y de la Policía Municipal, como no se han dado en ningún otro lugar. Así mismo, se han observado numerosas vulneraciones de los derechos humanos de las personas, paradas de carácter racista, uso desproporcionado de la violencia y criminalización de quienes desde la solidaridad han denunciado dichas actuaciones. Esta situación, hizo que un grupo de conocidos representantes del ámbito de la cultura, la universidad y los movimientos sociales llamasen la atención sobre esta situación (Ecuador Etxea).
Hasta el 12 de mayo, la Policía Municipal impuso en Bilbao 3400 denuncias por incumplimiento del estado de alarma, de ellas, cerca de 900 en el Distrito 5 y, dentro de este, especialmente en San Francisco y barrios aledaños (en Abando no llegaron a 500) (D. Albin). Por otra parte, la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, señaló que entre el 1 de enero y 15 de abril, la Comisaría de Bilbao de la Ertzaintza realizó un total de 362 propuestas de sanción sólo en el barrio de San Francisco (Naiz). Estos hechos fueron denunciados por Amnistía Internacional, en particular la detención y maltrato de una mujer y su hijo en la calle de San Francisco el 29 de marzo.
Los servicios sociales, a pesar de ser declarados como esenciales, no atendieron presencialmente y fueron desbordados por la situación, siendo sustituidos, en muchos casos, por organizaciones del Tercer Sector Social. Cientos de personas sin hogar (la situación ha revelado que sólo en Bilbao había más del doble de personas que se tenían contabilizadas sin hogar –cerca de 800-) fueron confinadas en polideportivos. Se ha mostrado la ineficacia de los servicios públicos y de las redes oficiales de voluntariado (Denon Artean) para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y, debido a ello, el potente papel de movilización solidaria y apoyo mutuo que han ejercido las redes de cuidados ciudadanas en los barrios (denostadas en muchos casos por las propias instituciones).
En Euskal Herria la exigencia de cierre total de toda la actividad no esencial fue planteada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos y por la mayoría sindical. Tras la aprobación del Decreto-ley de 29 de marzo, que ordenaba la paralización de las actividades económicas e industriales no consideradas esenciales hasta el 9 de abril, los gobiernos vasco y navarro lograron del gobierno español la aprobación de unas “notas aclaratorias” al Decreto que “flexibilizaban” el mismo, posibilitando la prestación de servicios no esenciales. El gobierno vasco se unió a la patronal vasca y española para que la paralización no continuase a partir del 9 de abril, a pesar de las advertencias de numerosos epidemiólogos del riesgo que suponía la rápida vuelta al trabajo, como se analizaba aquí. Durante el período de paralización se mantuvo una actividad productiva que excedía abiertamente de lo autorizado, incluso tras las citadas “notas”. La limitación temporal de la paralización no se acordó, contrariamente a las declaraciones oficiales, “conforme al criterio de los científicos”, sino por las presiones de la patronal, como reconoció la candidata a Lehendakari por Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi en una entrevista en la que agregaba que el PNV utilizaba “un tono mafiosillo para hacer ver que el Ejecutivo central depende de sus votos para mantener viva la legislatura y para aprobar los Presupuestos”.
También hay que subrayar la posición de rechazo a la continuidad de la actividad que se expresó por las plantillas de varias grandes empresas, siendo reseñable el caso de la Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz, donde la actitud combativa del comité de empresa para frenar la extensión de los contagios logró imponerse a la dirección que quería mantener la actividad a toda costa. Más de 1.600 sanitarias vascas realizaron una petición firmada al Gobierno Vasco para la paralización de las actividades no esenciales, con el objetivo de reducir la presión sobre el sector hospitalario. Tras la reanudación de la actividad no esencial, la mayoría sindical denunció que no se inspeccionaban las condiciones de seguridad y presentó varias denuncias, especialmente en los sectores más expuestos al contagio, como los de residencias y atención domiciliaria. Todo ello ha puesto de relieve que las instituciones públicas no han presentado denuncias contra empresas por incumplimiento de las medidas de seguridad. La escasez de test realizados a las personas con síntomas leves o asintomáticas y la carencia de información desglosada durante el estado de alarma sobre los orígenes de los contagios, no ha permitido saber en qué medida esa pronta vuelta al trabajo ha contribuido al mantenimiento de un número importante de contagios. Según un reciente estudio del Instituto Carlos III sobre los contagios producidos a partir del 10 de mayo, en el conjunto del Estado, en el 37% de los casos se desconoce el origen de los mismos, un 25% se han producido en el domicilio, el 12,1% en centros socio-sanitarios (residencias), el 6,1% en centros sanitarios y el 12,1% en el trabajo, porcentaje no desdeñable si se tiene en cuenta el citado correspondiente a los casos desconocidos. La aparición de tres nuevos casos en la empresa Mercedes de Vitoria, hecha pública el 25 de julio, muestra que se mantiene el riesgo de contagio en los centros de trabajo.
Como explica el médico del trabajo navarro Iñaki Moreno, en el Estado español la actividad preventiva está externalizada mediante los Servicios de Prevención Ajenos y da lugar a una dejación de responsabilidades preventivas de las empresas, que se atienden mediante documentos estándares para responder a las inspecciones, sin estudiar y adoptar de forma precisa e individualizada las medidas organizativas y técnicas necesarias para el tratamiento de la pandemia.
Insuficiencias radicales en la respuesta a la pandemia
Aunque durante el mes de mayo mejoró la situación, como se demuestra por la importante reducción porcentual de los positivos a quienes se realizaron test, sigue habiendo importantes problemas. Durante un período, un porcentaje elevado de los test PCR realizados fueron acompañados de hospitalización. Como señalaba Beñat Zaldua, ello se debió a que, conforme a un protocolo de Osakidetza, esos test se realizaban a personas con fuertes síntomas y no a sintomáticos leves o asintomáticos, que sin embargo son un factor importante de propagación de la pandemia. Los test deberían haberse realizado a los sintomáticos leves y a quienes hubiesen estado en contacto con quienes hubieran dado positivo, lo que exigía realizar una labor de seguimiento de los contactos que los epidemiólogos consideran que era de gran importancia para aislar a las personas contagiadas. Ello se ha hecho muy tardíamente y con plantillas insuficientes. El tamaño de los equipos de rastreo, 180 personas de enfermería a mediados de julio, es muy insuficiente según los estándares internacionales. También es básica su realización para quienes ingresan en lugares de especial riesgo como residencias y hospitales. Los importantes rebrotes que han tenido lugar en los hospitales de Txagorritxu en Vitoria y Basurto en Bilbao se han debido a esa carencia, que solo se ha remediado posteriormente. En lugar de reconocer los fallos de forma autocrítica, el Lehendakari Urkullu declaró que se estaba produciendo una “distorsión en la interpretación pública” de los focos y que la evolución de la pandemia era “positiva”. Y lo decía mientras durante la segunda semana de junio se mantenía una tasa de la llamada R0 por encima de 1, situación que ha empeorado a mediados de julio y que se interpreta como un indicador de que la cadena de contagios se encuentra en expansión y el número de hospitalizados por la Covid 19 es elevado (160). Como resultado de estas debilidades se están empezando a extender los contagios no identificados de otros anteriores, la llamada transmisión comunitaria, cuyo porcentaje en la CAPV es del 11,9%; el número de contactos identificados por caso es sólo de 4, como la media del Estado (Instituto Carlos III, Tabla 6), mientras que en Corea es de 11. Teniendo en cuenta el plazo de aparición de la enfermedad es posible que aumente el número de personas que requerirán hospitalización en las próximas semanas, mientras que parte de la plantilla de Osakidetza está de vacaciones, en gran parte sin sustituciones. A la vezque los contagios se extienden, especialmente en Gipuzkoa que hasta entonces era el territorio que menos había sufrido la pandemia, el Departamento de Salud ha acordado restringir la información, no facilitando más que una vez por semana el índice R0, clave para conocer la evolución de la pandemia.
Además de necesaria, la práctica generalizada de esos test PCR era y es posible y… barata. Habría bastado con que el Gobierno Vasco hubiese aceptado desde el primer momento la oferta del grupo de investigadores de la UPV/EHU y centros tecnológicos de poner a trabajar para la realización de esos test a los diversos laboratorios de la CAPV con capacidad para ello, que al no requerir kits son rápidos y baratos (16 euros, frente a los 1.600 que cuesta un día de hospitalización en una UVI). Tras múltiples pretextos dilatorios, cuando se firmó el acuerdo parlamentario el 17 de abril, el PNV se negó a dar trascendencia clínica a esos test con argumentos inconsistentes, como que los de la UPV-EHU no son laboratorios acreditados para hacer diagnósticos clínicos, lo que contrasta con el reconocimiento de otras comunidades autónomas a laboratorios similares.
La posición reticente del Gobierno Vasco a impulsar esos test, que fueron reconocidos como muy útiles e innovadores por responsables del Instituto Carlos III, solo se puede explicar por su negativa a que la investigación científica sea prolongada con la gestión pública de sus resultados en detrimento de los partenariados público-privados de los que el gobierno vasco es muy partidario. En no pocos casos en beneficio de empresas amigas. Ello se ha unido a una inaceptable presión a las y los investigadores para que permaneciesen en silencio, lo que además del rechazo al ninguneo a la universidad pública vasca ha sido uno de los elementos de la crítica a la posición del gobierno en un manifiesto firmado por más de mil profesoras y profesores de la UP/EHU, entre ellos un ex-rector. Para no reconocer la carencia de la CAPV en la provisión de elementos de protección como las mascarillas se optó inicialmente por negar la evidencia de su utilidad, posición compartida con el gobierno español.
Otro elemento que explica la amplitud de la pandemia es el deterioro en la dedicación de recursos públicos a la salud: entre 2010 y 2020, mientras que la población ha envejecido[3] y con ello la exigencia de prestaciones sanitarias ha aumentado, el gasto dedicado a la salud ha permanecido constante, incluso bajando alguna décima en proporción al PIB. En el 2019 equivalía al 8,8% del PIB, una décima menos que el Estado español y el gasto público es del 6%, varias décimas inferior a la media estatal. La financiación pública se limita al 70% y el resto es privada, cuya parte ha aumentado en cinco puntos desde el 2009. Así, el número de médicos por 1.000 habitantes es de 4,2 en Alemania y de 5,4 en Portugal, mientras que en el Estado español es de 3,9 y la CAPV se encuentra en cuarto puesto entre las comunidades autónomas del Estado. En personal de enfermería la CAPV tiene 7,09 por 1.000 habitantes, frente a una media de 8,11 en la UE. Tampoco es bueno el índice de camas hospitalarias, muy importantes en las pandemias: la CAPV ocupa el sexto puesto entre las comunidades del Estado en el total de camas y el séptimo en las pertenecientes a los servicios públicos de salud.
La desprotección de las trabajadoras y trabajadores sanitarios
Osakidetza no ha garantizado la salud de su plantilla, lo que ha dado lugar a que más del 15% de la misma ha estado contagiada (3.005 trabajadores y trabajadoras a mediados de junio, de los que 820 no estaban recuperados) y que represente al 20% del total de los contagiados, el porcentaje más elevado de la Unión Europea, como del conjunto del Estado español. Según el sindicato ESK, hasta inicios de mayo habría habido 821 bajas laborales por la Covid-19, de los que casi 400 fueron en el Hospital de Cruces. Solo muy tardíamente, y con insuficiencias, se ha dotado a las plantillas de los elementos de protección necesarios (mascarillas, EPIs, etc.).
También ordenaba la vuelta al trabajo del personal contagiado al de una semana sin síntomas, pero no realizaba test previos para la vuelta, con el riesgo que conllevaba para ellos y ellas y sus compañeras de trabajo. Ha tardado semanas y semanas en realizar test a la totalidad de la plantilla, y cuando, tardíamente, lo hizo, para la mayoría fue inicialmente de tipo serológico, que tienen una fiabilidad de solo el 60% y que, además, pueden dar negativos si se han desarrollado anticuerpos en los 15 días previos al análisis. Además de tardíos e insuficientes, tal como están previstos dan una fotografía en un momento dado pero no contempla la realización periódica de los test más fiables, los PCR.
La realización de estos test, además de necesaria para el personal sanitario y sociosanitario, es obligatoria legalmente conforme a las obligaciones preventivas que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Eso ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que en respuesta a una solicitud de ELA requirió a Osakidetza para que, “con carácter urgente e inmediato”, dotase a su plantilla de materia de protección suficiente y adecuado, lo que no cumplió íntegramente pasado un mes de la resolución. La sentencia del TSJ de 3/7/2020 estimaba una denuncia del sindicato ESK, declarando que el Gobierno Vasco (TSJ) ha incumplido las obligaciones preventivas a sus trabajadoras que fija la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como a pesar de ello la sentencia no condena a indemnizar a los trabajadores afectados, la dirección de Osakidetza ha declarado que la valora “positivamente”. En la misma sentencia se recoge que se han practicado un número importante de test PCR y serológicos, pero destaca que “lo que tampoco puede ignorarse es que, tras una insuficiencia previa, las medidas en este aspecto han sido adoptadas a raíz de las medidas cautelarísimas acordadas por… esta sala”. A pesar de esa valoración, el 16 de julio Osakidetza ha declarado que va a recurrir la sentencia, lo que ha merecido una denuncia de ESK de la “actitud manipuladora del Gobierno Vasco y del PNV”.
El desastre en las residencias
En numerosos Estados la mortalidad ha sido especialmente elevada en las residencias. También han sido otro punto negro en la gestión contra la pandemia en el Estado español y en la CAPV. Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, habrían fallecido en residencias 19.645 personas, cifra equivalente al 69,1%% del total de fallecidos notificados oficialmente, de los que 630 corresponden a la CAPV, que equivalen al 40,3% de los fallecidos. Las Diputaciones Forales, especialmente la de Bizkaia, que gestionan este servicio en la CAPV, han mantenido una política informativa opaca, negándose a proporcionar información regular que se les ha pedido por las organizaciones de familiares y solidarias de las personas afectadas y por el movimiento pensionista, con el absurdo argumento de la privacidad, que para nada se ve afectada por la publicación de datos globales. El porcentaje de hospitalizados provenientes de las residencias (18%), ha sido más bajo que de otras personas enfermas (31%), diferencia aún mayor entre quienes han ingresado en las UCI (2% frente al 10%), lo que permite deducir un tratamiento discriminatorio sobre las primeras. Especialmente grave es que, como ha denunciado el movimiento vasco de pensionistas, mientras que muchas personas mayores contagiadas no fueron atendidas por estar los hospitales saturados, otras personas con seguros privados fueron trasladadas desde sus residencias privadas a hospitales públicos.
María Fernández ha relacionado como factores que han incidido en esa mortalidad, el tamaño y diseño de las residencias, la calidad de la atención (relacionada con la ratio de profesionales por número de residentes, su formación y salarios), la adopción de medidas rápidas y adecuadas cuando se apuntó el riesgo y su capacidad de comprar equipos de protección y test. La inversión en la gestión de estos centros ha aportado rentabilidades muy altas y ha atraído a fondos buitres y a empresas multinacionales, estimuladas por una demanda asegurada dado el aumento de personas dependientes, la no necesidad de realizar inversiones cuantiosas, la posibilidad de pagar salarios muy bajos a un personal mayormente feminizado y las carencias de la inspección pública sobre el tamaño de las plantillas, la formación de las trabajadoras, la adecuación de las instalaciones, etc.
Las citadas características se han dado en alto grado en las residencias de la CAPV, cuyo personal se ha visto obligado a luchas de gran duración en Bizkaia y Gipuzkoa (ésta todavía no finalizada) para dignificar sus condiciones. Según información recopilada por el Movimiento de Pensionistas, en la CAPV hay más de 20.000 plazas residenciales, de las que el 70% son gestionadas por 314 residencias privadas. Un 15% de las mismas podrían tener vínculos con grupos económicos y políticos vascos. Según un informe del movimiento de pensionistas en base a la Guía de Residencias elaborada por la Diputación en 2020, en Bizkaia, entre las puramente privadas y las concertadas, alcanzan el 90%. La prestación más frecuente en la protección contra la dependencia es la “Prestación económica para el cuidado en el entorno familiar”, que impulsa la dedicación a las actividades de cuidado a un gran número de mujeres, a cambio de una prestación económica de cuantía muy reducida. En no pocos casos las familias a las que se reconoce esa prestación contratan con ese dinero a una trabajadora externa, frecuentemente inmigrante. A quienes teniendo reconocido el derecho a una plaza residencial, la insuficiencia de las plazas residenciales públicas y concertadas da lugar a que se les reconozca la “Prestación Vinculada al Servicio”, por una cuantía comprendida entre 400 y 800 euros… que deben complementar a su costa para ingresar en una residencia privada.
Otro sector complementario en la protección de las personas dependientes es el de las auxiliares domiciliarias, también sujetas a subcontratación y cuyas condiciones laborales son frecuentemente aún peores por estar contratadas a tiempo parcial. También ellas llevan varios años de movilizaciones y huelgas. Los sindicatos ELA, LAB, UGT y USO, en un llamamiento a cuatro jornadas de huelgas y paros parciales que tuvieron lugar en noviembre de 2019, denunciaban que los Ayuntamientos habían optado “mayoritariamente” por un modelo de gestión privada que, mediante concursos públicos, “deja en manos de mercantiles con escasa solvencia social un servicio fundamental”.
En el caso vasco, la elevada financiación pública (de hasta el 90%) de los gastos de las residencias concertadas permite a las empresas que las gestionan elevados beneficios con riesgos mínimos, más aún cuando las diputaciones no han controlado que se proveyese a las trabajadoras del material preventivo necesario, lo que ha dado lugar a varias denuncias judiciales. En varias de estas residencias gestionadas por la multinacional DomusVi ha habido un elevado número de personas muertas y contagiadas, con una gestión oscurantista que alarmó a los Ayuntamientos: por ej. 14 muertas en la de Galdakao-Aperribai hasta el 9 de abril y 8 en la de Balmaseda-Las Laceras hasta el 2 de abril (y bastantes más con posterioridad). En algunos casos la generosidad de las plantillas, al recluirse durante semanas en las residencias, frenó los contagios. Esta catástrofe humanitaria está dando lugar a reclamaciones judiciales de las familiares y allegadas a las muertas.
También en las residencias la pandemia ha afectado de forma diferenciada según la clase social: la gente de mayores rentas y patrimonios ha tenido la opción de permanecer en sus viviendas, en general más cómodas, y ser atendida por varias trabajadoras de hogar y, si opta por estar en residencias, va a las mejor dotadas. Las residentes de las clases populares se encuentran en residencias de habitaciones compartidas y con espacios comunes reducidos en los que las personas internas se amontonan, lo que unido a la desprotección sanitaria ha favorecido la propagación de la pandemia.
¿Por qué la insistencia en las elecciones en julio?
El condicionamiento por el PNV en la votación favorable a la prórroga del estado de urgencia el 6 de mayo a la posibilidad de realizar elecciones al Parlamento Vasco en julio se explica por la tentativa de dificultar el debate público sobre la gestión de la pandemia y sobre otros elementos recientes de la gestión del gobierno vasco, como el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Mientras que el PNV justificó esas fechas por la posibilidad de una nueva oleada en el otoño, insistió en la necesidad de profundizar una “desescalada” basada en levantar cuanto antes los límites a la actividad económica.
Ello ocurrió mientras que la política centralizadora del gobierno español y las limitaciones de sus medidas de respuesta a las consecuencias laborales y sociales de la pandemia le ha restado el apoyo de ERC y, por lo tanto, ha dado lugar a una mayor dependencia del PNV (y paradójicamente de Ciudadanos, “bestia negra” del PNV), que aprovechó para obtener esa concesión del gobierno. El PNV también consigue que el Partido Socialista de Euskadi, socio en el gobierno vasco, no se haya desmarcado de sus decisiones en materias tales como los test de la UPV/EHU y la reanudación a ultranza de la actividad productiva.
Cuando la CAPV pasó a la “fase una” de la “desescalada”, el Gobierno Vasco decidió aplicar una limitación mayor a la movilidad, manteniendo el límite no en la provincia sino en el municipio, pero si autorizando la apertura de terrazas de los bares. Parece claro que el PNV presionó al gobierno español para que toda la CAPV pasase a la fase 1, a pesar de las dudas que suscitaba la situación en Bizkaia, a fin de poder convocar elecciones en julio. Por otra parte, ha utilizado las posibilidades que le concede la normativa estatal para la actividad productiva, comercial y hostelera, tratando que el riesgo de nuevos contagios derivada de las mismas se compensase con una limitación prolongada de la movilidad. Esa política de favorecer la actividad comercial y de ocio se ha mantenido posteriormente, mientras que desaparecía el control del incumplimiento de las normas de seguridad (números máximos, mascarillas y otras), girando bruscamente del control autoritario de la movilidad mediante la Ertzaintza hacia un relajamiento de las medidas de vigilancia. Ello se combinó con una aceleración de la movilidad hacia otras comunidades autónomas (Cantabria) motivada explícitamente en favorecer el acceso a las segundas residencias, probablemente debido a la voluntad de mantener a ese electorado “contento” en vísperas de las elecciones. En resumen, una combinación de primacía de “lo económico” a corto plazo y de intereses electorales, que ha favorecido nuevos rebrotes.
Una vez pasadas las elecciones se han adoptado medidas de limitación de los aforos, de obligatoriedad de las mascarillas, etc., que se debieran haber tomado antes. La radicalidad de la obligación generalizada de las mascarillas, incluso en zonas alejadas de espacios habitados, contrasta con la permisividad en los centros de trabajo, donde no es obligatoria, salvo que esté establecida en un plan de prevención.
*Este texto es una versión corregida y actualizada del publicado en Eskola Publikoa, nº 51, del sindicato Steilas.
Notas:
[1] Entre los muchos artículos publicados en castellano sobre las raíces de esta pandemia y su entronque en el funcionamiento capitalista se puede señalar el de Rob Wallace y otros, “COVID-19 y los circuitos del capital”.
[2] San Francisco, es uno de los barrios de Bilbao que históricamente ha soportado los indicadores más altos relacionados con la pobreza y la exclusión social. Si la renta media disponible per cápita de Bilbao es de 21.245 €, siendo la mayor la del barrio de Abando con 35.944 €, la de San Francisco es de 13.637 € (Fuente: EUSTAT: Renta familiar media de la C.A. de Euskadi por barrio de residencia de las capitales, según tipo de renta, 2017). Actualmente está caracterizado por ser uno de los barrios más multiculturales de todo Euskal Herria.
[3] En la actualidad, según la Memoria del CES del País Vasco de 2018, en la CAPV el porcentaje de las personas de 65 años o más en relación con la población total era en el 2017 del 19% frente al 11% en 1981. En ese mismo intervalo los menores de 15 años han pasado del 26% al 15%.
https://vientosur.info/la-respuesta-del-gobierno-vasco-a-la-pandemia/
