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El pasado lunes 22 de junio se reunió la comisión de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo tras la pandemia del covid19, con el objetivo de iniciar su actividad para acordar las recomendaciones que orienten al Gobierno en la reforma de la Ley de la Seguridad Social.
En la reunión se planteó retomar el marco de acuerdo que quedó roto en 2019 y para ello el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá insistió en las medidas que ha venido planteando: necesidad de igualar la edad efectiva -poniendo trabas de todo tipo a las jubilaciones anticipadas- a la edad legal de jubilación, desarrollar los sistemas privados complementarios (EPSVs), aumentar los años requeridos para el cálculo de la pensión, etc.
Justifican estas medidas apelando a las exigencias que según prevén pondrá la Comisión Europea para la concesión de los créditos y transferencias que estiman necesarias para la superación de la crisis y son la excusa para mantener en vigor las reformas del 2011 y 2013, que están deteriorando las pensiones públicas.
El aumento de la edad de jubilación no genera nuevas cotizaciones y es un freno para la incorporación de la gente joven al empleo; endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada conseguirá que muchas personas que hoy podrían estar en esa situación pasen a depender de las prestaciones de desempleo cuando ya han generado derecho al 100% de su pensión contributiva.
Para el grueso del Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria el punto de partida de la reunión y el del propio Pacto de Toledo es profundamente equivocado. No se trata de tomar medidas para reducir los costes del sistema, se trata, al contrario, desde criterios democráticos y de justicia social de garantizar a las personas unas condiciones de vida dignas tanto en su etapa laboral como tras ella.
Y para ello hay que garantizar el Sistema Público de Pensiones, mediante políticas de creación de empleo de calidad y en caso necesario por medio de transferencias de los presupuestos públicos.
Convocar el Pacto de Toledo y el Diálogo Social sin haber derogado las reformas laborales y de pensiones, mejorando en salarios y la pensión mínima, eliminando la brecha de género y garantizando el Sistema Público de Pensiones es un fraude que pretende posponer nuestras demandas y sembrar falsas esperanzas.
El movimiento de pensionistas teme que van a tener que apretar fuerte para que sus demandas sean atendidas y tendrán que buscar la colaboración y el apoyo con las y los trabajadores y otros sectores populares para la incrementar la movilización y, así, defender unos intereses comunes, que pueden ser aún más agredidos por las recomendaciones del Pacto de Toledo o de los acuerdos del Diálogo Social.
