Las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) declara ilegales los acuerdos UE-Marruecos que incluían los recursos de los territorios ocupados. El gobierno del PSOE y UP trabaja para que el Consejo de la UE presente un recurso en el TJUE y que, mientras resuelve, el expolio del que participan más de 100 empresas españolas pueda continuar.
Este miércoles se conocía el fallo del Tribunal General de la Unión Europea que declaraba ilegales los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la UE y Marruecos, firmados a comienzos de 2019, que incluían los recursos expoliados en el Sáhara Occidental.
En dos sentencias el alto tribunal daba así la razón a la demanda interpuesta por el Frente Polisario. Sin embargo, esta victoria en los tribunales no es definitiva. Se deja un margen de 2 meses para que estos acuerdos se sigan aplicando y, lo más importante, en caso de recurso de parte de la UE se mantendrían vigentes hasta una resolución definitiva del Tribunal de Justicia de la UE.
En los acuerdos impugnados se amplío el concepto de “productos originarios” de Marruecos, que reciben un tratamiento arancelario preferente, a los productos agrícolas y pesqueros obtenidos en el Sáhara Occidental y sus costas. Una decisión que suponía un reconocimiento implícito del régimen de ocupación impuesto desde 1975 tras el acuerdo entre las monarquías marroquí y española.
El Estado español, como antigua potencia colonizadora de este territorio, se ha seguido beneficiando del expolio de los recursos naturales y económicos del pueblo saharaui en todas estas décadas. Muy especialmente de los recursos pesqueros de sus costas. De los 128 buques europeos que faenan en sus caladeros, 92 son españoles.
Mucho del pulpo, las gambas y otros productos del mar que se envasan y venden en el Estado español son parte del expolio que mantiene a todo un pueblo dividido entre la vida bajo el régimen de ocupación, el exilio en los campamentos de refugiados de Argelia y la diáspora de miles de ellos en Europa y algunos países latinoamericanos.
El gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha mantenido la misma política exterior respecto al Sáhara Occidental que todos los gobiernos de la democracia del 78. Un reconocimiento en los hechos de la ocupación de la dictadura marroquí para poder seguir participando del expolio. Ahora se prepara para ponerse a la cabeza de la ofensiva judicial de la UE para que estos acuerdos permanezcan vigentes y el fallo del Tribunal de Justicia de la UE sea favorable a ellos.
Las primeras reacciones del llamado gobierno “progresista” han sido para reafirmar las relaciones entre ambos Estados y sus acuerdos económicos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado que el régimen marroquí es un aliado “estratégico” con el que “nos unen vínculos de amistad y cooperación. En ese sentido, hemos defendido siempre la relación entre Marruecos y la UE”. Todo un respaldo a los acuerdos.
El diario El País informaba ayer que el gobierno estaría trabajando para que el Consejo de la UE utilice la moratoria de dos meses para presentar el recurso que suspendería cautelarmente la anulación de los acuerdos hasta la sentencia definitiva.
Por su parte el Alto Representante de Política Exterior de la UE, el dirigente del PSOE Josep Borrell, realizó una declaración conjunta con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, asegurando que tomarían “las medidas necesarias para asegurar el marco legal que garantice la continuación y estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Continuaremos trabajando para desarrollar el múltiples dimensiones de esta alianza estratégica, en el mismo espíritu de movilización, coherencia y solidaridad” .
El gobierno español viene desplegando en el Magreb una buena parte de sus iniciativas imperialistas. La estampa más cruda ha sido la del despliegue del Ejército en Ceuta, la reclusión en polideportivos de centenares de menores y las devoluciones en caliente de mayo y en masa de este verano.
Una agenda no exenta de dificultades y contradicciones. A la vez que trabaja para mantener la ocupación y expolio del Sáhara Occidental, la crisis entre Marruecos y Argelia, azuzada también por este conflicto, está llevando a que se incremente la atención sobre este segundo país, del que dependen más de la mitad de las importaciones de gas. Justamente este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares, realizaba su primer viaje oficial a Argelia acompañado de los presidentes de Naturgy, Franscisco Reynés, y de Enagás, Antonio Llardén, para avanzar en los planes un nuevo gaseoducto que traería el gas a Europa sin pasar por el país vecino.
La lucha del pueblo saharaui contra la ocupación y por la autodeterminación de su país ha sido históricamente una de las causas más apoyadas por la izquierda en el Estado español. Hoy vemos como organizaciones como Podemos, IU o el PCE, que se siguen reclamando “amigas del pueblo saharaui”, realizan declaraciones de felicitaciones por la sentencia a la vez que son parte del gobierno que trabaja por revertirla. Un cinismo sin límites que no es más que la constatación de que la integración en el régimen implica, entre otros muchos peajes, el de abandonar en los hechos la solidaridad con su lucha.
En los últimos meses el movimiento de la diáspora saharaui y las decenas de organizaciones solidarias con su causa ha tomado más fuerza, al calor de la reanudación del conflicto armado y la ofensiva del régimen marroquí para consolidar su ocupación. Fortalecer estas movilizaciones y apuntar a nuestro propio Estado y gobierno imperialista de turno, es el mejor camino para ayudar a que efectivamente su lucha contra la ocupación, hermanada con la del resto de sectores populares y trabajadores bajo el yugo de Mohamed VI, logre tumbar la dictadura, conquistar la independencia y abra el camino a repúblicas de los trabajadores y los pueblos en todo el Magreb.
