La Verdad, Justicia y Reparación no se cumplen en este informe de la Comisión que se constituyó formalmente el 20 de julio de 2012, en cumplimiento del Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En cuanto a la verdad el libro de Pedro Ibarra; Memoria del antifranquismo en el País Vasco (de 1966 a 1076), que recuerda los años de la lucha social y política contra la dictadura, cuantifica y se da el nombre y dos apellido de 4.000 las personas de Bizkaia que pasaron por su despacho, porque se entregaron a la causa antifranquista y fueron encausadas. La inmensa mayoría pasó o bien por la comisaría de Indautxu o por los distintos cuartelillos de la Guardia Civil, donde sufrieron malos modos, malos tratros, tortura físca y sicológica, con más o menos secuelas.
En cuanto a la justicia, ningún político franquista y ningún torturador responsable de vulneración de los derechos humanos, ha sido encausado, es más hoy el ex-ministro franquista Rodolfo Martín Villa, ha sido condecorado por el Rey en las Cortes Generales, por el 40ª aniversario de las primeras elecciones, cuando pesa sobre él una orden de busca y captura internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los sucesos de Vitoria de 1976 que el Estado ha decidido no aplicar.
En cuanto a la reparación La Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1960-1978 reconoce 34 personas fallecidas ( Asesinadas) por disparos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En 15 casos, las personas murieron por disparos de la Guardia Civil o la Policía Armada durante la disolución de alguna manifestación. En tres casos, las personas murieron por disparos de la Guardia Civil durante un control policial en la carretera, durante la noche. En cuatro casos, las personas murieron por disparos de de las Fuerzas de Orden Público como consecuencia de alguna discusión particular u otras situaciones de conflicto.
En cinco casos, las personas murieron por disparos de las Fuerzas de Orden Público mientras se encontraban realizando actividades de la vida cotidiana. En dos casos, las personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas en un Consejo de Guerra sin debidas garantías de defensa en los últimos días del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975. En tres casos las personas murieron al ser afectadas por disparos de arma de fuego al quedar atrapadas durante acciones de persecución contra miembros de ETA o de Comandos Autónomos en los que se usaron dichas armas por parte de la Guardia Civil.
En un caso, un niño de 14 años murió tras una persecución policial debido a una crisis cardiaca. En otro caso la persona fue golpeada en una manifestación, ajena a la misma y con su hija de 3 años de la mano, y días después, cuando salía de poner una denuncia en el Juzgado, fue coaccionada por agentes de paisano, quienes le forzaron a beber grandes cantidades de coñac y aceite de ricino provocándole la muerte días después.
16 personas sufrieron agresiones que dejaron secuelas como consecuencia del uso por parte de la Policía Armada o la Guardia Civil, de porras, botes de humo o pelotas de goma durante manifestaciones. 66 Personas fueron heridas por armas de fuego o balas de goma. De los 66 casos, la gran mayoría, el 83,3% (55 personas) fueron heridas de bala. 72 Casos de malos tratos y tortura, con 14 con lesiones físicas permanentes. 2 casos de violencia sexual contra mujeres, aunque varias sufrieron tocamientos y también algunos hombres sufrieron tortura sexual. Por último 24 casos fueron desestimados por que la solicitud fue presentada fuera del plazo fijado por el Decreto 107/2012.
Estos casos han pasado una valoración de violaciones de derechos humanos donde se han utilizado tres elementos probatorios, que son: 1) el testimonio, en este caso de la víctima directa o familiares, y/o testimonios de testigos, 2) la prueba documental de los hechos y 3) la prueba técnica.
Ahora bien cómo se puede probar y medir el sufrimiento de miles de personas antifranquistas que fueron detenidas por un estado autoritario y totalitario. Cómo se puede medir el sufrimiento de las familias de las víctimas.
El actual régimen monárquico impuesto por la dictadura franquista no es más que una democracia de pésima calidad, producto de un pacto de estado bajo la tutela de los militares franquistas, donde se decretó el 15 de Octubre de 1977 una Ley de Amnistía donde fundamentalmente se amnistío a políticos, militares y policías franquistas. La verdad, la justicia y la reparación está aún por llegar. Basta ya de blanquear al franquismo y de víctimas de primera categoría y de segunda.
Se puede ver el informe “Saliendo del olvido” en: http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9855/INFORME_saliendo_del_olvido.pdf
